La monarquía de los intelectuales

Un periódico patriota, publicado en el Cádiz de las Cortes, definía a los afrancesados como animales anfibios que se dividían a su vez en tres subespecies: “Literatos, godoístas y ricos propietarios de los pueblos”. Esta visión caricaturesca de los afrancesados pretendía resaltar su naturaleza políticamente “anfibia”, que es como decir su oportunismo y falta de principios, y su pertenencia a las élites del poder y del saber. Hay una notoria exageración en esta asociación entre el mundo de la cultura y el bando afrancesado o josefino, pero si uno repasa la nómina de funcionarios y cargos públicos nombrados por José I durante su reinado, se encuentra con una inacabable relación de escritores, profesores, artistas y científicos reconvertidos en funcionarios del Estado nacido con la Constitución de Bayona de 1808. ¿Fue aquella una “Monarquía de los intelectuales”, al igual que la Segunda República mereció de Azorín el calificativo de “República de los intelectuales”?

El tema merece por lo menos una reflexión. Es extraño que los patriotas, y en particular los liberales, pertenecientes en su mayor parte a las clases medias ilustradas, acusaran a sus adversarios josefinos de formar una especie de “partido de los intelectuales” pasado al enemigo. ¿Acaso no eran “literatos” patriotas tan notorios, y enemigos acérrimos de los afrancesados, como el poeta Quintana, el periodista Bartolomé José Gallardo -autor del periódico antes citado-, el gran orador Agustín de Argüelles, el escritor Antonio Capmany o el historiador Martínez Marina? Es cierto, sin embargo, que en la Monarquía josefina un sector, probablemente mayoritario, de las élites intelectuales asumió un protagonismo decisivo en los puestos de mando del nuevo Estado y experimentó un proceso de “funcionarización” nunca visto hasta entonces en la historia de España. Otra cosa es el poder real que esos intelectuales, reconvertidos en jefes de negociado o en subprefectos de Policía, tuvieran frente a la autoridad incontestable de los generales napoleónicos, verdadero poder fáctico en la España josefina. Ahí empieza la tragedia de muchos afrancesados que fueron también, a su manera, patriotas y que, como les suele pasar a todos los colaboracionistas, sufrieron a la vez el odio popular y el desprecio del invasor.

Si algunos josefinos eran patriotas del mal menor, a muchos liberales se les puede considerar afrancesados a su pesar. Es la acusación que lanzaron contra ellos los absolutistas y, andando el tiempo, don Marcelino Menéndez y Pelayo, para quien los liberales “fueron aquellos afrancesados que, por loable inconsecuencia, militaron en el bando patriota”. El reproche, teñido de condescendencia, contiene cierta dosis de verdad mezclada con algo de mala fe, porque, como demostró hace años Javier Herrero, el “afrancesamiento” de los absolutistas españoles, meros imitadores del modelo contrarrevolucionario francés, era perfectamente comparable al de los liberales. En todo caso, si es cierto que liberales y josefinos, surgidos de una dolorosa escisión de las clases medias ilustradas, compartían algunos valores culturales y políticos, no lo es menos que la historia los condenó a enfrentarse en un largo litigio que no terminó en 1814, con el fin de la Guerra de la Independencia. Ni siquiera es evidente que acabara con la derrota de los josefinos.

A lo largo del reinado de Fernando VII, e incluso después, serán frecuentes las alusiones a un supuesto “partido afrancesado”, tan impopular entre los absolutistas como entre los liberales. Su principal seña de identidad no es su ideología, que podemos situar en el ámbito más bien difuso de un liberalismo muy conservador -o de un absolutismo muy templado, según los casos-. Su rasgo más característico, y en parte la causa de su impopularidad, es su capacidad para hacerse imprescindibles como miembros de una élite tecnocrática y administrativa sin cuyo concurso parecía que el Estado no podía funcionar, sobre todo en un sector vital como era la Hacienda pública. Esa concepción funcionalista del poder, esta idea de servicio al que manda, forma parte esencial de la experiencia de los afrancesados bajo la Monarquía josefina. Por eso, entre las razones que explican la división de las clases medias ilustradas en dos bandos irreconciliables, hay una muy poderosa en la que no se suele reparar: que los liberales quisieron crear una nación, y los afrancesados un Estado. Y hay que decir que, al final, la historia del siglo XIX español se acabó pareciendo mucho más al frío proyecto administrativo y tecnocrático de aquella Monarquía de intelectuales-funcionarios que tuvo como rey a José I, que a la nación soberana representada por las Cortes de Cádiz.