¿Qué más ha de pasar?

El jueves 25 de abril se conoció el espantoso dato de la Encuesta de Población Activa (EPA): 6.202.700 desempleados, el 27,16% de la población que, estando en edad de trabajar, quiere hacerlo. Es aún más preocupante que esta cifra aumente hasta el 57% en el caso de los jóvenes. Como todas las estadísticas, la EPA es cuestionada por especialistas que utilizando otras muestras y metodologías, y teniendo en cuenta el enorme volumen de la economía encubierta en España, rebajan mucho estas cifras. Llevan razón los que sitúan la verdadera tasa de desempleo en una media entre los datos ofrecidos por la EPA y los registrados en el Servicio Público de Empleo, pero en cualquier caso estaríamos hablando de que un 25% de la población activa española, incluyendo a los jóvenes, está desempleada.

Esto supone que la sociedad española está desaprovechando un cuarto de su potencial de desarrollo y muy especialmente del que podría aportar la generación mejor preparada de su historia. Es verdad que con el boom inmobiliario de años atrás y las grandes posibilidades que ofrecía el mercado de trabajo muchos jóvenes abandonaron sus estudios, sin terminar el bachillerato o la formación profesional, y ahora se encuentran descolocados ante un mercado laboral muy restringido que exige una alta cualificación, pero también es cierto que hay otro gran número de jóvenes muy bien formados, que han estudiado carreras universitarias, han cursado másteres en las más variadas materias, están perfectamente preparados para el uso de las nuevas tecnologías y hablan idiomas. No es casualidad que muchos de ellos encuentren trabajo fuera de España y que en algunos sectores como la ingeniería, la medicina, la enfermería o la arquitectura los jóvenes profesionales españoles estén muy bien valorados en el exterior.

Que más de un cuarto de la población activa no tenga empleo significa también que los integrantes de ese cuarto poblacional no contribuyen tanto como podrían a los gastos comunes del Estado, pues tienen menos poder adquisitivo y, por tanto, consumen menos, pagan menos impuestos indirectos y especiales que los que pagarían si tuviesen empleo y consumiesen más, y normalmente no pagan el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el principal impuesto directo. Además, si cobran el paro u otro tipo de ayudas, suponen un gasto al erario, el cual se incrementa con todos los servicios a los que tienen derecho como ciudadanos. Plantear esta cuestión en términos economicistas tan descarnados puede parece inhumano, y en cierta medida lo es, pues no debemos olvidar la tragedia personal que hay detrás de cada desempleado, pero conviene no olvidar también estos análisis macroeconómicos a la hora de analizar las políticas necesarias contra la crisis.

Algunos analistas señalan que las cifras de la EPA no son ciertas porque hay una enorme economía sumergida. Según informes serios, de los que el propio Gobierno se ha hecho eco en algunas ocasiones, ésta podría llegar a representar un cuarto de la economía. Si bien es cierto que desde el punto de vista humano muchas familias están sobreviviendo gracias a esta economía encubierta, no lo es menos que la misma supone una gran distorsión de la economía en general y un mayor esfuerzo impositivo por parte de los que contribuyen al erario. El Gobierno tiene que hacer frente a esta situación para que aflore la economía sumergida. No pensemos que ella sólo afecta a pequeños negocios y autónomos. Una buena parte de la misma está relacionada con importantes sectores industriales, comerciales e incluso financieros. Sólo hay que echar un vistazo a los nombres que se están conociendo de grandes evasores fiscales, incluyendo algunas grandes empresas, y recordar que una parte sustancial de esta economía sumergida estuvo relacionada años atrás con la burbuja inmobiliaria.

