El fiscal como Instructor: Juez y Parte

Se han empeñado en dar la instrucción penal a los Fiscales. El Proyecto ya lo hizo el último Gobierno del PSOE. Y ahora, sorpresivamente, lo adopta el Partido Popular.

Aparentemente, no se saben bien las causas por las que se produce este cambio tras más de cien años largos de Ley de Enjuiciamiento Criminal durante las cuales la Instrucción de los delitos ha estado en las manos independientes de los Jueces. No se da ninguna razón. Por lo menos no se da ninguna razón de peso. Se habla de “derecho comparado”, siendo así que es cierto que el origen de la instrucción e investigación está configurado en el derecho de los Estados Unidos en manos de Fiscales independientes elegidos popularmente en elecciones democráticas por un tiempo determinado. Lo cual está exactamente en las antípodas de todo el sistema continental de Justicia y en particular del español. Apunto que no deja de ser curioso que quienes más denuestan a los Estados Unidos son los primeros en copiarles todo, desde su manera de hablar, de vestir y ahora hasta de juzgar.

Pero vayamos al fondo del asunto. ¿Porqué se quiere quitar la instrucción a los Jueces para dársela a los Fiscales? La respuesta, desde los Partidos Políticos, es evidente: porque el Fiscal no es independiente y depende del Gobierno. Y así, a partir de ahora, se investigarán solamente los delitos que le apetezca al Gobierno de turno, ya que su muy dependiente Fiscal estará a las órdenes del Ejecutivo y atacará duramente a la oposición del Gobierno y a todo aquél que ose levantar su voz independiente o crítica en contra de él y por el contrario, será dulce y melifluo con quienes se arrodillen ante el Gobierno y el Partido Político de turno. Esta, y sólo esta, es la explicación de por qué se quita la instrucción penal a un Juez independiente para dársela a un Fiscal dependiente y obediente. Se trata de concentrar también el Poder Judicial y obligar a que todos, la sociedad entera, dependa en sus libertades del capricho del Gobierno de turno. Si a esto unimos que se cercenan las posibilidades de la acción popular que queda muy disminuida, tenemos el panorama óptimo para los corruptos, y para toda clase de delincuentes que gocen del amparo y protección de un partido político. Vuelta al caciquismo y a la obediencia ilimitada al político de turno.

Siendo muy grave lo anterior, esto es la destrucción en el ámbito penal (principalmente) del principio de división de poderes, resulta también ser muy grave la falta de igualdad de armas entre el Fiscal Investigador e Instructor y el Abogado particular. Porque el Fiscal, querrá ganar el caso, naturalmente. Por lo cual dirigirá la instrucción hacia donde le convenga y obviará y evitará en la medida de lo posible que se haga y se atienda a las pruebas y argumentos del Abogado Defensor. Se dirá que para eso está el “Juez de Garantías”, fantasmagórica institución que al parecer debe velar por todas las incidencias en que se violen las garantías de la Instrucción. Pues bien, resulta muy poco convincente que ese alejado Juez sirva para evitar que el Fiscal Instructor e Investigador sea a la vez el verdadero Juez y parte. De un lado, la natural camadería entre Jueces Y Fiscales y su frecuente cambio de papeles en la carrera, ya hace que no sean en modo alguno iguales las posiciones del Abogado Defensor y del Fiscal. Pero es que, además, resulta muy difícil estar continuamente solicitando una y otra vez que el Juez interrumpa la acción del Fiscal en una determinada investigación e instrucción. Lo hará, quizás, alguna vez, pero puede acabar bastante harto el Juez de tanta petición del Abogado. Y esa petición, esa solicitud, ese arrodillarse ante el Fiscal, obligará casi siempre al acuerdo o pacto con el Fiscal, quien podrá así lograr el “éxito” de la condena a costa del miedo, del pánico, del temor, de la otra parte, del justiciable, quien comprobará que sus armas procesales no son tales y que quien tiene verdaderas armas es el Fiscal. Imaginen, a lo Borges, un país en que sucediera lo contrario: que la instrucción la hiciera el Abogado Defensor ¿Creen que alguien saldría condenado? Pues no, pero exactamente, en el espejo contrario, eso es lo que se ve en el caso de la Instrucción e Investigación del Fiscal: todos condenados salvo condescendiente pacto con el Fiscal.

Esto de que el Fiscal sea Juez y Parte es uno de los atentados más graves al Estado de Derecho. Y se va a consumar.

Finalmente, el Fiscal es un órgano jerárquico que sigue instrucciones del Fiscal General. No tiene autonomía real. Por tanto, todo se decide desde arriba, facilitando así que en las negociaciones que se van a imponer cotidianamente con los abogados, siempre se pueda indicar que hay que esperar instrucciones desde arriba. Y así, todos a suplicar y suplicar frente al Poder Público, que eso es lo que se quiere al final.

Un paso atrás, grave y sin justificar, al Estado de Derecho. Eso, es lo que está haciendo el Gobierno siguiendo lo que le dice el Partido de la oposición y el resto de los partidos: todos culpables en la sociedad menos nosotros, los políticos, a partir de ahora, siempre inocentes (salvo que nos llevemos mal y entonces, de vez en cuando, nos demos una bofetada)

Un desastre que esta sociedad no se merece. Luego cuando preguntan porqué pasa con los políticos lo que pasa visto desde la sociedad, nadie debe asombrarse.

Hay que acabar con este malvado proyecto. Esa sería la solución.