A la espera de una verdadera reforma eléctrica

El Gobierno ha aprobado, en Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley que enviará al Congreso para que, con el acuerdo mayoritario de los parlamentarios y tras los cambios pertinentes, se convierta en la nueva Ley de la Electricidad. El Ministerio que depende de José Manuel Soria ha desoído en el texto a dos recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El organismo se había mostrado desfavorable a que se cobrara un recargo a los propietarios de instalaciones orientadas al autoconsumo, ya que considera que sería contrario a la eficiencia. Pero el Gobierno ha hecho una excepción con aquéllos que se conectan a la red, ya que de no hacer frente a ese peaje “todos le estaríamos pagando” su acceso a la misma. Su decisión de desoír al organismo independiente es menos razonable por lo que se refiere al mecanismo de retribución a las renovables, más favorable para los sistemas extrapeninsulares.

Hay una reforma que el Gobierno no ha llevado a cabo, y que resulta muy necesaria. En estos momentos, entender la factura eléctrica está al alcance de muy pocos. Es muy complicada, y eso lleva a que los consumidores no puedan tomar decisiones informadas sobre las que basar sus decisiones sobre la distribución eléctrica. La reforma que ha llevado a una mayor competencia en el sector quedan muy mermadas por esta carencia, que ha llegado a ser reconocida dentro del propio Ministerio. Si el gobierno quiere aunar eficiencia energética y ahorro para los ciudadanos, esta reforma es inaplazable.

Pero los ciudadanos no empezarán a saber lo que es una factura razonable de la luz mientras se mantenga la carísima apuesta por las energías renovables. La parte de los costes que reconoce la factura crea ya quebraderos de cabeza a los sufridos consumidores de electricidad, que no sólo son las familias, sino también una industria que pierde competitividad a raudales por esta causa. Y la parte que no repercute en la factura se acumula en un déficit de tarifa que el Gobierno no se ha atrevido a atajar. La acumulación de esa deuda supone un grave problema para el sistema, y a largo plazo dañará más a los consumidores que en el caso de reconocer todos los costes en lo que pagamos de energía eléctrica. En definitiva, la reforma incluye varios elementos que racionalizan el sistema, pero no lo acercan a un verdadero mercado, ni está pensado en el favor de los consumidores españoles.