Embridar el Estado de las autonomías

El Gobierno acaba de presentar una propuesta de reforma de las Administraciones Públicas. El objetivo fundamental de este proyecto es ahorrar. Una cantidad tan abultada que citarla produce mareos. Pero no es el único objetivo, además se trataría de hacer más eficiente el sistema administrativo y dar un mejor servicio a los ciudadanos.

La reacción de las comunidades autónomas no gobernadas por el PP ha sido claramente histriónica: «Las autonomías declaran la guerra a la “reforma Soraya”» titulaba uno de los periódicos. Los barones del PP han señalado sus logros en su política de contención del gasto y han disimulado su disgusto por algunas de las propuestas incluidas en la reforma de la Administraciones Públicas. En particular las que suponen eliminar altos organismos autonómicos –defensores del pueblos, cámaras de cuenta… en los que están “conectados” compañeros de partido y de amistad, familiares y muy conocidos, personas valiosas aunque no sean funcionarios.

Poca gente hay que no señale que este Estado de las autonomías es caro, ineficiente y sumamente complejo, complicado para los ciudadanos, con duplicidades y trabas administrativas, y éstas sólo son algunas de las disfunciones. Incluso algunos nacionalistas se atreven a señalar el despilfarro… de otras comunidades autónomas. Pero no debemos olvidar que para los independentistas el estado de las autonomías es solo un paso más para lograr la independencia, sin importar los costes sociales, políticos o económicos. Para los ciudadanos que no viven de la política o dependen de ella directa o indirectamente, las autonomías han sustituido el centralismo de Madrid, más distante y menos agobiante, por el centralismo de Barcelona, Sevilla… con un coste inasumible en tiempos de crisis.

Me permitirán que dude del éxito de la propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno. ¡Ojala que lleguen a buen puerto! Pero lo dudo. En el informe de 253 páginas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas encontramos atinadas ideas y referencias a la transparencia, Gobierno Abierto, simplificación administrativa, plan de racionalización normativa… Nuestro pesimismo procede esencialmente porque ya se ha intentado eliminar superfluas empresas públicas, fundaciones… y finalmente ¿cuántas se han eliminado? ¿se han logrado los objetivos?

De forma más precisa señalaremos los peligros a los que se enfrenta esta singladura de la reforma administrativa. En primer lugar por una razón de sentido común: creado el órgano, éste tiene que defender su función. En segundo lugar, el poder tiende a acumular competencias, asuntos, más personal… en definitiva, más poder. Otra razón, es la argumentada desde el pesimismo popular: -“esos una vez que han probado el coche oficial, no hay quien los baje”. Sin embargo, todos los años, políticos y altos cargos de la Administración dejan la función pública y, por tanto, el coche oficial, para integrarse en la empresa privada. El pesimismo popular continúa señalando que precisamente esos que se han marchado son los mejores, pues ellos son los que consiguen trabajo fuera del papa-estado. Además señalan que hay otros muchos servidores públicos que aunque no tienen coche oficial, viven gracias al salario público. Esto es evidente en algunas comunidades autónomas en donde existe una fuerte dependencia clientelar entre poder y administrados, caldo de cultivo de la ineficiencia y corrupción.

Además, la reforma de las Administraciones Públicas se presenta como un plan que precisa de la colaboración de las Comunidades Autónomas para reducir sus estructuras. No creemos que estén dispuestas a ello. Es verdad que el Estado dispone un instrumento valioso: la financiación. Para ser más exactos la posibilidad de aportar más o menos fondos a cada comunidad autónoma y de autorizar o no el endeudamiento de las misma. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es un dique eficaz contra el descontrol del gasto producido en los últimos años, pero no creemos que sirva para embridar el Estado de las Autonomías y lograr un Estado más coordinado, más eficiente y en donde sea efectiva la libertad e igualdad de todos los españoles. En este punto parece claro que las competencias de Justicia, Educación y Sanidad no deberían ejercerse por las Comunidades Autónomas. La descoordinación y la desigualdad de los españoles no lo aconsejan.
Embridar el Estado de la Autonomías debe ser uno de los objetivos de éste y de futuros gobiernos. Si la reforma de las administraciones públicas no es suficiente para abordar este problema, ya existen documentos de diferentes grupos de estudio que propugnan por una reforma constitucional. Las soluciones van desde la práctica desaparición de las Comunidades Autónomas a una limitación efectiva de sus competencias, todas ellas con el objetivo de recuperar a España.