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crónica de américa

Santos, ante las FARC en la cuerda floja

domingo 22 de septiembre de 2013, 13:30h
La dimisión en bloque del Gobierno colombiano y la reestructuración del Gabinete ministerial en este mes de septiembre han sido las respuestas con las que el presidente Juan Manuel Santos ha tratado de mantener a flote sus dos grandes objetivos para el tiempo que le resta en la Casa Nariño: alcanzar un tratado de paz con las FARC y conseguir al unísono su reelección en los comicios en el próximo mayo de 2014. Propósitos que acaban de entrar en una fase crítica.
Dos objetivos del presidente -tratado de paz y reelección-, conjugados en el tiempo y cuyo enlace en una misma fecha suponen una apuesta doblemente difícil de obtener, pero que de lograrlo favorecerían una tercera meta mantenida hasta ahora en un segundo plano ante la opinión pública: alargar la presidencia de 4 a 6 años. Su predecesor en el cargo, Álvaro Uribe, fracasó en su propósito de modificar la Constitución colombiana para acceder a una segunda reelección con la que habría sumado 12 años consecutivos al frente de la nación. En vista del revés de Uribe, Juan Manuel Santos ha venido alentando una propuesta más factible y de apariencia más modesta, pero con similares resultados: mantener solo dos elecciones a la presidencia, aunque con 6 años de duración, lo que seguiría sumando los mismos 12 años consecutivos en el poder a los que aspirase su predecesor. Para consolidar este propósito, el actual mandatario colombiano necesita llegar al próximo escrutinio con el respaldo de un éxito histórico incuestionable en la trayectoria del país como sería un convenio de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), arrastrando a las demás guerrillas a acuerdos de desmilitarización que supusiesen un punto final definitivo a la cruel guerra que desangra desde hace más de medio siglo a Colombia. Su decisión de hacer coincidir en el tiempo las próximas elecciones con la firma de un Tratado de Paz alcanza así todo su significado en lo que sería, de conseguirse, una brillante carambola a tres bandas.

Desde un punto de vista exterior, el aparente mayor riesgo de esta operación estribaría en sustentar una mesa de negociación por la paz con los narcoterroristas en La Habana, mientras las mismas FARC sostienen su actividad bélica en las áreas campesinas donde aún siguen chantajeando a la población y tendiendo sangrientas emboscadas al ejército. En realidad, se trata de un peligro que Juan Manuel Santos mantiene bajo un impecable control gracias a su excelente conocimiento de los anteriores procesos de negociación bajo distintas presidencias y tras analizar los motivos que desembocaron en sucesivos fracasos.

A partir de la década de los 80 se han venido dando en Colombia continuos acuerdos, desmovilizaciones y armisticios con los guerrilleros bajo Gobiernos tan diversos como los presididos por Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper o Andrés Pastrana, ya en el siglo XXI. En todos los casos la ruptura se produjo como resultado de las exigencias de los insurgentes para un cese de actividades del ejército colombiano y la creación de áreas desmilitarizadas, utilizadas acto seguido para robustecer y dar un nuevo impulso a la insurrección. En el penúltimo intento de Andrés Pastrana, un movimiento guerrillero que se hallaba en vías de desgaste aprovechó el Proceso de Paz y las zonas de distensión para infiltrarse y crear nuevos frentes bélicos, nutrir sus arcas dando un renovado impulso al narcotráfico, la venta ilegal de armas y los secuestros a través de la denominada “pesca milagrosa”, que llevó a cientos de cautivos a ser sepultados en escondrijos en la selva. Los beneficios económicos y estratégicos fueron tales que las FARC trazaron, durante la negociación, un plan secreto para cercar Bogotá y tomar los centros de poder de la capital. Un Proceso de Paz, pues, nefasto para la democracia colombiana, que pudo desembocar en catástrofe.

