Familiares de las víctimas del Yak piden la imputación de otras 20 personas

En concreto, interesan la imputación de 14 militares a los que acusan de 62 delitos de homicidio por omisión y malversación de caudales públicos. Entre ellos se encuentra la cúpula militar en el momento del accidente: el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general almirante Antonio Moreno Barberá; el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el teniente general Luis Alejandre Sintes; el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), el teniente general, Eduardo González-Gallarza Morales; y el Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), el general de División, Juan Luis Ibarreta Manella.

También por el mismo delito de homicidio por omisión pide la imputación de cuatro civiles como el jefe del departamento de carga de la sucursal en Barcelona de la contratista Chapman Freeborn, Sergio Núñez-Cacho Solans o el gerente del departamento de Operaciones en Barcelona de la misma compañía. Así como otros dos militares a los que consideran autores de sendos delitos de falsedad documental.

Asimismo, en el escrito presentado por el abogado de las familias --que consta de 185 folios y 76 documentos adjuntos, remitidos el pasado el lunes al juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que dirige Grande-Marlaska--, se pide la declaración, en calidad de testigos, de 25 militares y 25 civiles de varios países, así como que se tome en consideración un centenar de pruebas documentales.

Esta causa, que la Sala de lo Penal obligó a reabrir en noviembre de 2007 después de que Grande-Marlaska la archivara, han comparecido ya los ex ministros de Defensa, Federico Trillo y José Bono, el ex secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, y otros cuatro mandos militares. Todos ellos aseguraron no tener constancia de la existencia de quejas sobre el funcionamiento de los aviones contratados a compañías de la antigua Unión Soviética.

También han testificado el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos, y un comandante que recibió un correo electrónico de un compañero fallecido en el accidente en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".