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El nacionalismo catalán o la historia de un contrafactual

martes 10 de septiembre de 2013, 23:07h
Antes de nada, comencemos por despejar algunos equívocos elementales. En primer lugar, reconozcamos que el problema no viene –como sostienen los empresarios del poder nacionalista- porque en el resto de España se haya producido un ambiente hosco y una actitud distante o despectiva frente a Cataluña, en el supuesto –que yo no comparto- de que generalizaciones de tal envergadura y riesgo intelectual tengan algún sentido. Si acaso, es al revés. El problema no viene de que algunos catalanes –pocos o muchos, tanto da- no quieran ser españoles. La complicación reside en que una mayoría abrumadora de españoles quieren ser catalanes. O dicho de otra manera: en que demasiados españoles tienen dificultades para vertebrar su identidad sin Cataluña. Y esa, por cierto, es una de las razones por la cuales el caso español y catalán difiere del escocés e inglés, donde si había una identidad –la inglesa- claramente diferenciada antes de la unión de las dos coronas británicas en el setecientos. En todo caso, lo que es evidente es que el problema no es de desprecio, sino de aprecio por lo catalán. Por lo catalán como cultura, se entiende, incluida su lengua, naturalmente. De modo tal que –en segundo lugar- el catalanismo es reconocido como un movimiento, una manifestación cultural que la inmensa mayoría de los españoles civilizados aprecia como un elemento positivo y enriquecedor del acervo cultural común a todo el país: como algo propio, en suma.

Otra cosa, es el nacionalismo –catalán o serbocroata. El nacionalismo no es cultura. Es poder. Una manifestación política extremada y agresiva que no trae buenos recuerdos a ningún europeo porque, desde 1914, no ha hecho sino enfrentar, destrozar y devastar este continente. Y España no fue una excepción. ¿Qué otra cosa que nacionalistas fueron los vencedores de la Guerra Civil? Por eso, es muy difícil que ningún español demócrata, que ha salido arrepentido, cuando no escaldado, del nacionalismo españolista, vaya ahora a comulgar con otra variante de la misma estirpe, la catalana incluida.

Y no es extraño. El nacionalismo es un producto intelectual de tercera categoría que se alimenta de sobre-generalizaciones, predica con sujetos imposibles, compuestos de grandes agregados. De forma tal, que “Cataluña” y “España” pasan a revestirse de una suerte de naturaleza antropomorfa singular, disputándose, a modo de dos verduleras de la Plaza de la Cebada o de la Boquería, el género o, en su caso, unos impuestos, en los cuales el contribuyente pierde su naturaleza de ciudadano individual para convertirse en un sumando territorial. Y, claro, en esa cuenta, siempre hay territorios, ciudades, barrios o pueblos que pagan más que otros.

Un hecho que nos introduce en la primera de las falacias nacionalistas: “¡España nos roba!” Desde un punto de vista liberal, el impuesto es siempre una confiscación, perversa porque detrae recursos capaces de promover rentas generadoras de puestos de trabajo; una requisa justificable sólo en dosis muy reducidas, destinadas a sufragar, donde el mercado no alcanza, algunas necesidades públicas –pocas, pero imprescindibles y sumamente importantes. Desde un punto de vista socialdemócrata, por el contrario, el impuesto es un agente de redistribución e instrumento de igualdad. Por eso, desde esta perspectiva, la noción de balanza fiscal carece de sentido, en cuanto que es una operación matemática tautológica que viene a constatar lo obvio –y deseable desde un punto de vista izquierdista: que en aquellos lugares donde hay gentes con más recursos se pagan más impuestos. Sin la noción de que el tributo es individual –que no territorial- no hay redistribución posible. No la hay en España, en general, ni tampoco dentro de Cataluña. Otra cosa, claro, es que se introduzcan correctivos para reequilibrar una excesiva desviación territorial de rentas.

