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A propósito de la reforma de la Administración

jueves 18 de julio de 2013, 20:30h
Frente a lo que en ocasiones suele escucharse, la crisis económica española no tiene en la Administración Pública su causa principal. Cierto es que la configuración del sector público y, más en concreto en nuestro país, determinadas disfuncionalidades derivadas de la presente realidad del Estado Autonómico, han podido actuar como catalizadores de la depresión en algunos ámbitos, pero la crisis económica no es siquiera una crisis de deuda o de sector público en su esencia, particularmente en España, donde los niveles de deuda privada y/o familiar han sido uno de los detonantes de la actual coyuntura.

Ello no obsta para sostener la necesidad de reforma de nuestra Administración Pública, abordando la misma con la determinación que exige el comprobar que, tras más de 35 años, las proclamadas “horas de la verdad” en este capítulo quedaran finalmente en retoques estéticos o, lo que es peor, se adentraran aún más en el sendero equivocado. No se pretende desde estas líneas ofrecer el óleo taumatúrgico para la estructura pública en España, sino compartir algunas reflexiones sobre una cuestión inaplazable.

Dicha reflexión debe partir de la constatación de algo que no sólo no siempre es percibido, sino incluso negado desde la calle y, lo que tiene menos justificación, desde algunas tribunas: contamos con unas Administraciones Públicas servidas con un alto nivel de profesionalidad y cualificación técnica por los funcionarios en ellas incardinados. Basta para ello preguntar a quienes han pasado por los dos mundos, público y privado, para corroborar lo señalado. Otras cuestión –no menor, bien es verdad- son las rémoras que lastran la actuación plenamente eficaz de la Administración Pública, pero éstas no proceden en ningún caso de la cualificación de unos funcionarios que, no solamente han superado uno de los filtros más duros y más justos que en la selección de personal existen, sino que se han curtido trabajando en una maquinaria, para bien y para mal, sin parangón en cualquier otro ámbito.

Afirmado lo anterior, los dos principales problemas de nuestra Administración son su excesiva dimensión y las escasas posibilidades de movilidad del personal. Por lo que respecta a la primera cuestión, es innegable la elefantiasis que desde hace unos años se ha producido en España en el número de empleados públicos. Sin embargo, incluso este hecho merece determinadas matizaciones. Así, en primer término, contamos con una tasa de empleados públicos por habitante inferior a la de otros grandes países de nuestro entorno, aunque ello no invalida la conclusión referida anteriormente, particularmente, en lo que respecta a determinadas zonas de nuestra geografía en las que la elevada proporción de la población activa empleada en el sector público es llamativa, cuando no preocupante, en cuanto exponente de la falta de dinamismo económico y social de dichas regiones. De otro lado, es preciso insistir en que el número de funcionarios en sentido estricto -en su mayor parte, aquellos que ejercen “funciones de autoridad” o potestades públicas, para los que están pensadas, precisamente, las garantías de independencia y neutralidad, con todo lo que conlleva- no ha crecido de manera significativa en nuestro país; sí en cambio el del personal laboral y, sobre todo, el del conjunto de interinos. Es este último un fenómeno no suficientemente tenido en cuenta en los análisis sobre la Administración española, siendo especialmente reseñable el hecho de que en algunos ámbitos –caso de la Administración de Justicia, por ejemplo- el 25% de la plantilla esté ocupada por interinos, fenómeno que obedece a diversas causas –algunas incluso difícilmente confesables- entre las que destacan la distribución de competencias en nuestro Estado compuesto y, especialmente, la rigidez organizativa que aqueja a nuestra Administración Pública, que la hace incapaz de reaccionar en tiempo y forma a las necesidades de personal que puedan plantearse.

El acabado de referir es, precisamente, el segundo gran desafío al que se enfrenta en la actualidad la estructura burocrática española. La distribución racional y eficaz de los recursos, y, más en concreto, de los puestos de trabajo y de las funciones, es un aspecto básico en toda organización, no existiendo ninguna razón que justifique la tradicional exención de dicha exigencia para la Administración Pública. De nuevo es la Administración de Justicia paradigmática al respecto, ya que “trasladar” a un auxiliar destinado en el Juzgado nº 1 al nº 2,“vecinos puerta con puerta”, para responder a una mayor carga de trabajo del segundo, es algo prácticamente imposible, debiendo acudirse a un concurso nacional cuyo plazo de resolución es superior a dos años desde que se pone en marcha el proceso. La independencia e inamovilidad del funcionario no es ni puede ser equivalente a un pretendido derecho a trabajar en un mismo puesto o, más aún, en un mismo edificio de por vida.

Junto a los apuntados, existe otro mal endémico de nuestra Administración Pública, su lentitud, aunque sería más exacto hablar de su inutilidad, especialmente en lo que se refiere a la vía impugnatoria. Efectivamente, el principal problema en este sentido no es la duración de los procedimientos –especialmente tras las reformas de nuestro ordenamiento que han reducido significativamente los plazos o si se tiene en cuenta el régimen de la caducidad- sino la “perfecta prescindibilidad” de la vía administrativa en numerosas ocasiones. Así, es tónica habitual en nuestro sistema el hecho de que la Administración nunca o difícilmente da la razón al ciudadano, prefiriendo aquélla en los supuestos dudosos y no tan dudosos que sean los tribunales de justicia los que en su caso reconozcan la pretensión del interesado. Todo ello con lo que supone de tiempo y dinero adicionales para aquél. Esta situación contrasta con lo que sucede en otros países como Francia o Gran Bretaña, contribuyendo decisivamente, de otro lado, a explicar el atasco de nuestra jurisdicción contencioso-administrativa.

Pero, por otra parte, no todo van a ser deberes. Si España ha alcanzado un alto nivel de excelencia en determinados servicios o infraestructuras públicas –el sanitario es el ejemplo más destacado- ha sido posible gracias a una Administración Pública que ha sabido responder a los anhelos de una sociedad no siempre dispuesta a reconocer el mérito de la estructura que los sustenta. Ello conduce a dos consideraciones. En primer término, si bien es cierto que se ha incrementado exponencialmente el número de empleados públicos, no lo ha hecho de igual modo, sino todo lo contrario los niveles retributivos en la Administración Pública –particularmente en sus estratos superiores, claramente infraretribuidos respecto a sus homólogos en el sector privado. Así, se ha optado por el tamaño frente a la calidad y, en todo caso, se ha preferido compensar en tiempo –“moscosos”, “canosos”…- los aumentos retributivos que no se ha querido afrontar, en una política que recuerda al mal árbitro que con mala conciencia tras haber ignorado un claro penalti decide más tarde pitar uno inexistente a favor del anteriormente perjudicado. En segundo lugar, ha de perderse de vista que la gestión por resultados de la Administración es y debe ser distinta a la de una empresa -el ciudadano es titular de derechos y deberes frente a la Administración, no un cliente-, por lo que, siendo importante el principio de eficiencia, este ha de conectarse necesariamente con el servicio al interés general, leitmotiv principal de la Administración española ex artículo 103 de la Constitución.

Seguramente, el Estado y con él la Administración, no puede considerarse –contrariando por una vez a Hegel- el paso del Espíritu objetivo sobre la Tierra, pero, aun reconociendo sus innegables lacras, todos los análisis sobre su necesaria reforma no deben olvidar que, con todas sus carencias, la Administración ha sido y es el instrumento transformador de la realidad humana -y, por tanto, posibilitadora del progreso de la misma- más importante de la Historia.
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