Portugal: la política dirigida por el poder judicial

La intromisión de unos poderes del Estado en las competencias de otros poderes de ese mismo Estado produce un cortocircuito de consecuencias paralizantes. Un ejemplo patente nos lo vienen ofreciendo las últimas intrusiones del Tribunal Constitucional de Portugal al fiscalizar decisiones políticas, lo que bloquea el desenvolvimiento lógico del país conforme a los votos depositados en las urnas. Ya el pasado mes de abril, el alto Tribunal declaró ilegales impuestos estipulados por el Gobierno luso, así como recortes orientados a equilibrar la descompensada balanza económica portuguesa. Las argumentaciones políticas del Tribunal desconcertaron a un país en el trance de un rescate financiero y liderado por un Ejecutivo recién avalado en unas elecciones generales.

El mismo Tribunal Constitucional acaba de descargar un segundo mazazo sobre las determinaciones gubernamentales al anular las leyes promulgadas para aligerar a la nación de un exceso de empleados públicos. Estamos ante una resolución que responde a los programas de los partidos de izquierda que perdieron en los comicios y que agarrota la capacidad de maniobra del Gobierno y sus acuerdos con la Unión Europea. Una intervención de estas características va abocando a Portugal hacia un callejón sin salida exasperante. Pero, sobre todo, es una intromisión en las competencias del poder ejecutivo y en el ámbito del legislativo.

La crisis está sacando a la luz en algunos países europeos graves defectos en el funcionamiento de las instituciones que en época de bonanza pasaban inadvertidos bajo el auge económico. Uno de los más dañinos para el desarrollo democrático, es no respetar escrupulosamente la separación de poderes. Mala cosa es dejar a un lado a Montesquieu pues trae consigo una peligrosa factura institucional que todo el país termina pagando. Da igual la politización de la justicia que la judicialización de la política ya que ambas crean un mundo al revés inmanejable. En el caso portugués, un solapado gobierno de jueces puede atar de pies y manos las medidas económicas que saquen al país de la crisis.