Dos perspectivas distintas que responden –como diría Isaiah Berlin- a dos valores apreciables en la naturaleza humana: la una favorece la oportunidad y descansa en la idea de responsabilidad individual; mientras, la otra, busca la igualdad y promueve la solidaridad. Sin embargo, ambas coinciden en un punto filosófico fundamental: parten de una noción de Polis como organización de ciudadanos individuales, libres e iguales. Porque la democracia, filosóficamente, y desde tiempos clásicos, consiste precisamente en la transformación -y destrucción- de los lazos tribales y territoriales para organizar nuestra convivencia política según el principio de ciudadanos individuales. Nuestra democracia, pues, comienza por “el descubrimiento” de uno mismo como principio de toda sabiduría, que escribía Aristóteles. Y es esa idea de individualidad la que protege nuestros derechos como personas y reconoce la diversidad y pluralidad de nuestras sociedades. Precisamente, lo que amenazan los nacionalistas. De forma tal –y aquí comienza el rosario de contradicciones de una interminable doble vara de medir- que aquello que reclaman, con razón, en el resto de España (el respeto e integración de la diversidad) lo niegan para –y dentro del- nuevo estado nacional en construcción.

Por ello, no debe sorprendernos que tanto liberales (preocupados por el individuo) como socialdemócratas (orientados hacia una igualdad universal) hayan tenido siempre serios problemas con la idea de nación. Sobre todo, con las tradiciones nacionalistas Völkisch de Blut und Boden. Afortunadamente, no ha sido esa nuestra tradición...por lo menos, hasta ahora. El milagro de las Cortes de Cádiz (o, para decirlo con más propiedad, el milagro de unas Cortes encerradas en Cádiz y quizá por ello más representativas de una ciudadanía hispanoamericana universal que de unos territorios) consistió en convertir un levantamiento tribal y territorial, xenófobo y fanático (en 1808), en un nacionalismo de ciudadanos (desde 1812). Nadie lo expresó mejor que un diputado de origen catalán: aquí no hay provincia –dijo Antoni Capmany en Cádiz- aquí no hay más que Nación; hay diputados por […]más no de.

Desde entonces –y en todas las constituciones españolas de orientación democrática (1812, 1836, 1869, 1931) hasta la actual (1978), la soberanía corresponde al pueblo español, a la ciudadanía en su conjunto. Un principio central y secular en la izquierda española (al menos, hasta que en 2004 lo abandonó el señor Zapatero, intercambiando ciudadanos por territorios, en una negociación estratégica con el nacionalismo secesionista). Por eso, resulta insólito que, frente al nacionalismo, el PSOE no haya proclamado dicho principio ciudadano y universalista a modo de proposición no de ley en el Congreso. Dicho esto, estamos, pues, en condiciones de deshacer otro equívoco y desmontar otra falacia nacionalista: nadie –o muy pocos- en España niega el derecho a decidir. Lo que se cuestiona es quién ha de hacerlo. Así pues, en la realidad –que no en la propaganda nacionalista- el debate no es sobre el “derecho a decidir”, sino sobre el demos; o cuál ha de ser el sujeto soberano: ¿todos los ciudadanos –como dice la Constitución- o una parte tan sólo, como postulan los nacionalistas? Y, de ser una parte, ¿qué parte? ¿Por qué no las provincias, por ejemplo?

