Inseguridad jurídica en Andalucía

El decreto pro escraches que pretende sacar adelante la Junta de Andalucía amenaza con dejar por los suelos la seguridad jurídica en España. De paso, carga de razones a los que ven a la clase política más como un problema que como una solución. En virtud del decreto en cuestión, auspiciado por el Partido Comunista de Andalucía, la Junta podría expropiar aquellas viviendas en riesgo de desahucio. Con ello, los préstamos hipotecarios quedan mermados de su validez jurídica, arrastrando de paso la de notarios y registradores de la propiedad.

Semejante muestra de intervencionismo chavista viene acompañada de sanciones de hasta 9.000 euros para aquellos bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías. Habría, además, un registro de viviendas vacías, todo un menú a la carta para okupas. ¿Y qué sucede, entonces, con los particulares que tienen una vivienda desocupada y no la alquilan, habrá también sanción para ellos?

La demagogia y el populismo inherentes al ejecutivo autonómico de José Antonio Griñán han rebasado esta vez los límites de lo tolerable. Al mismo tiempo, pone en evidencia la necesidad por parte de la administración central de recuperar competencias que nunca debieron de ser transferidas. Y es que el mero hecho de que una administración autonómica ataque un derecho constitucional como es el de la propiedad privada es de una gravedad máxima.