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Militancia y Tribunal Constitucional

Manuel Sánchez de Diego
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msdiegoucmes/7/7/11
lunes 22 de julio de 2013, 20:46h
De repente se ha abierto la veda para disparar sobre toda institución del Estado que se precie. Cierto que no es necesario tener en vigor la licencia de caza de cada Comunidad Autónoma, por lo que no habrá ningún bermejo que sea cesado por disparar a donde no debiera.

Ahora la pieza a cobrar es el Presidente del Tribunal Constitucional. El pecado que ha cometido es que tiene o ha tenido carnet del PP.

En este sentido la nota que ha emitido el Tribunal Constitucional es impecable y coincide al 100% con lo que explicamos en la Universidad sobre las incompatibilidades de los magistrados del Tribunal Constitucional. Un magistrado del Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial y, en relación, con los partidos políticos es incompatible en dos facetas: realizar funciones directivas o trabajar en el partido o sindicato. Esto significa que un magistrado del Tribunal Constitucional puede mantener el carnet de un partido político o sindicato, salvo que previamente fuese un magistrado o juez del Poder Judicial que no podría tenerlo por pertenecer al Poder Judicial. Es razonable que la incompatibilidad sea diferente entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional. En este último caso el cargo es por un plazo determinado de 9 años, mientras que los otros jueces y magistrados lo son hasta llegar a la jubilación

Llama la atención la ignorancia de uno de los grandes periódicos en papel de este País. Seguramente no reconocerá su error, pero confundir un magistrado constitucional con un magistrado o juez del Poder Judicial es motivo para ser suspendido en las aulas universitarias. La opinión pública también tiene derecho a suspender al medio al que su ideología le nubló la razón. Y no tenemos dudas de que la quiebra de la confianza del público es más grave que la quiebra económica.

La cruzada contra el PP sigue en la calle y en los medios. Se trata de mantener el espíritu de una oposición combativa. La deslegitimación de quienes ocupan altos cargos es una estrategia para desestabilizar los poderes del Estado. En algunos casos hay razones para la indignación, en otros, como es éste, es una burda maniobra política.

Manuel Sánchez de Diego

Abogado y Periodista. Profesor de la UCM

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