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INDULTOS COMO ARMA DEL PODER POLÍTICO

“Sin una división de poderes potente como base, la democracia se nos desmorona”

miércoles 07 de agosto de 2013, 17:19h
Desde 1996 se han concedido 1,6 indultos al día, según la investigación desarrollada por la Fundación ciudadana Civio a través de su iniciativa El Indultómetro. La medida de gracia es, según la normativa, una medida excepcional que, sin embargo, se aplica con cierta asiduidad en España reflejando la injerencia del poder ejecutivo en el legislativo.
Según la Real Academia Española, excepcional es aquello “que se aparta de lo ordinario, o que ocurre rara vez”. La lógica dice, por tanto, que algo que sucede 1,6 veces al día no puede ser excepcional. Esa es la frecuencia con la que los sucesivos gobiernos españoles han concedido indultos desde el año 1996, una medida que se entiende como excepción a la ley, como singularidad a la condena firme de un tribunal sobre la persona que ha cometido un delito, pero a la que el poder ejecutivo ha recurrido 10.158 veces en los últimos 17 años.

Las relaciones entre la esfera política y la judicial, a las que la Constitución confiere garantía de independencia, están siendo últimamente diana de interrogantes a raíz de la polémica sobre la recién aireada afiliación al Partido Popular del magistrado Francisco Pérez de los Cobos, actual presidente del Tribunal Constitucional. Sin embargo, perderse en el debate sobre la inconveniencia de que la cabeza del supremo intérprete de la Carta Magna sea militante de uno de los partidos políticos mayoritarios sería, probablemente, quedarse en la superficie del asunto.

La injerencia del poder político en el judicial viene sucediéndose “de forma masiva” desde el inicio de la democracia en España y queda patente en la continuada concesión de indultos. Así se concluye tras revisar el titánico trabajo de recopilación y análisis que la organización ciudadana sin ánimo de lucro Civio ha volcado su proyecto El Indultómetro. Según los datos recopilados en su investigación, desde 1996 se han concedido en España 10.158 indultos, una media de 600 al año y sin que el partido en el Gobierno (PSOE o PP, según el periodo) influya hacia arriba o hacia abajo en las cifras de cada fecha.

“La relación entre el poder político y el judicial es demasiado intensa en este país y es verdad que si no tenemos una división de poderes potente como base, el resto de la democracia se nos desmorona”, advierte Eva Belmonte, una de las coordinadoras de El Indultómetro, durante una charla con este diario.

Una ley provisional de siglo y medio
Desde su redacción original, la Ley para el ejercicio de la Gracia de indulto supone una injerencia del poder ejecutivo en el judicial. Sin embargo, el objetivo inicial de este conjunto de reglas se ha ido pervirtiendo con el tiempo. Y ha pasado mucho tiempo.

La Ley de indulto es un texto que se redactó de forma “provisional” en 1870 como bálsamo para normativas que resultaran excesivamente estrictas al aplicarse en casos concretos, definidos y excepcionales. Aunque durante la II República se modificó el texto, el franquismo regresó al original de finales del siglo XIX y así se ha mantenido, con una ínfima –y podría decirse que retrógrada- variación en el año 88, hasta hoy.

“En 1988 el PSOE, además de algunos cambios técnicos de nomenclatura, introdujo un apartado que eliminaba la obligación de que un indulto fuera un decreto motivado”, explica Belmonte y aclara que, desde entonces, el Gobierno de turno no tiene que justificar públicamente la concesión de los indultos. “La única vez que se ha modificado ha sido para peor, para hacerla más opaca”, denuncia.

Desde Civio denuncian que los indultos se han convertido en “un parche” para no meter mano al Código Penal. Para Eva Belmonte resulta significativa la cantidad anual de indultos que se conceden en delitos relacionados con drogas: 2.842 desde el 96. “Si hay tantos indultos por delitos contra la salud pública, quizá es que el código penal es demasiado estricto en este sentido”, expone y sugiere que “en lugar de poner un parche, que es lo que es al final un indulto, igual habría que cambiar la norma”.

