La UE considera que las obras de la M-30 pudieron incumplir normas

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE considera que la tramitación medioambiental de las obras de la M-30 pudo incumplir las normas europeas, si bien precisa que debe ser la justicia española la que lo dictamine.

La jurista cree que el proyecto podría haber necesitado un examen previo de impacto medioambiental similar al de las carreteras interurbanas, a pesar de que no lo afrontó al ser considerado una reforma urbana.

La Abogada General de la Corte con sede en Luxemburgo ha respondido así hoy a una cuestión prejudicial planteada a principios de 2007 por un juzgado madrileño, con el objetivo de esclarecer si la reforma de la M-30 cumplió con la legislación comunitaria tras una denuncia de Ecologistas en Acción.

La opinión de la Abogada, que en la mayoría de los casos anticipa la sentencia definitiva del Tribunal, señala que en determinados casos una obra urbana puede necesitar de los estudios de impacto requeridos por la UE, pese a que la interpretación española de la directiva los limita a las carreteras interurbanas.

En concreto, serían obligatorios en el caso de la construcción en zona urbana de autopistas o vías rápidas, de vías de cuatro o más carriles o cuando una carretera de dos carriles o menos se amplía para tener cuatro o más.

En el caso concreto de la M-30, la Abogada reconoce que se trata de un proyecto de reforma y no de una vía nueva, pero considera que en vista de sus repercusiones medioambientales puede equivaler a la construcción de una nueva carretera.

Además, afirma que en caso de que varios proyectos presentados como obras independientes puedan afectar significativamente al medio ambiente, su impacto se deberá evaluar de forma global y asegura que los posibles efectos positivos de una obra no eliminan la necesidad de evaluar las consecuencias negativas que pueda tener.

Sin embargo, la Abogada señala también que, en principio, "la evaluación reglada del impacto medioambiental puede ser sustituida por medidas equivalentes, siempre que éstas respeten ciertas exigencias mínimas".

Así, considera que el Tribunal de Justicia comunitario "se halla en la imposibilidad" de dictaminar si el Ayuntamiento madrileño cumplió con sus obligaciones.

En 2006, la Comisión Europea emprendió un proceso de infracción contra el proyecto de la M-30 -que implica también a la Comunidad de Madrid en tanto que autoridad ambiental responsable- al entender que no estaba respetando la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental.

Sin embargo, Bruselas archivó el proceso en 2007 tras pactar con las autoridades responsables un calendario para realizar los estudios de impacto obligatorios.

Por el momento, y aunque ha detectado retrasos, la Comisión considera que Madrid está cumpliendo los acuerdos.

Tras la opinión de la Abogada General dada a conocer hoy, los jueces europeos deberán pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid, que trata el litigio entre Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento.

Una vez que tenga el pronunciamiento del la Corte con sede en Luxemburgo, será el tribunal madrileño el encargado de dictar sentencia sobre el caso.