Nunca se habían conocido en España cifras tan horribles como las de la última EPA, a las que se suma la del gran número de hogares en que no entra ya ningún ingreso, pero ni aun así ni la ministra de Empleo ni el presidente del Gobierno se dignaron a comparecer ante los medios de comunicación, a dar la cara, a reconocer la incongruencia entre el discurso que hacían en la oposición y los nefastos resultados de sus políticas en el Gobierno. Incluso los suyos esperaban que fuese Rajoy quien saliese a presentar el modesto programa de reformas que se aprobó en el Consejo de Ministros del día siguiente, para que mostrase un liderazgo activo, para que simbolizase que está al frente de la situación y no arrastrado por ella, para que reconociese que sus políticas no han dado los resultados previstos pero que su Gobierno todavía tiene iniciativa con la que reorientar la economía española y salir de la crisis. No fue así. Rajoy volvió a ser el hombre de los enigmáticos silencios, que cada vez van siendo menos enigmáticos: la gente piensa que es que no tiene nada que decir. Lo que ha dicho tres o cuatro días después de conocerse tan lamentables cifras es insulso y reiterativo de unas políticas que no dan frutos, incluso contradictorio con las inversiones y el fomento del crecimiento que a nivel europeo proponía semanas atrás. En lugar de Rajoy, salieron a hablar con los medios dos ministros sepultados políticamente en sus respectivos fracasos, los cuales unos días hablan de los síntomas de la recuperación y otros la postergan a las calendas griegas de la próxima legislatura.

Las voces que piden un gran pacto político y social se acrecientan. Se ha acabado el tiempo de las buenas palabras y las nulas acciones. No hay nada que se parezca más a las inoperantes políticas frente a la crisis del Gobierno de Rajoy que las del Gobierno de Zapatero, ni nada que se parezca más al discurso deconstructivo del PSOE en la oposición que el que llevó a cabo el PP en idéntica situación durante la pasada legislatura. Los ciudadanos están, estamos, hartos de buenas palabras y de aparente disposición al acuerdo que nunca fructifica en nada. Muchos están hartos del PP y del PSOE como van mostrando día tras día las encuestas de opinión, pero el problema es que en una democracia de partidos no es tan fácil sustituir a los que han sido hasta la fecha los pilares de Gobierno. Italia es un espejo en el que mirarse para no aprender sino para buscar soluciones distintas que consoliden la democracia ante un panorama previsible en el que se ponga fin al bipartidismo imperfecto de nuestro actual sistema político. No entro en si el bipartidismo es, o ha sido, positivo –quizá otro día hable de ello–, pero su final es lo que reflejan las encuestas, es el rumbo que marcan los ciudadanos y así seguramente se mostrará en el próximo Parlamento, más plural a pesar de que la ley electoral beneficia a los partidos más votados en cada circunscripción.

Se invoca constantemente el espíritu de la Transición y la necesidad de inventar unos nuevos Pactos de la Moncloa. No tengo nada contra el positivo ejemplo histórico, pero lo que hace falta, sobre todo, es mirar al futuro y afrontarlo. La sociedad española ha cambiado mucho en los últimos treinta años y ha cambiado mucho también el mundo en el que nuestra sociedad convive y compite. Hace falta un gran pacto político entre las principales fuerzas parlamentarias, cuantas más mejor. Con la fuerza de ese gran pacto político, hay que construir un gran acuerdo social que sume al pacto a trabajadores y empresarios y a otros sectores importantes para la nueva sociedad que tenemos que idear como son las universidades y los centros de investigación. Y, finalmente, con ese gran pacto político-social hay que irse a Europa y conseguir un gran pacto europeo, liderado por Francia, Italia y España, al que se sumarían otros países, para cambiar el rumbo de la política económica de la Unión con, como decía en mi artículo de la semana pasada, “un gran plan de inversión pública a nivel comunitario, centrado en inversiones productivas vinculadas a la sociedad del conocimiento: grandes infraestructuras y acciones encaminadas a mejorar la I+D+i, junto con una política monetaria expansiva que permita que fluya el crédito necesario para la inversión privada. Además hace falta una redefinición fiscal que haga sostenible el Estado del bienestar, si no como lo hemos concebido hasta la fecha, por lo menos garantizando unos servicios públicos básicos, generales y de calidad, en sanidad y educación”.

No hay nada que desestabilice y tense más una sociedad que la cerrazón de expectativas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las generaciones europeas que se han sucedido han vivido pensando que sus hijos podrían mejorar la condición de sus padres. El Estado del bienestar ha sido clave en esta confianza. Su desmoronamiento, sin que se prevea un desarrollo sostenible, está provocando profundas tensiones sociales en el Viejo Continente. Ya han estallado en brotes de violencia en distintos países, incluyendo España. ¿Qué más ha de pasar para que nuestros representantes políticos se den cuenta de la gravedad de la situación y lleguen a acuerdos? La alternancia es uno de los fundamentos de la democracia, pero para consolidar la misma hacen falta consensos básicos.