Golpe del Tribunal Constitucional al secesionismo catalán

El Pleno del Tribunal Constitucional decidía ayer por unanimidad mantener en suspenso la “declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, nombre con el que el Parlament iniciaba su deriva secesionista. Ya con anterioridad a que el Gobierno central impugnase dicha declaración, el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado dictaminaban que existían “existen fundamentos jurídicos suficientes” para actuar contra ella ante el Tribunal Constitucional.

Cierto es que la iniciativa aún no ha producido efectos jurídicos tangibles, pero puede hacerlo, y la labor de las instituciones del Estado es evitar el mal antes de que se suceda. En su recurso, los letrados del Parlament sostenían que la declaración es únicamente “un acto parlamentario que no tiene carácter normativo ni alcance jurídico”, y que “no existe daño real y efectivo a la Constitución y a los intereses generales”.

Basta con echar un vistazo a la Constitución. El artículo 1.2 es claro: “La soberanía nacional reside en el pueblo español. Y el 2 dispone que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Con la declaración aprobada por los nacionalistas catalanes, el Parlament se arroga para sí la facultad de cercenar estos dos preceptos, quebrando los principios de soberanía y unidad y privando al resto de España de una de sus partes como es Cataluña. El TC, pues, ha incorporado al debate secesionista un punto de sentido común, justo el que le falta al nacionalismo catalán.

Qué duda cabe que el principio del “derecho a decidir” es categórico desde un punto de vista democrático. Y, lo cierto, es que muy pocos lo cuestionan en lugar alguno de España. El problema es que no es eso lo que se discute y lo que proponen los nacionalistas. En realidad, lo que se exige es un cambio del sujeto de soberanía. Y eso es otra cosa. Algo perfectamente debatible y presentable, pero que lleva un trámite: el cambio de la Constitución. Y eso tenemos derecho a votarlo todos, no sólo una parte, la cual, por cierto, no está dicho que la compongan las autonomías. Puestos a trocear, ¿por qué no hacerlo por provincias, comarcas o ciudades?