La crisis económica ha derrumbado el crédito de muchas instituciones. Una de ellas, aunque no por los motivos adecuados, es la de las agencias de calificación.
Las agencias de calificación fueron muy criticadas, durante un tiempo, por parte de los medios de comunicación. El motivo es que estas agencias molestaban, con sus calificaciones, a los Estados que veían cómo se deterioraba su posición financiera. Las agencias respondían a ese deterioro ajustando su calificación de las deudas de estos Estados. Los mercados, a su vez, reaccionaron a aquéllos nuevos rating, y el valor de la deuda caía en consecuencia. Pero, ¿no hemos hablado de los medios de comunicación? Por las, razones que fueran, se identifican mucho, quizás demasiado, con los intereses del Estado.
Una tentación por parte de algunos fue la de prohibir la labor de las agencias. Pero por un lado, es una labor necesaria. Y, por otro, lo que emiten son meras opiniones. No son más que eso. Si los mercados reaccionan es porque ellos tienen en cuenta esas opiniones, porque las instituciones que las emiten (las principales son Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s) tienen el suficiente prestigio.
Otra respuesta muy típica fue la propuesta de crear una agencia de calificación europea. Lo cual dejaba abiertas varias cuestiones importantes. ¿Sería una empresa privada o pública? Pública no podría ser, porque sus decisiones contaminarían a la institución de que dependiese. Pero, sobre todo, si se quiere crear una agencia europea (Moody’s y Fitch lo son en gran medida) para que tome decisiones “europeas”, es decir, para que diga que los Estados europeos son AAA por definición, entonces nadie la tomará en cuenta. Y si quiere ganarse el crédito del mercado, tendrá que tomar las medidas que los dirigentes europeos no quieren oír.
Otra de las críticas a las agencias es que hay quien no puede entender que sean agencias privadas las que regulen el mercado, o incluso regulen, qué contradicción, a los Estados. Pero, de nuevo, las agencias de calificación no regulan. Sólo califican. Sólo emiten una opinión, cifrada y acompañada de un breve comentario, sobre la situación financiera de empresas y Estados. Todo el mundo es libre de no tener en cuenta esas opiniones. O de asumirlas como buenas, si es el caso.
Pero la Comisión Europea, a la chita callando, ha ido elaborando poco a poco una regulación para las agencias de rating. Lo ha dicho el comisario de Mercado Interno y Servicios de la Unión Europea: “Me congratulo de que sólo año y medio después de que la Comisión hiciese su propuesta, hayamos alcanzado un estadío en el que la legislación entra en vigor”. Lo hace a partir de este viernes. “Bajo la nueva legislación”, dice el comisario, “las agencias de calificación del crédito tendrán que ser más transparentes cuando emitan un juicio sobre el crédito de los Estados”. Es decir, lo que le interesa a la Comisión es la opinión que tengan de los Estados, no cómo trate al sector privado. Sus decisiones no tienen por qué ser transparentes. Lo que tienen que ser es creíbles. Y para que sean creíbles, tienen que adaptarse lo mejor posible a la realidad. Pero la Comsión no va por ahí.
“Las nuevas normas también contribuirán a que se incremente la competencia en la industria de las calificaciones, ahora que está dominada por unos pocos actores”. Pero una lista que está muy lejos de ser exhaustiva
recoge 40. Y hay cientos. Si dominan tres es porque el prestigio se lo han llevado ellas.
Entonces, ¿por dónde va la regulación europea? Porque las instituciones sean más solventes y, en consecuencia, no tengan que recurrir a que una institución de fuera (y que no controlan) señale si son en realidad solventes o no. Una solución extraña. Tiene más lógica, aunque no sea una lógica virtuosa, callar a las agencias, aunque sea un poquito: La Comisión dirá cuándo podrán emitir una opinión, y serán sólo tres al año.