El ejemplo británico frente a la secesión

Las expectativas secesionistas de Escocia en relación al Reino Unido se derrumban conforme se acerca la fecha del referéndum acordado con Londres y previsto para el otoño de 2014. La esperada -y temida- agitación política del nacionalismo escocés se ha visto desactivada y reconducida a un pobre apoyo popular que, día a día, se ve más reducido a una minoría de escasa influencia política. Cabe recordar que la secesión de Escocia adquirió hace años visos de poder consumarse tras los éxitos electorales de Scottish National Party (SNP), que logró aglutinar a una mayoría en el Parlamento regional de Edimburgo favorable a la fractura de la unidad británica. Algunos sondeos de 2008 cifraban en un 41 % los votantes que respaldaban la opción secesionista, en una aparente tendencia al alza bajo la acción del líder escocés Alex Salmond. El año pasado esa cifra se había reducido al 29 %. Ahora se ha constatado que en el presente año la posición contraria a la ruptura sigue aumentando hasta consolidarse hoy en un 59 % de electores manifiestamente en contra.

Sería bueno tomar nota sobre el modo en que el Gobierno británico ha cogido las riendas de la situación. Podría haberlo intentado desde una perspectiva jurídica -desviando el problema a los tribunales de justicia, donde habría ganado en términos legales-, pero ha preferido afrontarlo mediante una iniciativa política muy pragmática y con resultados mucho más efectivos que los logrados ante cualquier tribunal. A través de un riguroso comité parlamentario ha hecho examinar los efectos concretos de la secesión en la vida diaria de los ciudadanos escoceses. Frente a la agitación populista, los expertos han determinado que, de triunfar la secesión, el nuevo estado habría de renegociar más de un millar de tratados con resultados inciertos. Para empezar, se produciría una inmediata e inapelable salida de Escocia de la Unión Europea (UE), después de haber estudiado escrupulosamente los tratados y los precedentes de Groelandia, Argelia y la RDA.

A partir de ahí se han explorado las consecuencias demoledoras que la secesión tendría en otros ámbitos, como la circulación de personas, aduanas, mercados de valores, deuda externa o prestación de servicios. Con este conjunto de datos independientes en la mano, las formaciones opuestas a la secesión han realizado una ofensiva política que ha desarmado a un nacionalismo radical cuyos apoyos se desmoronan mes tras mes, llegando prácticamente derrotado al referéndum que él mismo reivindicó. Diagnóstico que refleja fielmente los actuales sondeos demoscópicos.

Durante el amplísimo debate abierto en las islas británicas, se ha citado con frecuencia el caso de España y los estatutos de Navarra, el País Vasco y Cataluña, con un conocimiento muy exacto de nuestra situación. No sería mala cosa que, a la inversa, las formaciones políticas españolas hagan lo mismo frente al ejemplo británico. Estudiarlo y sacar consecuencias. El Partido Popular y la tradición internacionalista del socialismo deberían encontrar un punto de acuerdo con los demás partidos de ámbito nacional para sacar el debate secesionista en España del inseguro campo de los tribunales de justicia y alentar una iniciativa política conjunta que ponga las cosas en su sitio. En primer lugar ante la ofensiva soberanista en Cataluña que cobrará un nuevo vigor a raíz de la próxima Diada. Además de un argumento legal, se hace urgente un referente político, construido por los partidos de ámbito estatal y cultura ciudadana e internacionalista, en una cuestión que desestabiliza permanentemente las oportunidades del país y de todos y cada uno de sus ciudadanos.