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La orfandad de los demócratas españoles

miércoles 02 de octubre de 2013, 20:16h
Me refiero a los demócratas tout court. A los demócratas sin apellidos históricos: aquellos que no se sienten especialmente identificados con Wilfredo “el Piloso” ni descendientes de la pata del Cid, que tienen una idea realista y sobria, curiosa pero sosegada y más austera que romántica, a salvo –escribía Costa, hace siglo y pico- de las sombras augustas de sus grandes hijos muertos que ya no dan calor ni compañía. Pero, sobre todo, que ya no tienen derecho a voto. Porque la Patria no es el pasado. No es el mundo de los muertos, que, según Kant, obsesionaba a los españoles de su tiempo. Si acaso, sería el futuro: el mundo de nuestros hijos y nietos, en definición de Nietzsche. Y, de cualquier modo, para los demócratas a quienes me dirijo, la patria es el presente de la polis: de la ciudad entendida como el conjunto de los ciudadanos. Desde el artículo 2º de la Constitución de Cádiz, ni Jaume I, “el Conqueridor” ni Alfonso X, “el Sabio” ni sus descendientes, tienen patrimonio y soberanía sobre los españoles, ni tampoco la tienen sus territorios: no hay condados, ni principados ni reinos…ni de los históricos ni de los de reciente invención. La democracia es precisamente la negación de los derechos históricos, que se abolieron el 4 de agosto de 1789 en Francia y, con la Constitución de 1812, en España. Nadie lo expresó mejor que un diputado de origen catalán: aquí no hay provincia –dijo Antoni Capmany en Cádiz- aquí no hay más que Nación; hay diputados por […]más no de. Desde entonces, para los demócratas sensu estricto, no hay más que ciudadanos. Afortunadamente, la tradición política española es de un nacionalismo de ciudadanos, que no de Blut und Boden.

Pues bien, para esos demócratas españoles -en mi opinión, la inmensa mayoría, a derecha e izquierda- no hay relato ni discurso. Están mudos y sordos, huérfanos de políticos y partidos, sometidos y acosados, abrumados y bombardeados por la prensa y propaganda del movimiento nacionalista, comprada, eso si, con el dinero de todos los contribuyentes catalanes. Para quienes residen en Cataluña, el ambiente está cargado y es sofocante. Quienes hemos conocido el Madrid de los años cincuenta y sesenta, ya sabemos como se las gasta el nacionalismo desbocado y deslenguado: “el disidente” –terrible palabra- es un traidor a la patria.

Y del otro lado, nada. Ni una palabra. No hay respuesta. Entiéndase bien, no hay respuesta democrática. Lejos de mi exigir que se haga tremolar el pendón de Covadonga para rememorar una batalla que probablemente nunca existió. En este punto, más bien hay que seguir el consejo de Costa y echar doble llave al sepulcro del Cid. Tampoco se trata de desmentir disparates históricos, el menor de los cuales convierte un conflicto internacional, conocido como la guerra de sucesión española, en una guerra de “secesión” entre Cataluña y España, obviando el pequeño detalle de que Barcelona fue “borbónica” algunos años y Madrid “austracista” otros. Eso ya lo están haciendo algunos profesionales, de indudable capacidad y conmovedor propósito, aunque dudoso resultado: porque -en eso tiene razón Esperanza Aguirre- el nacionalismo es un estado emocional, impermeable al argumento racional. Sin embargo, no es una lección de historia lo que reclaman los demócratas españoles asfixiados por el delirio nacionalista. Lo que piden es una respuesta y un discurso democráticos. Y no será porque no existe desde hace más de dos siglos, como puede comprobarse en el primer párrafo de este texto.