Arma política
El periodo entre enero de 1996 y febrero de 2013, fechas que abarca el análisis de Civio, comprende dos Gobiernos populares –las dos legislaturas de Aznar entre 1996 y 2004 y la actual de Mariano Rajoy- y el socialista de Zapatero (2004-2011). No hay diferencias significativas en cantidad de indultos concedidos en las diferentes épocas –a excepción del pico registrado en el año 2000 debido al ‘indulto del milenio’ del entonces ministro de Justicia Ángel Acebes, que aplicó a más de 1.300 presos, entre ellos el juez Javier Gómez de Liaño-.

“Si analizas año a año, todos los gobiernos, de todos los colores, han concedido indultos de una manera masiva y todos los han concedido a delitos que nos pueden parecer muy llamativos, como por ejemplo delitos de torturas o malversación, o delitos contra la seguridad del tráfico con muertos”, ilustra Belmonte.


Indultos anuales concedidos entre 1996 y 2013 (Fuente: CIVIO)


Uno de los casos más paradigmáticos en este aspecto es el de los sucesivos indultos que han privado al ex número dos del Santander, Alfredo Sáenz, de la experiencia de pasar por prisión. “Todos han querido salvarle el culo, desde Zapatero antes de irse como última medida, hasta Rajoy cuando llegó inmediatamente después”, recuerda Belmonte y expone que “ciertas personas relacionadas con el mundo político de la manera que sea han recibido ese trato de favor de todos los Gobiernos”.

Según el análisis de los datos recopilados del BOE, Belmonte considera que muchos casos de indulto, “sin entrar a valorar si debería haberse concedido o no, como mínimo no son ejemplares”, y menciona las medidas de gracia otorgadas “a los funcionarios de la propia Administración, a banqueros o a empresarios que han estado relacionados con algún político”.

En este sentido, Belmonte reconoce que la Ley de Transparencia “acabaría con los indultos a banqueros si fuera una ley de transparencia de verdad”. La coordinadora de Civio echa en falta que el texto, aprobado ya en el Congreso, no obligue a publicar “con qué bancos tienen los partidos políticos sus créditos, a qué interés o si les han anulado préstamos o les han perdonado deuda”, razón por la que, según la plataforma, el poder político adquiere compromisos con la banca que pueden llegar a cobrarse en favores judiciales.

Para Belmonte, “el problema es que hay un agujero” en la división de poderes. “Con el indulto, el gobierno tiene el poder de meter mano en el judicial y, obviamente, le interesa mantener ese poder, así que no hace nada para cambiarlo”, indica para criticar la actitud de los partidos políticos que, cuando están en la oposición sí han planteado propuestas para modificar la Ley de indulto pero que “cuando llegan al poder, nunca la reforman”.

Delitos de funcionarios, malversación y prevaricación, los más indultados
Los números son objetivos, sí. Pero también tienen varias lecturas. Cada año, la cifra de indultos a delitos contra la salud pública –normalmente por menudeo de drogas- destaca por encima del resto. Es cierto. De los 10.158 indultos concedidos entre 1996 y 2013, 2.845 fueron a delitos de esa naturaleza, seguidos de cerca por los 2.005 que se otorgaron a condenados por robo. En términos absolutos, es así. Sin embargo, es importante tener en cuenta que trapicheo con drogas y robos son los delitos por los que más condenados hay cada año, luego es lógico que sean también los más indultados.


Top 10 categorías de delito según el código penal con mayor porcentaje de indultos respecto a condenados para el periodo 2007-2010 (Fuente: CIVIO)


Mirándolo desde otra perspectiva, ¿qué crímenes son los que más se indultan? ¿Cuáles tienen un índice más alto de indulto en relación al número de condenas anuales? Haciendo esta relación el dato es significativo: de los cuatro delitos que más se indultan en porcentaje sobre condenas, tres de ellos están vinculados con cargos públicos. Los delitos cometidos por funcionarios públicos contra la libertad individual (por ejemplo, detenciones preventivas que sobrepasan el tiempo máximo legal), la prevaricación y la malversación ocupan el primer, tercero y cuarto puesto respectivamente. Junto a los delitos contra el medio ambiente –en segunda posición del ranking- constituyen los delitos de los que es más fácil conseguir un indulto para un condenado.

“Lo más fácil es, pues, que el poder ejecutivo se indulte a sí mismo”, resume Belmonte.

Vea aquí la lista de los 20 indultos más destacados desde 1996.
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