La transparencia financiera de los partidos políticos: Una asignatura pendiente

Los Partidos políticos españoles tienen todavía bastante que mejorar en cuanto a transparencia, y más concretamente en cuanto a la transparencia relativa a su financiación; ello se ha vuelto a evidenciar en el reciente Informe del GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) con el que este organismo ha vuelto a sacar los colores a los Partidos políticos de ese país por su escasa transparencia financiera.

Cabe recordar que el GRECO es el organismo del Consejo de Europa dirigido a combatir la corrupción; está integrado por cuarenta y cinco países europeos y Estados Unidos, y su principal objetivo es impulsar la capacidad de sus estados miembros para luchar contra la corrupción. Este organismo ya hizo un primer informe sobre la transparencia financiera de los Partidos políticos españoles en 2009, en el que puso de manifiesto una serie de problemas e insuficiencias, realizando un nuevo informe en 2011, en el cual expresó el escaso cumplimiento de sus recomendaciones anteriores por parte de las organizaciones políticas españolas, instando a las mismas a tomar una serie de medidas subsanadoras.

Pues bien, la realidad es que en este tercer informe (publicado en julio de 2013) se vuelve a poner de manifiesto que la transparencia en la financiación de estos Partidos sigue siendo una importante asignatura pendiente, ya que la mayor parte de las recomendaciones que se hacían en el anterior informe no se han cumplido, y ya es hora de que estas organizaciones políticas (y sus grupos parlamentarios legisladores) asuman estas recomendaciones y las lleven a cabo de forma urgente, para así poder saldar ese déficit informativo que se evidencia en dicho estudio.

Cabe recordar que en España la Ley 8/2007 sobre Financiación de Partidos políticos, fué modificada por la Ley 5/2012 de 22 de octubre, suponiendo ésta un cierto avance respecto a la ley anterior, ya que entre otras cosas se redujeron las cantidades de recursos públicos asignados a la financiación de los Partidos políticos, se introdujeron normas para aumentar el nivel de transparencia en las aportaciones recibidas (por ejemplo las superiores a 50.000 euros y las de los bienes inmuebles), y se impusieron ciertas obligaciones en cuanto a la información a reportar por el Tribunal de Cuentas; en todo caso, y a pesar de estas mejoras todavía queda un largo camino por recorrer en cuanto a la transparencia, el detalle y la puntualidad informativa sobre la financiación de los Partidos.

Haciendo referencia a sus propuestas concretas, el GRECO había recomendado, en primer lugar, tomar medidas para garantizar que los préstamos concedidos a los Partidos políticos no eludiesen las regulaciones legales de este tipo de financiación, lo cual, según se concluye en el reciente informe de este organismo, sólo se ha cumplido parcialmente. Por otra parte, este organismo recomendó tomar medidas para aumentar la transparencia de los ingresos y gastos de los Partidos políticos a nivel local, así como de las entidades relacionadas directa e indirectamente con los propios Partidos, o que estuvieran de alguna forma bajo su control; después del correspondiente análisis de las normas y medidas adoptadas en España, el informe evidencia que esta recomendación no se ha llegado a cumplir adecuadamente.

Una tercera recomendación del GRECO radicaba en establecer un formato común para las cuentas y la información económico-financiera de los Partidos, ello con el fin de garantizar una cierta consistencia y comparabilidad inter e intra, es decir, entre los diferentes Partidos, y de cada uno de ellos a lo largo del tiempo; pues bien, también se concluye que esta recomendación permanece parcialmente incumplida. Este organismo recomendaba asimismo tomar medidas para mejorar el sistema de auditoría interna de los Partidos políticos, con el fin de garantizar la independencia de este tipo de control, lo cual, según el informe no se ha llegado a realizar satisfactoriamente. En cuanto a la recomendación de aumentar los recursos financieros y personales destinados al Tribunal de Cuentas para mejorar y hacer más eficaces sus tareas de vigilancia y control de la financiación de los Partidos, el dictamen considera claramente insuficientes los recursos destinados por el Tribunal de Cuentas a tal efecto.

Por último, el GRECO recomendaba establecer claramente un conjunto de infracciones de las normas legales sobre financiación de los Partidos, así como la correspondiente creación de sanciones efectivas y disuasorias para dichas infracciones; aunque el organismo reconoce algunos avances normativos en esta materia (a través de la Ley 5/2012), viene a indicar que no se ha previsto un régimen de sanciones para los donantes, ni están reconocidas todas las posibles infracciones en este ámbito, siendo igualmente insuficientes las sancionen previstas.

En resumen, parece evidente que los Partidos políticos españoles deben mejorar, entre otras muchas cosas, su nivel de transparencia financiera, y deberían hacer un esfuerzo sustantivo y urgente para llegar a cumplir las recomendaciones y los estándares de transparencia que les pide no sólo ese importante organismo internacional contra la corrupción, sino también los propios ciudadanos y la sociedad española.