Un juicio justo en el caso Oswaldo Payá

Las declaraciones de Ángel Carromero a la prensa española cambiando su versión sobre la muerte del disidente cubano Oswaldo Payá están provocando reacciones internacionales cada vez de mayor calado. Payá fue el principal organizador del Proyecto Varela entendido como una campaña no violenta para superar el sistema comunista de los Castro. Su fallecimiento se ha considerado como el mayor revés para articular una transición pacífica de Cuba hacia un nuevo sistema democrático.

El juicio de La Habana contra el conductor del vehículo donde viajaba Payá, el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, no fue más que un acto de transacción diplomática donde el joven político español hubo de confesarse culpable del accidente para poder escapar de la Isla, y en el que el régimen castrista arañó ventajas políticas, entre otras ser exonerado de la muerte del disidente que tanto odio suscitaba en el castrismo. Cualquiera que haya viajado a Cuba fuera de los circuitos estrictamente turísticos, habrá sufrido en sus carnes la encarnizada vigilancia de las autoridades que convierten el país caribeño en un poco menos que asfixiante campo de concentración. Desde esa experiencia es absolutamente creíble que los movimientos de Oswaldo Payá y Harold Cepero, el otro disidente fallecido, estuviesen estrechamente sometidos a control y persecución.

Lo que no parece lógico es que las nuevas declaraciones de Ángel Carromero que incriminan al régimen cubano en un homicidio calculado de ambos disidentes, se hayan realizado en la prensa y no en un tribunal de justicia. Así acaba de plantearse en Naciones Unidas a través de la nueva embajadora de Estados Unidos en la ONU, quien exige al canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, investigar a través de un juicio justo la muerte de los dos activistas. Algo que obviamente no llevarán a cabo las autoridades cubanas. En la misma dirección se ha pronunciado la Unión Europea (UE). Dado que Oswaldo Payá poseía la nacionalidad española resulta chocante que Ángel Carromero no haya puesto el caso en manos de las autoridades judiciales competentes. Más que primicias periodísticas, cabe esperar de un joven político que ponga en marcha los mecanismos que desemboquen en un auténtico juicio justo que la familia Payá se merece.