Todo se puede hacer y reformar. Dentro de la legalidad. Dentro de la Constitución. Contraponer –como es del gusto nacionalista- votos a leyes, el derecho de la mayoría al principio de legalidad, que diría Napoleón III, es una idea plebiscitaria de la democracia. Una idea que no es la nuestra. Un atajo ilegal que acabará mal porque “los otros” también existen y a una acción sigue una reacción. En este sentido, una de las pocas cosas intelectualmente divertidas del pensamiento nacionalista es su proclividad al razonamiento contrafactual. La idea empieza por la curiosa resistencia de todos los nacionalistas que en el mundo han sido para comprender que el de enfrente también puede ser –desgraciadamente, creo yo- nacionalista. Y el argumento continúa con una proposición curiosa que, más o menos, responde a la siguiente formulación: “yo me separo, pero vds. –se entiende que el resto- no; quietos parados, donde estaban y sin moverse”. Es un caso de libro. Así, la comparación entre la realidad y una posibilidad imaginada induce o amplifica lo que los psicolingüistas llaman emociones contrafactuales. De modo tal que, a partir de una imaginación sin cortapisas, se pueden elaborar contrafactuales fantásticos que alteran arbitrariamente las propiedades ontológicas de ciertas entidades. Se trata, pues, de una elaboración especulativa de la realidad, que implica una alteración ontológica, o al menos muy improbable, del funcionamiento del mundo. Su uso está casi exclusivamente limitado a elaboraciones literarias como los mitos o la ciencia ficción y su función pragmática en contextos naturales de comunicación es nula.

Porque, desde Leibniz, sabemos que un determinado movimiento reordena todos los factores en juego. De modo tal que la lógica y la realidad de las cosas no funcionan como piensan los nacionalistas. Al contrario, nada ni nadie se queda quieto: las cosas y las gentes reubican sus posiciones en función de la nueva situación provocada por la acción de uno de los elementos principales en el tablero. Desde ese momento, el escenario es otro. Y todos buscan reacomodarse de manera ventajosa en la nueva situación. En este sentido, como era de esperar –aunque desde mi punto de vista sea lamentable- ya han empezado los movimientos en otras regiones y provincias (de Madrid a Valencia, pasando por Zaragoza) apostando a la deslocalización de capitales y empresas catalanas, vendiendo la idea de que fuera de España –y, por tanto, de la Unión Europea- hace mucho frio.

El gobierno británico ha calculado, con alguna flema no exenta de ironía, que una Escocia fuera del Reino Unido tendría que renegociar más de mil tratados internacionales. Para empezar, el Tratado de la Unión. Así son las cosas, como no podía ser menos. Y así es la normativa europea. Las autoridades de la Comisión lo han dejado dicho de una manera clara y tajante: una secesión conlleva la salida de la Unión, de modo tal que la nueva entidad deberá negociar la admisión, un proceso sujeto a la unanimidad de los demás miembros. Y, naturalmente, no será el único caso. Llegados a este punto, resulta divertido –si no fuera también patético- observar las contorsiones que hacen los nacionalistas para intentar obviar éste y otros dilemas inescapables de similar naturaleza.

Así las cosas, ¿podemos abrigar alguna esperanza de que una parte mayoritaria de los nacionalistas reorienten su estrategia en un sentido mínimamente racional? Sinceramente, no lo creo. Dudo incluso que ni siquiera el castigo y correctivo de la realidad les haga caer del burro. Sobre todo, porque para los políticos profesionales, la secesión –con independencia de sus costes para el común de la ciudadanía- les supone un considerable incremento de poder. Y, en todo caso, la comprobación con la realidad resultaría de un costo insoportable. En el terreno de la utopía, sólo se me ocurre un “experimento con gaseosa”, que diría el ensayista catalán: ¿no exigen los nacionalistas una selección de futbol catalana? Pues adelante, pero con todas sus consecuencias: fuera de la liga española y a jugar con el Mollerussa –un equipo muy respetable, pero que quizá no tenga la entidad del Madrid o del Valencia. Ese es el resultado de la secesión: el empequeñecimiento. En todo.

Dicho todo esto, los partidos con sentido y dimensión de Estado deberían dejar de parapetarse únicamente tras la Constitución. El problema no es sólo jurídico. Es político. Y son los políticos quienes han de proponer y articular propuestas conjuntas, juiciosas, ambiciosas e imaginativas, en la búsqueda de una salida política –y no sólo jurídica- que desmonte el falaz, pero poderoso binomio, del “derecho a decidir” y “[el resto de] España nos roba”.
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