Las mentiras en sede parlamentaria

Rosa Díez acaba de adelantar que su formación Unión para el Progreso y la Democracia (UPyD) va a realizar una propuesta en el Congreso de los Diputados para que las mentiras dichas en sede parlamentaria sean consideradas un delito. Su idea -ha declarado- es crear un nuevo delito de perjuro. La ocurrencia de Rosa Díez viene envuelta en un aire de apariencia radical que aprovecha a su favor la corriente de opinión crispada por la interminable serie de noticias sobre corrupción frente a las que buena parte de la clase política se está poniendo de perfil o denunciando únicamente la que afecta a su adversario ideológico, sin entrar nunca en el fondo de la cuestión. En este clima cada vez más irrespirable, Rosa Díez parece haber calculado: ¿quién se va a oponer a que se castigue la mentira en el Parlamento nacional?

En realidad, la ocurrencia de UPyD delata un profundo desconocimiento -o un intento de manipulación-, de la esencia del parlamentarismo. El Congreso de los Diputados no es un Tribunal de Justicia ni puede operar con la metodología del poder judicial. Menos aún se pueden someter los debates políticos a una judicialización donde la Judicatura tuviese que abrir un proceso cada vez que un grupo parlamentario estime que su contrincante estuviese faltando a la verdad. ¿Podemos imaginar un procedimiento más kafkiano e inoperante que aquel que llevase innumerables intervenciones parlamentarias a la investigación de jueces, fiscales y abogados defensores? ¿Puede pensarse en un método más efectivo de conculcar la separación de poderes? Cabe esperar de nuestros dirigentes políticos que piensen dos veces sus iniciativas y eviten alentar la crispación ya existente con propuestas populistas e ineficaces que dan más la sensación de querer acaparar titulares que de utilizar los grandes recursos que posee la discusión parlamentaria y el poder legislativo.