Conozca las claves de la gran reforma de la Administración Pública

"Va en serio". Así de directa se mostró hace unos días la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando los periodistas le preguntaron sobre el ambicioso texto que prepara el Ejecutivo desde hace meses para reformar la Administración Pública.

Junto con la revisión del sistema fiscal, la subida de los impuestos y las medidas de restricción del gasto público, este anteproyecto de ley fue uno de los compromisos que pactó Mariano Rajoy con la Comisión Europea a cambio del rescate financiero a la banca de hasta 100.000 millones de euros.

Entonces, el presidente del Gobierno formó dos equipos, uno de carácter más político y otro de corte más técnico, para que evaluaran y estudiaran de manera exhaustiva dónde y cómo se podía recortar en la Administración Pública, uno de los grandes talones de Aquiles de nuestro país.

Sendos grupos de trabajo, compuestos por personal de varios ministerios y agrupados en cuatro subcomisiones, duplicidades, simplificación administrativa, administración institucional y gestión de servicios y medios comunes, han estado bajo la estrecha tutela del subsecretario de Presidencia, Jaime García Renovales, y han desarrollado su labor en torno a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

Tanto los 'políticos' como los 'técnicos' no han dejado, por expreso deseo de Mariano Rajoy, oficina, delegación, instituto o administración sin auditar. Hasta el último recurso público del Estado ha sido estudiado y analizado para evaluar su ámbito de actuación y su necesidad dentro del complejo engranaje estatal.

Se quiere eliminar todo lo insustancial y unificar y mejorar los elementos realmente válidos, por lo que las medidas se espera que sean más importantes y de mayor contundencia de lo que inicialmente se pensaba con el objetivo de ahorrar otros 7.000 millones de euros hasta 2016.

La intención del Ejecutivo es poner en marcha la reforma lo antes posible. Los trámites parlamentarios serán inmediatos y se espera que muchos de sus puntos entren en vigor antes de las vacaciones de verano. Esta próxima semana será la de exponer a la ciudadanía el gran plan, que "en muchos aspectos coincide con las recomendaciones de la Comisión", según la propia Sáenz de Santamaría, y que se antoja tan duro como extenso.

Los que ya han tenido acceso a él apuntan a que supera las 2.000 páginas de extensión, una normativa sin precedentes en nuestro país, y que tocará casi todos los ámbitos estructurales del Estado: desde los organismos centrales a las oficinas locales y regionales.

En la futura reforma ya se incluye el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que en fechas próximas será remitido a las Cortes y con el que el Ejecutivo espera poder ahorrarse unos 9.000 millones de euros entre los años 2014 y 2015.

El objetivo del Gobierno es adelgazar una Administración repleta de entes y organismos duplicados por las Comunidades Autónomas, prescindibles u obsoletos en sus funciones e intentar rebajar la masa salarial correspondiente a los trabajadores públicos que ahoga las cuentas del Ejecutivo.

Entre las pocas medidas que han trascendido destacan la redacción de una nueva ley básica la supresión de organismos públicos, la supresión de una importante cantidad de asesores y la homogenización de sueldos administrativos.

También se pretende, en la misma línea de la Ley de Transparencia, arrojar luz sobre el proceso de contratación del cuerpo de funcionarios y de empleados externos para evitar cargos inútiles o trabajadores designados a dedo.

Así, las primeras filtraciones señalan que el Gobierno prepara una importante remodelación de media docena de leyes y una gran criba de organismos duplicados, como, por ejemplo, los numerosos Institutos Geográficos o Meteorológicos existentes por toda España. Ya se han eliminado algo más de 300 entes, aunque se espera que la cifra se doble una vez conocida la profundidad de la reforma este próximo miércoles.

Además, Internet cobrará especial relevancia a partir de la semana que viene en todo lo que tenga que ver con la relación entre el ciudadano de a pie y la Administración Pública. Con el objetivo de agilizar trámites y racionalizar activos, la red pasará a ser un requisito casi indispensable para realizar casi cualquier gestión.

Para ello, el Gobierno pretende revisar el sistema informático del Estado para ponerlo al servicio de los españoles y contar así con una Administración plenamente tecnológica acorde a los requisitos del siglo XXI. De este modo, el ciudadano podrá archivar en su ordenador personal todo el 'papeleo' y poder manejarlo de una manera más cómoda y rápida.

El objetivo es "gestionar de forma más eficiente la administración electrónica y la informática pública", lo que supondrá una "transformación de la manera de organizarse el Estado en estas cuestiones", según afirmaba esta misma semana el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo.

La meta es eliminar las interminables quejas a la hora de tener que llevar a cabo un trámite burocrático, ya sea en la Dirección de Tráfico, en el Registro Civil o en la Oficina de Empleo. De este modo, la CORA ha puesto especial interés y esmero en eliminar toda traba y complicación con el objetivo de racionalizar el proceso administrativo.

Habrá que ver si esta reforma hace la vida más fácil a un ciudadano que durante décadas se ha quejado de una Administración Pública lenta y complicada que ralentizaba cualquier gestión o requerimiento, al tiempo que se la actualiza tecnológicamente y se la adelgaza para ganar en efectividad.