Nuevas políticas contra la crisis

La distancia entre los ciudadanos y las instituciones representativas de la democracia va ensanchándose al mismo ritmo que crece la desesperanza sobre una posible salida de la actual crisis económica y social. Cada día recibimos noticias que contribuyen al desánimo por mucho que queramos mantener una actitud optimista. Ayer el ministro de Economía confirmaba lo que es un clamor en todos los foros económicos nacionales e internacionales: que no hay indicios firmes de una recuperación a la vista en España. No lo dijo de forma tan clara, pero todo el mundo lo entendió. La propia Unión Europea parece dispuesta a rebajar la presión sobre las exigencias de reducción del déficit porque cada vez son más, incluido el FMI y el presidente del Gobierno, los que dicen que sólo con medidas de austeridad no se saldrá de la crisis, que hacen falta políticas de reactivación de la economía y que éstas tienen que venir, necesariamente, del sector público en tanto que no se vea una reanimación del sector privado. Política keynesiana en toda regla, pero con el inconveniente de que hoy ningún país de la Unión puede llevar a cabo este tipo de políticas si no es con el apoyo del Banco Central y del gobierno de la Unión, ni puede acompañarlas con políticas de incremento de la liquidez monetaria como ha aprobado el gobierno japonés recientemente.

Sólo caben políticas importantes de reactivación económica dentro de la Unión a nivel europeo, pues toda política económica de reactivación a nivel nacional será insuficiente y muy difícil de financiar en los mercados internacionales para países como España, Portugal, Grecia, Italia o Irlanda. Los países del euro tienen que comprender que Japón, Estados Unidos y Gran Bretaña han actuado ante la crisis con mayor flexibilidad que ellos y con mejores resultados en los dos últimos casos, aunque bien es cierto que tampoco espectaculares, y está por ver si la nueva política iniciada por el gobierno nipón supone un relanzamiento de su economía, estancada desde hace décadas. El problema de la subida de la inflación no es el único, pero parece que merece la pena tomar algunos riesgos en tanto se prevean los mecanismos para corregirlos, pues las políticas de restricción no parecen llevar a ningún lugar positivo sino más bien mantenernos cerca de la línea del precipicio.

De la crisis deberíamos sacar la enseñanza de que se necesita un enfoque más humano del capitalismo. ¡Que varios años después de estar llevando políticas de ajuste presupuestario en diversos países europeos –las cuales han causado un tremendo sufrimiento en los ciudadanos con menos recursos o que se han visto avocados al paro–, se venga a reconocer que éstas –aunque hayan servido para algo: cuadrar, o intentarlo, algunas cifras macroeconómicas– no son la respuesta adecuada a la crisis, debería hacer reflexionar, y mucho, a los que tienen el poder de tomar decisiones económicas a nivel nacional e internacional! No se trata de poner en cuestión todo el sistema de la economía de libre mercado, el cual ha demostrado hasta la fecha ser el que más riqueza ha creado y el que mejor ha repartido la misma, sino de corregir sus defectos. No podemos pensar ingenuamente que el mercado se organiza “por naturaleza” de forma óptima y genera beneficios que se reparten entre todos en función de sus capacidades. Hay numerosos elementos que distorsionan un mercado ideal, y por eso, frente a lo que piensan algunos neoliberales, el papel del Estado y de las instituciones internacionales es fundamental a la hora de corregir los defectos del mercado. La falta de controles en el sistema financiero, por ejemplo, permitió la construcción de varios tipos de productos que han originado graves problemas a la economía mundial. Desde hace tiempo defiendo en estas columnas la necesidad de que se tomen medidas a nivel internacional para separar lo más radicalmente posible –y entiendo que no es fácil– la economía productiva y la economía financiera meramente especulativa.

Para afrontar la crisis económica y social, hace falta un gran plan de inversión pública a nivel comunitario, centrado en inversiones productivas vinculadas a la sociedad del conocimiento: grandes infraestructuras y acciones encaminadas a mejorar la I+D+i, junto con una política monetaria expansiva que permita que fluya el crédito necesario para la inversión privada. Además hace falta una redefinición fiscal que haga sostenible el Estado del bienestar, si no como lo hemos concebido hasta la fecha, por lo menos garantizando unos servicios públicos básicos, generales y de calidad, en sanidad y educación.

La lucha contra la evasión fiscal es una de las claves para conseguir que sean sostenibles nuestros actuales sistemas económicos. Si buena parte del dinero que debería ir a la gestión de la res publica se pierde en paraísos fiscales, la sostenibilidad del sistema está en peligro. Las noticias que se van conociendo sobre cómo las grandes fortunas personales y empresariales, incluyendo las financieras, ocultan sus beneficios para no tributar al tiempo que se benefician de un sistema que permite generar esa riqueza son alarmantes. No es que de pronto nos hayamos enterado de que esas empresas y fortunas actúan así, sino que se van conociendo datos y poniendo nombres al fraude, y eso hace crecer la alarma social. La Unión Europea debería liderar la lucha contra fraude a nivel mundial. No valen excusas como la de que los capitales huirán a otras zonas del planeta. Evidentemente algunos lo harán, pero tenemos un mercado suficientemente interesante para que esas empresas y capitales quieran permanecer de alguna manera en el viejo continente y mecanismos para hacer la vida muy difícil a quienes estén implicados en grandes fraudes, que son un robo al bien común, al conjunto de los ciudadanos y a cada uno de nosotros individualmente, pues debido al fraude tenemos que pagar más impuestos para sostener nuestra sociedad y podemos beneficiarnos menos de los servicios públicos.