Juan Manuel Santos es muy consciente de esta experiencia y ha extraído las debidas conclusiones, como se ha encargado de expresar en numerosas declaraciones públicas. A la objeción planteada por periodistas extranjeros según la cual: “-Desde fuera de Colombia resulta difícil entender que mientras se negocia en Cuba, aquí se siguen pegando tiros”, el mandatario responde: “-Esa es una decisión deliberada mía. La he tomado porque la historia demuestra que la guerrilla aprovecha el cese el fuego para oxigenarse, volverse a fortalecer y relanzar la lucha armada. Ya hemos aprendido las lecciones del pasado. Aquí no hay cese al fuego sino cuando lleguemos a un acuerdo.”

El presidente tiene asimismo muy fresca su vivencia como ministro de Defensa bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, cuya política de “seguridad democrática” diezmó severamente, como nunca antes había ocurrido, la estructura militar del enemigo en sus enclaves más cruciales. Tras la muerte por causas naturales de Marulanda Vélez, alias “Tiro Fijo”, fundador y comandante en jefe de las FARC, sucesivas operaciones militares localizaron y abatieron a Guillermo León, alias “Alfonso Cano” -el sustituto de “Tiro Fijo” como comandante en jefe de la guerrilla-, así como a Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, comandante del Bloque Oriental, a Luis Edgar Devia, alias “Raúl Reyes”, comandante del Bloque Sur y Manuel de Jesús Muñoz, alias “Iván Reyes”, comandante del Bloque José María Córdoba y planificador de las redes de tráfico de cocaína, ejecutado en una oscura emboscada. La eliminación de líderes guerrilleros ha estado acompañada en el último lustro por brillantes operaciones de élite en regiones casi inaccesibles, bombardeos de precisión con alta tecnología y liberación de rehenes con largos años de cautiverio. Reveses que han ido provocando en las filas de los insurgentes un reguero de deserciones cada día más nutrido, favorecido por el Gobierno con medidas de gracia, cambio de identidad de los combatientes arrepentidos y generosas posibilidades de reinserción. Ha sido este contundente éxito gubernamental el que ha llevado a las FARC a la mesa de negociación, bajo la convicción no solo de no estar en condiciones de ganar la guerra, sino de constatar que habían comenzado a perderla. Es esta política de palo y zanahoria la que ha mantenido a la organización sentada en La Habana, más que un repentino amor a las urnas.

La situación llegó a ser tan perentoria y asfixiante para los narcoguerrilleros que estos decidieron actuar contra sectores políticos de Bogotá opuestos a la negociación y partidarios de multiplicar la presión bélica hasta neutralizar íntegramente su capacidad operativa, encabezados notoriamente por el expresidente Álvaro Uribe. Tras frustrarse el plan de asesinato directo de este, las FARC lograron llevar a cabo un espectacular atentado en la zona norte de la capital, donde las medidas de vigilancia son más sofisticadas y exhaustivas, contra Fernando Londoño, exministro de Interior y Justicia con Uribe y uno de sus principales adalides opuesto a la vía negociadora. Las FARC innovaron sus modos de operar y consiguieron infiltrar un motorista que colocó en el automóvil blindado de Londoño un potentísimo artefacto explosivo que mató a dos de sus escoltas y dejó al político malherido junto a medio centenar de viandantes en un escenario de devastación urbana como hacía décadas que no se veía en la ciudad. El brutal atentado fue una señal indicativa del grado de ansiedad del narcoterrorismo por sus reveses en el campo de batalla y su zozobra por alcanzar acuerdos que les proporcionasen un respiro.

Hasta este mes de septiembre, el Gobierno de Santos no ha dudado un solo instante en seguir administrando idéntica medicina a las FARC, que ha mantenido a los guerrilleros atornillados a sus sillas de negociación. En las últimas semanas el ejército ha abatido a Jesús Antonio Plata Ríos, alias “Zeplín”, comandante en jefe del frente Antonio Nariño, y poco después a Virgilio Vidal Mora, alias “Silver”, clave en las finanzas de la organización.

