Corrupción y dimisiones en la República Checa

Los problemas de grave corrupción política pasan factura en distintos países europeos, el último de ellos la República Checa, donde el actual Ejecutivo se ve abocado a convocar nuevas elecciones tras ocupar el poder el escaso plazo que va de finales de junio a hoy. Los escándalos políticos han adquirido unas proporciones inauditas donde se entrecruza el tráfico de influencias con los sobornos y el espionaje.

Ante esa circunstancia, ya tuvo que dimitir en junio pasado el primer ministro Petr Necas y ahora le toca el turno a su sucesor Jiri Rusnok. La cultura de la dimisión se ha puesto en funcionamiento de forma análoga a otras democracias occidentales. No es necesario que las investigaciones en curso hayan desembocado en un proceso judicial y en condenas firmes de los tribunales para que los gestores purifiquen el irrespirable clima político. Las actuaciones de la Policía Anticorrupción checa han conducido al registro de sedes del Gobierno, a la detención de ocho altos cargos políticos y a la incautación de 150 millones de coronas checas y lingotes de oro, todo lo cual augura una odisea penal cuyo alcance todavía hoy se desconoce. Pero no es preciso que ésta culmine señalando las distintas culpabilidades para que la responsabilidad política haga inviable la continuidad en el poder de los actuales dirigentes obligándoles a la renuncia voluntaria.

La ética de la responsabilidad política es una pieza fundamental en los valores de un orden democrático. Y el Parlamento no es un tribunal de justicia. No hay que ser culpable judicialmente para ser responsable de una circunstancia política. Si este principio hubiera regido desde el primer momento en el caso checo y las dimisiones hubieran comenzado al detectarse los primeros síntomas de corrupción, este país de la Europa central no habría llegado a la laberíntica crisis institucional que ahora afronta.

Una lección a tener en cuenta en similares casos de corrupción en sistemas democráticos, donde la ética de la responsabilidad y la cultura de la dimisión a tiempo no deben verse como una catástrofe, sino como el mejor mecanismo para conjurar males mayores que comprometan no a las personas sino a las propias instituciones.