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Reforma Administración Local (III): Ahorro Sí, pero No el deseado

martes 27 de agosto de 2013, 20:32h
La nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local es buena, sí, pero le hace falta una segunda parte, que espero que pronto llegue, en lo referido al ahorro en el gasto público.

Habiendo analizado previamente el respaldo que se ha dado a las Diputaciones provinciales y a los municipios con la aprobación de la nueva reforma de la Administración Local, ahora toca adentrarnos en las cifras de ahorro previstas con la nueva ley.

Como toda gran reforma, persigue ambiciosos objetivos, en este caso, eran 3 los objetivos que podíamos reseñar:


  • Ahorro de dinero para la Administración

  • Definir el cuadro competencial de cada nivel administrativo

  • Reducir la burocracia y los tiempos de espera, para mejorar la eficiencia en las gestiones de los ciudadanos en la Administración.



Los dos últimos objetivos señalados, quedan resueltos inicialmente con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El objetivo de “ahorro de dinero para la Administración” es el que más controversia está generando, y personalmente, el que más pesimista me hace ser.

Las previsiones calculan en ahorrar hasta 37.700 millones de euros con esta reforma. Analizando de dónde obtiene el Gobierno este ahorro, podemos sacar las siguientes conclusiones:


  • 17.000 millones no son ahorro propio de la Administración, sino que son menores costes directos para el ciudadano en sus gestiones con la Administración Pública. Se conseguirán menores papeleos y tiempos de espera, eliminar burocracia… pero no reduciremos el gasto público.

  • Otros 8.000 millones hacen referencia a medidas ya adoptadas en la racionalización del gasto, las cuales ya sirvieron para reducir exitosamente el déficit desde niveles cercanos al 9% hasta el 6% actual.

  • Los 16.700 millones restantes si serían de ahorro de dinero público para la Administración con un matiz a tener en cuenta, ese ahorro es trianual, es decir, la reducción anual de gasto sería de 5.600 millones de euros.



Con todo esto no quiero decir que la ley no me guste, todo lo contrario, me gusta, era necesaria e imprescindible su adopción. Hacía falta desde hacía mucho años, una clarificación de las competencias entre las diferentes Administraciones del Estado y una búsqueda de la eficiencia en el desempeño de las funciones públicas ejercidas por el Estado. Con esta nueva ley, esto se consigue satisfactoriamente.

Pero esto no mitiga mi pesimismo a la hora de cumplir el tercer objetivo, ahorro gasto público, ya que no se acomete el adelgazamiento necesario en la Administración, que no es otro que el referido a empresas pública y Comunidades Autónomas.

Estoy convencido que veremos pronto una segunda parte de la ley, en la cual se aborde la reforma estructural de la Administración, eliminando sustancialmente empresas públicas, no fusionándolas, y centralizando competencias, de las CCAA al Estado, con lo que lograr una mayor eficiencia (mismo desempeño con un menor coste) y unas mayores economías de escala a nivel nacional.
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