Magistrados del Constitucional y política

La polémica que ha saltado estos días por la antigua militancia, hasta 2011, del Presidente actual del Tribunal Constitucional, nos sitúa, creo, ante un panorama bastante más complicado cuando lo extendemos tanto al resto de los miembros de dicho Tribunal. Si extendemos luego la mirada al Consejo General del Poder Judicial, ya es de número el poder asignar las adscripciones. Si vamos a los órganos reguladores, ya no les cuento, se sabe de antemano el resultado de las cuestiones polémicas. Si continuamos mirando a otras ¿“Instituciones”?, como los Consejos Consultivos el resultado es doblemente penoso ya que en muchos, muchísimos de ellos, se aúnan la directa militancia con la ignorancia, siendo ya uno de los organismos a suprimir siquiera sea por salud democrática y del Estado de Derecho. y si miramos a las Instituciones Jurídicas de nuevo cuño, especialmente autonómicas, todas tienen desde los órganos de control hasta los de ejecución más técnica, totalmente invadidos sus órganos por la infiltración política, e igualmente nuestros nombramientos de Jueces Internacionales, sea en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sea en el Tribunal General de la Unión Europea. Nada se salva.

Nada se salva de la más completa dominación política que infeudaliza la sociedad como si volviéramos a una nueva Edad Media en que ahora los Barones, marqueses, señores, fueran los dirigentes políticos. Sin conciencia alguna, los decisores, siempre barones o simplemente hidalgos políticos regionales, toman a conciencia la decisión equivocada para la Institución pero salvífica para ellos y su partido: nombrar al más obediente y comprometido, aunque no sepa una palabra de lo que tiene que hacer y aunque no conozca ni de lejos lo que está haciendo. Su papel no es otro que el de perro guardián, de forma que normalmente las decisiones las toman los técnicos pero cuando hay que adoptar un criterio de interés para el partido o sus barones, pues entonces se hace.

La colonización de las Instituciones y de las Administraciones Públicas por los Partidos, es exactamente el epicentro de la corrupción. Si hubiera meritocracia, nos encontraríamos con un contrafuerte que impediría muchas veces realizar el atropello de la Ley, la indignidad contraria a Reglamento, y surgiría un país con unas Instituciones con personalidad, fiables, confiables, y al final, seguras.

Eso exactamente es lo que hay que recuperar: la meritocracia. Es la base misma de una sociedad que logra con su esfuerzo, sacrificio y trabajo sacar adelante las cuestiones y los problemas diarios y no, como ahora, que lo que hay es siempre una devoción (la vieja “DevotioIberica” que ya describió Ramos Loscertales) en que abrazados de rodillas a las del jefe, se hace lo que este quiere.

A ello contribuye una ideología que parte de que “Montesquieu ha muerto” y que por tanto el Estado de Derecho puede arrumbarse por la Democracia. Eso es letal. Y quien quiera aprender de la Historia, le recomiendo un libro de un autor de izquierdas, pero bien consciente y sensato, esto es , no sectario, Postguerra: una historia de Europa desde 1945 donde puede aprenderse cómo se destruyeron en el Este de Europa las Instituciones (y las personas, mil veces con su propia vida) y cómo las potencias occidentales miraban a otro lado.

Y todo ello, desde luego, por no permitir la voz independiente, necesariamente disidente en ocasiones, con el poder. Disidencia que puede venir de un reparo técnico, de una advertencia de legalidad, en fin, de la propia Economía, todo ello, mirando siempre al Estado de Derecho, que es el gran programa de recuperación y que hoy por hoy es un desiderátum.

Encajar Democracia con Estado de Derecho es el desafío de nuestros días, pero si se consigue, que no quepa duda de que todo nuestro país se recupera