Dos operaciones que han culminado con la eliminación de Miguel Cardona, alias “Burro”, comandante en jefe de las FARC de la zona del Cauca, donde se ubican destacadas ciudades como Santiago de Cali o Popayán, desmantelando el Sexto frente guerrillero. Una contundencia bélica que ha permitido a Juan Manuel Santos mantener bajo control a sus interlocutores y anunciar públicamente que los hipotéticos acuerdos que alcanzase con ellos se someterán a referéndum popular el mismo día en el que se celebren las elecciones. Las FARC son abiertamente contrarias a esa consulta popular, partiendo de la idea de que la firma de un Tratado de Paz debería dar paso no a una votación, sino a un proceso constituyente, en una Asamblea donde tendrían un número de escaños acordados en La Habana y medios de comunicación sufragados por el Estado, para la redacción de una nueva Carta Magna. Decididamente, la larga estancia en zonas selváticas les tiene muy alejados de la realidad y del funcionamiento auténtico de la vida política en el siglo XXI. Pero Santos ha calculado que tiene en su mano conjurar los riesgos de esta hostilidad incrementando la presión militar en el campo de batalla mediante una estrategia largamente meditada.

Puesta su máxima atención en el tablero de esta difícil partida, el verdadero proyectil bajo la línea de flotación para Juan Manuel Santos ha llegado desde el ángulo más imprevisto de la política doméstica, sorprendiéndole sin paliativos. El pasado 19 de agosto se declaró una huelga nacional agraria para exigir al Ejecutivo reformas urgentes y al paro se sumaron transportistas y mineros. Contando con la dispersión territorial de los huelguistas y cegado por la absorbente negociación con la guerrilla, el presidente negó públicamente ante las cámaras de la televisión que el paro se estuviera realizando. Declaración que no solo exacerbó a los huelguistas sino que les procuró la simpatía activa e incondicional de la población urbana. La alianza de ambos sectores logró cercar en pocos días las grandes ciudades, que se han venido quedando sin suministros de todo tipo, incluyendo los carburantes para mantener activas las comunicaciones, y favoreciendo que columnas de manifestantes increíblemente nutridas se hayan enfrentado en batallas campales a la fuerza pública en núcleos urbanos, desatando una espectacular violencia retransmitida íntegramente por las pantallas televisivas e internet.

Después de haber negado el paro agrario, Santos ha tenido que aceptar la dimisión en bloque de su Gobierno ante la virulencia alcanzada por las protestas. Una dimisión tan acelerada que tomó a varios miembros del Gabinete en remotas zonas del país mientras negociaban con los movilizados. El nuevo Gobierno colombiano ha incluido cinco cambios en cinco ministerios clave: el de Justicia, el de Minas, el de Interior, el de Presidencia y el de Agricultura y Desarrollo Rural, absolutamente imprescindibles para apaciguar a los sectores encrespados y alcanzar compromisos que desbloqueen las principales vías del país y permitan su abastecimiento. Para ese momento, la popularidad de Juan Manuel Santos ya se había desplomado espectacularmente. El más reciente sondeo demoscópico señala que su respaldo ha caído hasta el 28 %, en lo que constituye un auténtico descalabro para su imagen. Más aún, el 77 % de los encuestados respondió que no está de acuerdo con su reelección como presidente y un 74 % consideró que no entiende su actual política y no cree en las buenas intenciones de las FARC.

El presidente acaba de reaccionar enfáticamente proponiendo un Pacto Nacional Agrario y afirmando de modo altisonante que va a “refundar el campo colombiano”. Declaraciones ambiciosas no tan fáciles de llevar a la práctica, ya que el objetivo último de los huelguistas es anular los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea, herramientas indispensables para modernizar la economía de la nación e incompatibles con las reclamaciones proteccionistas del campesinado. Las grandes promesas gubernamentales han devuelto, de momento, a los manifestantes a sus hogares, tras innumerables transacciones y la firma con Nicolás Maduro de una ingente venta de productos agrícolas a Venezuela. Está por ver si esto devolverá a Santos su anterior popularidad -algo improbable a corto plazo-, en tanto que es incontrovertible el debilitamiento de su figura en todos los frentes. Santos ha contraído una peligrosa deuda con el eje bolivariano, del que ahora depende que mantenga la calma o no entre el campesinado colombiano. Asimismo la oposición interior opuesta a los acuerdos con el narcoterrorismo ve más factible su derrota electoral. Y las propias FARC en La Habana han recibido un balón de oxígeno inesperado con unas imprevistas cartas favorables que ya han comenzado a jugar en su propio beneficio.

