El desconcierto mediático

Hubo un tiempo en que a propios y extraños se les llenaba la boca afirmando que España era una democracia consolidada. Ahora se oye menos –o nada- ese tipo de afirmaciones. Hasta los primeros años de este siglo XXI la democracia en España funcionó bastante bien. Había habido cosas extrañas y preocupantes, como cuando se quiso dar por muerto a Montesquieu, con todo lo que eso significaba, o cuando se pensó que para acabar con el terrorismo valía todo. Consecuencia de lo primero fue una patente politización de la justicia, avalada por una polémica interpretación del artículo 122 de la Constitución que “parlamentarizaba” por completo el órgano de gobierno de los jueces. Era 1985 y yo permití escribir un largo artículo titulado “La Justicia ya no es un poder” -como proclamaba la rúbrica del título VI de la Constitución- y, de hecho, se volvía a la concepción del siglo XIX que, en vez de poder, se conformaba con referirse a “la Administración de Justicia”. Añadía allí que, evidentemente, una enorme mayoría de jueces era independiente, pero la extrema politización del CGPJ lastraba la independencia de éste; algunas asociaciones de jueces –que parecían fiel reflejo de algunos partidos políticos- contribuían al desconcierto.

Pero, más o menos graves, aquellos eran “incidentes de trayecto” que no impedían la creciente consolidación de la democracia en España. Se había creado una cultura política relativamente arraigada en la sociedad; las instituciones, desde la primera, eran respetadas, como lo eran los símbolos nacionales y el pluralismo era una realidad, sin que se pusiese en duda el valor del legado de la Transición, fundamento de todo el sistema. El Estado de Derecho era una realidad y la seguridad jurídica no tenía fisuras.

Sin embargo todo empezó a cambiar a partir de 2004-2005 cuando se impone el revisionismo a ultranza de aquel legado, se reproduce la división de los españoles, aparentemente reconciliados desde los años setenta, se resucita el “guerracivilismo” y se intenta imponer una política de exclusión de todo el centro-derecha español al que se le etiqueta arbitrariamente como “heredero del franquismo”. Este cambio esencial del paisaje político dio pie para que el nacionalismo, relativamente comedido y contenido hasta el momento –aunque sus propósitos a largo plazo fueran evidentes- pensara que había llegado el momento de quitarse las máscaras y elevar las apuestas hasta esa sin razón del soberanismo y la independencia. Todo eso sigue actuando y produciendo sus efectos deletéreos en la sociedad, prácticamente a diario y no se observa que vaya a tener lugar, en quienes están instalados en esas actitudes, un necesario cambio de rumbo. Más bien, al contrario.

Pero lo que ha agravado la situación hasta lo insoportable, es lo que podríamos denominar la hipermediatización de la política. Doy por reproducido aquí lo que escribía en esta columna la semana pasada, acerca del papel de la prensa en una democracia. Pero aquí nos encontramos en una situación en la que algunos medios se han atribuido una patente de corso que les ha convertido en punta de lanza de una evidente campaña que intenta hacer dimitir al Presidente del Gobierno. Todo vale para ese objetivo, hasta las más vulgares patrañas, como hacer circular euros cuando todavía no existía la moneda única. Tampoco les importa mucho porque lo que se desea es que funciona la vieja máxima del “calumnia, que algo queda”. Es penosa, además, esa moda suicida y lamentable de descalificar en bloque a los que se llama “la clase política”, como lo es el afán irresistible de atacar al Gobierno, porque sí, porque intentar entenderlo o defenderlo no es “progre”.

El caso es que mientras un juez investigaba el origen de los ya famosos 48 millones de euros que el encarcelado delincuente tenía en Suiza, los “buenos oficios” de su mejor abogado defensor, que no es ningún letrado sino el periódico que se ha convertido en su portavoz, ha conseguido que se abra la investigación por la supuesta financiación ilegal del PP, de la que no hay ninguna prueba fehaciente, salvo las insidias y mentiras de delincuente y portavoz.

Lo más triste es comprobar cómo otros medios –salvo honrosas excepciones- sin distinción de colores u orientaciones, se han sumado encantados al alboroto, sin el menor asomo de responsabilidad social, contribuyendo al desconcierto de la opinión pública, que es seguramente el dato más significativo del momento. Es bochornoso el espectáculo bochornoso que dan algunas tertulias de televisión y radio en las que algunos personajes –que ahora ya no se suelen titular “periodistas” sino “analistas”, y no quiero ahondar en esa denominación- exhiben sin la menor vergüenza sus ignorancias; si tales tertulias se conservan íntegramente en los archivos, producirán el asombro de futuros investigadores de los contenidos audiovisuales. ¡Qué nivel! “Yo no sé nada de economía, pero…”. Y el autoconfesado ignorante de la materia se pone a pontificar hasta que algún otro “enterado” le hace callar con sus gritos.

En honor a la verdad, algunos de esos tertulianos, más bien pocos, a los que admiro, salvan el género intentando introducir un poco de sensatez. Pero pierden el tiempo, porque en ningún sitio es más patente que en las pantallas de televisión (en el plasma, como dicen ahora los cursis) la realidad de aquel otro viejo aforismo según el cual “la ignorancia es atrevida”. Tertuliano que se precie, cualquiera que sea su color político, si es que tiene alguno, será más reconocido y reclamado si se distingue por sus críticas al Gobierno y, sobre todo, a Rajoy. No participar en la cacería decidida desde el periódico-portavoz equivale a excluirse del “circuito de los enterados” y reconocer que no se está al día. Pero Rajoy está a lo suyo, que es sacra a este país de la crisis, y cuanta con algunas virtudes políticas fundamentales: prudencia, temple, resistencia y no entrar al trapo de los titulares escandalosos. Está muy por encima del circo mediático.

No menos decepcionante es la actitud de la oposición socialista y, especialmente, de su presunto jefe Rubalcaba, empeñado en llevar como del dogal al Presidente del Gobierno hasta el Congreso de los Diputados, ya mismo, con ese farol absurdo de la moción de censura como amenaza. Rajoy sabe muy bien lo que es la democracia parlamentaria, de la que extrae su plena legitimidad, y claro que irá al Congreso, pero como en cualquier país serio y como Presidente del Gobierno que es, escogerá el momento que le parezca más adecuado y conveniente -de acuerdo con los intereses generales y con su propia dignidad- que no tiene por qué coincidir con los caprichos del desorientado Rubalcaba, que tanto pacta como pide la dimisión del Presidente. Hasta Felipe González le ha advertido que si persiste en la ahora evidente colusión con el periódico-portavoz del delincuente se pensará hasta su militancia en el PSOE. Además, ¿a quién va a poner de candidato a la presidencia en la moción de censura, supuesto que en su partido, son muchos los que le rechazan? Quizás tendría que pensar que una solución sería proponer al encarcelado Bárcenas, el hombre del momento o, quizás, al director del periódico-portavoz. Así se evitaría él el inevitable revolcón personal.