¿Y qué dicen Rubalcaba, Chaves y Griñán del escándalo de los ERE?

Mientras los socialistas se llenan la boca de improperios e insultos contra el PP por los trajecitos de Camps y los sobres de Bárcenas, el gran escándalo de la corrupción política española de los últimos años ha vuelto al primer plano de la actualidad. Y, sin duda, es de los más graves que hemos conocido.

Porque el dinero destinado a los parados, a los que tanto dice cuidar el PSOE, lo utilizaban algunos miembros de la Junta de Andalucía, con un exconsejero, Javier Guerrero, a la cabeza de la trama, para enriquecerse y emplearlo en juergas con cocaína, comilonas y prostitutas.

Pero la juez Mercedes Alaya, impávida, seria, misteriosa, no ha cejado en aclarar la repugnante corruptela que se produjo durante las presidencias de Chaves y Griñán al frente de la Junta de Andalucía. De momento, empiezan a caer como moscas algunos de los responsables. Cerca de treinta han sido imputados y tres de ellos ya están en la cárcel; el primero el exconsejero, el que parece ser el máximo responsable de la tropelía y un tal Juan Lanzas, de UGT, que ya se sabe el dolor que a los sindicalistas les produce el paro, que está acusado de cobrar 6 millones de euros y que la Guardia Civil encontró debajo de su cama 82.000.

Pero la responsabilidad última, al margen de los imputados, corresponde a los presidentes de la Junta que dicen desconocer el tema, pero que no pueden eludir que eran ellos los que dirigían el Gobierno autonómico responsable de robar el dinero de los parados para que unos cuantos se forraran. La cuestión es: ¿Se irán Chaves y Griñán de rositas? ¿Eludirán su responsabilidad ante este mayúsculo escándalo? ¿Qué dicen?

De momento, dicen no saber nada. Y Rubalcaba, erre que erre, sigue con Bárcenas atacando al PP sin mirar en su propia casa, pero ni una palabra sobre los ERE. Lo más probable, en efecto, es que los máximos responsables se libren. Pero lo ético, por lo menos, sería que Griñán dimitiera como presidente de la Junta y Chaves se quedara en su casa para siempre y fuera inhabilitado para ejercer cualquier cargo político. En cualquier país civilizado y democrático así ocurriría. En España, de momento no. Pues habrá que cambiar la Legislación para que los máximos responsables de la corrupción sean también castigados.