La prevención de la corrupción ha sido objeto de análisis este miércoles en la Fundación Ortega-Marañón. Como punto de partida, la desconfianza ciudadana en un sistema desbordado y necesitado de nuevos y efectivos instrumentos de detección y ágil resolución. Propuestas no han faltado.

La
Fundación Ortega-Marañón ha acogido este miércoles el II seminario
'Investigacion penal y prevención de la corrupción y el sistema electoral'. Ha contado con expertos en la materia desde diferentes perspectivas.
José Antonio Martín Pallín ha intervenido en calidad de magistrado emérito del Tribunal Supremo;
Alejandro Luzón, de destacado fiscal anticorrupción;
José Luis Olivera, de comisario principal del Cuerpo de Policía en los más relevantes casos en los últimos tiempos;
José Antonio Gómez Yáñez, de politólogo y profesor de la Carlos III;
Silvina Bacigalupo, de experta en Derecho económico y de empresa;
Fernando Jiménez, de doctor en Ciencias Políticas y Sociología y docente en la Universidad de Murcia. Ha moderado
Manuel Villoria, catedrático de la Rey Juan Carlos y miembro de
Transparencia Internacional España. El debate se ha abordado, como ha recordado este último en el acto, en un momento en que el 93 por ciento de los españoles cree en la impunidad de los delincuentes o un 75 que tanto los acusados en el caso Nóos como en Gürtel no tendrán sentencias justas.
Martín Pallín ha aportado que "la mejor política es la prevención" y que "prevención es transparencia", así como que son necesarios códigos éticos y de buenas prácticas, pero no en términos latinos sino anglosajones. Ha señalado, como más tarde ha corroborado Luzón, que "judicializar el proceso es eternizarlo". Para Martín Pallín, los tiempos van "más allá de los cánones constitucionales" e internacionales. Ha propuesto como solución "seccionar o despiezar" estos asuntos, de modo que no haya un nuevo
'caso Malaya', que se ha extendido más de dos años "y con un costo ingente para las arcas españolas". Luzón confía en la creación de
tribunales especiales. Observa que hay unidades policiales, fiscales o integrantes de la Agencia Tributaria "altamente cualificados", pero que "en el enjuiciamiento quiebra la especialización". Frente a quienes conciben la Audiencia Nacional como instancia oportuna, él niega: "En absoluto es un órgano especializado en la materia".

También han estado sobre la mesa los paraísos fiscales. Desde 2003 no han movido un dedo las autoridades competentes, ha denunciado Martín Pallín. "Es una reproducción de los antiguos piratas. Guardaban el botín en islas del Caribe. Un paraíso fiscal es una cueva donde se guarda dinero de muy distintas procedencias, no todo de fuentes flagrantes", ha expuesto el magistrado. A continuación, ha indicado que le parece "lícito" el secreto bancario, pero que a tirar del artículo del
Código Penal relativo a la obstrucción a la justicia y a una orden de busca y captura a quien ejerza esa obstrucción no se le podrían poner peros. Aunque ha antepuesto que quizá tal cosa despertara "carcajadas resonantes" en los organismos económicos, el veterano jurista ha subrayado que las "grandes estafas" pueden llegar a considerarse
"crímenes contra la humanidad" al, ha añadido, concluir en catástrofes, quiebras, desahucios o suicidios. Una última idea que ha lanzado es un
impuesto sobre transacciones financieras al margen de la libre circulación de la Unión Europea, lo que mermaría la actividad de los paraísos fiscales. Pese a todo, Martín Pallín ha concluido declarándose "optimista impenitente".
Bacigalupo ha abundado en el valor de los
códigos éticos y de autorregulación, pero sólo como último o definitivo paso, pues de nada sirve tenerlos si no se cumplen. Asimismo, en canales de denuncias tanto dentro (empleados) como fuera (proveedores y consumidores). Olivera, desde su prisma, el policial, ha regresado a 'Malaya' para enmarcarlo como "un antes y un después" en la corrupción urbanística en España. Ha definido tres tipos de corrupción, de los cuales sólo el primero tiene, en su opinión, rechazo social, que no es otra que la habitual y conocida, también castigada por el Código Penal. La segunda, "más ambigua", es, por ejemplo, "defraudar a
Hacienda", de lo cual algunos presumen, ha remarcado. En tercer lugar, "el enchufismo, el colocar a un familiar, el privilegiar a un amigo en un examen o regalos menores". Su testimonio ha evidenciado, sumado a los anteriores, que corrupción no es sólo un concepto que afecte e implique a un pequeño y determinado núcleo de población sino, algo más que eso, una cultura. Cultura que instituciones como Transparencia Internacional España, instancias judiciales, policiales y académicas quieren voltear o, al menos, debilitar.