El cambio de actitud de la guerrilla es patente. Pese a las derrotas militares, el repentino cambio de situación de Santos, desde una posición inicial firme al embate que le ha colocado en una vacilante cuerda floja, les ha hecho recobrar una dureza de la que parecían haber sido despojados. Acaba de concluir la decimocuarta ronda de negociaciones -que se reemprenderán el próximo 3 de octubre- con un sonoro golpe de autoridad de los guerrilleros en la mesa de negociación. Ahora consideran que el Marco Jurídico por la Paz, creado por la justicia colombiana para dar un encaje legal a las resoluciones, debe arrojarse al cesto de los papeles. No están dispuestos a someter los futuros acuerdos a ningún tipo de referéndum y acusan a Santos de estar violando las reglas de juego. Es obvio de dónde procede el nuevo poder exhibido por las FARC estos días, después de escuchar sus imputaciones contra la actuación gubernamental en la reciente huelga, acusándola de verter “la sangre de los de abajo que, como héroes descamisados, reciben los balazos, las bombas aturdidoras y la brutalidad de las fuerzas de la represión.”

No era este el lenguaje con que comenzaron la negociación. Ahora su dedo acusador se ha vuelto inclemente apuntando al Gobierno de Santos por “prometer, engañar, reprimir y continuar con la miserabilización del campo y la entrega de la soberanía a los trasnacionales, más recientemente mediante los Tratados de Libre Comercio.” Su sentencia tras las movilizaciones huelguísticas se resume en la incriminación del Gobierno bajo los cargos de “hostilidad económica y bélica contra los desposeídos”.

Es decir, expresado en otras palabras, acaban de echar mano al cuello del presidente en cuanto han percibido su debilidad, resarciéndose a través del paro agrario del terreno perdido en la lucha armada. Las rondas de este mes de septiembre han terminado sin acuerdos, retornando al crudo lenguaje amenazador. Es difícil que suelten su presa si Santos no recompone de un modo u otro la fortaleza política que le respaldaba al comienzo de las conversaciones. Pero esto no sucederá sin rediseñar su dibujo táctico y ganarse apoyos que hasta aquí no le fueron necesarios. Atendiendo a la devoción popular, la Iglesia colombiana acordó con el Gobierno sacar en peregrinación a la patrona de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá, que en un lienzo protegido por una urna de cristal, navega por el río Magdalena atravesando todo el país hasta su desembocadura en el Caribe. Miles de fieles están siguiendo con fervor su ruta mientras las multitudes le rezan con el fin de que interceda mágicamente para que la paz sea definitivamente posible. Si el presidente Juan Manuel Santos no quiere dejar el curso de los acontecimientos en manos de esta milagrosa intercesión sobrenatural, debería poner fin a cualquier deseo de aumentar los años de mandato presidencial y reestructurar la política interna de modo que pueda aspirar a la reelección por su gestión reformista, sin contar necesariamente con un Tratado de Paz el día de las elecciones. Eso le libraría de las garras de la guerrilla y le granjearía respaldos políticos internos hoy indispensables. De conseguirlo, tendría la oportunidad de continuar la negociación con las FARC en un plano más amplio y realista, con unos guerrilleros que habrían perdido el as en la manga que le proporcionaron inesperadamente las últimas reacciones sociales. Alcanzar cada objetivo por separado es la única estrategia que hoy parece factible en la nueva situación de Santos, dejando de lado los sueños de incrementar los años al frente de la presidencia. Algo que exige una dolorosa renuncia a la sugestiva carambola a tres bandas con que inició los actuales planes de paz.