Ante la duda...¡a las instituciones!

El fin de semana ha sido vertiginoso, políticamente hablando. El cambio de estrategia defensiva de Luis Bárcenas, que ha ido acompañado por un significativo cambio de abogados defensores, supone que el tesorero del PP ha optado por defenderse ante la opinión ¿publicada?, en lugar de intentarlo ante los órganos de la Justicia. Bárcenas y sus abogados creen que politizando la instrucción, y después, el juicio, ganan mucho más que pierden. Como dijo con acierto un gran experto en este tipo de juicios, Bárcenas y sus defensores eligieron el procedimiento de Sansón encadenado: derribar las columnas del templo aunque fenezca también él.

Las imputaciones contra el presidente del Gobierno son graves, y parecen ser el argumento principal de esa politización vertiginosa. Tiene razón Rajoy en rechazar cualquier chantaje contra el Gobierno que él encarna. Esas dos afirmaciones anteriores no son contradictorias, o incongruentes, en una democracia como (debería ser) la nuestra: las responsabilidades penales corresponden a los jueces, pero las responsabilidades políticas se deben abordar en las instituciones representativas, en este caso, el Congreso de los Diputados.

Sin duda nuestro Estado de Derecho rechaza que la Justicia la impartan determinados medios de comunicación. Es en esa mórbida confusión donde Bárcenas cree que con su nueva estrategia tendrá la mínima posibilidad de éxito; una desesperada creencia que parte de la idea de que podrá salvarse si él no cae solo ante la Justicia.

Esa confusión viene de lejos. La fortaleza de nuestras instituciones constitucionales se comprueba en que España no se ha convertido judicialmente en Italia o Argentina, a pesar de algunos intentos de utilización de la Justicia por parte de los poderes políticos. La contemplación de los nuevos abogados de Bárcenas nos han retrotraído a los años de plomo, aquéllos en que el poder político persiguió en los juzgados a medios informativos que eran críticos con sus decisiones, incluyendo decisiones sobre estrategias comerciales de las empresas informativas. ¿Las pruebas de esa fortaleza de nuestra Justicia? La primera, viendo quién es el abogado de Bárcenas (un juez que perdió su condición cuando fue condenado); la segunda, la afirmación de Rajoy cuando ha resaltado que la independencia ha sido, es y será el único principio válido en ese caso judicial.

No es mérito del Gobierno, sino de nuestra Constitución, pero se agradece que el presidente del Gobierno reafirme ese principio.

La confianza en la Justicia debería servir para devolver confianza en la política.

Y la confianza en la política pasa obligatoriamente por devolver a las instituciones democráticas el protagonismo que los partidos políticos, muchas veces, les han quitado.

¿Por qué el presidente del Gobierno no se acoge al artículo 112 de la Constitución, y plantea “ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.” Es evidente que Rajoy tiene más que esa mayoría; no se trata de esa cifra. Se trata de la confianza que otorga la discusión parlamentaria en un sistema político como el nuestro.

Si el presidente no propone esa “cuestión de confianza”, ¿por qué no la sugieren los grupos de la oposición? Ese sería un paso lógico, desde luego, más lógico que pedir la dimisión del presidente del Gobierno, o que se convoquen nuevas elecciones.

Y finalmente, está lo previsto en el artículo 113: la moción de censura. Como es una moción constructiva, es decir, que de aprobarse por mayoría absoluta se elige un nuevo presidente del Gobierno, últimamente no se ha usado por esas difíciles exigencias.

De nuevo nos encontramos con una concepción de la política que valora sólo “el poder a peso” -el automatismo de los votos de unos autómatas que dicen ser representantes de la soberanía nacional- , desdeñando las virtudes del debate parlamentario. Cabría recordar que Felipe González y Antonio Hernández Mancha, como líderes de la Oposición, defendieron -y perdieron- sus mociones de censura. Yo recuerdo que la opinión pública agradeció aquellos dos debates. Las instituciones parlamentarias funcionaron.

La cuestión de confianza no excluye que más adelante se plantee la moción de censura. Esa gradación introduce una prudencia que tiene que ver con el respeto y la confianza que merece la Justicia. Solventar la actual crisis, debida a las acciones de Bárcenas, no se logrará pidiendo dimisiones o la disolución de las Cámaras. También se pedían dimisiones y nuevas elecciones cuando Rajoy acusaba a Zapatero de otros posibles delitos, entre otros, recordemos, connivencia con los responsables de los atentados del 11-M. Nunca se presentó una moción de censura y tampoco aquel Gobierno planteó la cuestión de confianza. ¿Podemos afrontar las dificultadas de ahora con procedimientos de un tiempo distinto? Nunca nos equivocaremos si ante la duda, elegimos lo previsto en nuestras leyes e instituciones.