Pero, ¡ay!, en estas llega el Registrador. Estudia concienzudamente los Estatutos de la Comunidad de Propietarios, comprueba que, con arreglo a los mismos, el piso no se puede segregar, de modo que no le pone “el cajetín” y…causa finita est. Pues, va a ser que no, porque el tema es meta-jurídico. Uno puede entender, incluso compartir y hasta simpatizar con la idea, que al parecer tiene alguno de nuestros gobernantes, de que con los españoles, un colectivo excitado y excitable, lo mejor que puede hacerse es administrar dosis de sosiego y esperar a que escampe. Con todo, hay formas de decir las cosas sin caer en provocaciones, con serenidad y compostura, pero con claridad y contundencia. Y ya va siendo hora de hacerlo. Los españoles demócratas, sobre todo los que viven en los territorios comanches nacionalistas, se merecen algo más que el mantra de que “se cumpla la ley” (¡pues solo faltaba lo contrario!). Se merecen que, de una vez y en sede parlamentaria, se escenifique la contestación a dos falacias que han traficado con éxito los profesionales del nacionalismo: en primer lugar –y aunque no sea la cuestión más importante- la especie de que “España nos roba”; y, en segundo lugar, el tema central en cualquier democracia del “derecho a decidir”.

Con el despropósito de que “España nos roba” quieren fabricar los nacionalistas un slogan publicitario contundente y sonoro. En realidad, no significa más que, en cualquier estado u organización política del nivel que fuere, hay partes del territorio que contribuyen más que otras. Obvio (y conste que Cataluña, como territorio, siendo contribuyente neto, no es el mayor contribuyente). En todo caso, se trata de una constatación tautológica que la segregación no vendría a corregir porque, en una Cataluña independiente, también habría comarcas, ciudades o barrios cuya contribución neta sería mayor que las de otros lugares. La respuesta democrática es sencilla: los impuestos son individuales, los pagan ciudadanos individuales, libres e iguales ante la ley, que es precisamente el principio organizativo de la ciudad democrática desde Clistenes en el siglo V, antes de nuestra era. La cuenta de la vieja nacionalista por territorios o tribus es el regreso a una organización política pre-democrática –ello sin perjuicio de que puedan introducirse correctivos de equilibrio territorial, como se hace en algunos países federales. Por otra parte, y desde un punto de vista social-demócrata, el cálculo sobre bases territoriales es además una aberración porque el impuesto se entiende progresivo, como instrumento de redistribución y con un propósito de igualdad: su territorialización haría imposible estos fines. Por eso, no se comprende como un partido socialista -e internacionalista- como el PSOE no expone y denuncia un extremo de esta naturaleza, cardinal a su filosofía política.

Vayamos, por fin, al tema central de la campaña nacionalista: el “derecho a decidir”. ¿Y quién lo niega? Los catalanes se han expresado en elecciones locales, generales y en referenda en multitud de ocasiones desde 1978. El problema es que no es eso –decidir votando- lo que reclaman. Lo que exigen es que una parte decida sobre la organización territorial de todo el Estado. Y eso es otra cosa. Eso no es el derecho a decidir, que nadie cuestiona. Eso es la redefinición del sujeto de soberanía, la construcción de un nuevo demos. Y, si la propuesta es trocear el cuerpo ciudadano en partes, ¿de qué partes hablamos? ¿Por qué las Comunidades y no las provincias o las comarcas? Y, abierta la rifa de soberanías, ¿no es acaso tan coherente como cualquier otra propuesta que el Vall d’Aran reclame la soberanía?

La falacia, pues, de la propuesta nacionalista es más que evidente. Y va siendo hora de que tenga una respuesta democrática y ciudadana. El escenario es el Congreso de los Diputados y la forma, una proposición no de ley que declare que, desde 1812, pasando por todos los textos constitucionales de inspiración democrática (1836, 1869 y 1931), hasta la presente norma de 1978, la soberanía corresponde al conjunto de la ciudadanía. ¿Se puede cambiar el soberano? Se puede. Dentro y desde la Constitución, que es la norma normarum. Lo otro es saltarse la ley. Y también se puede, aunque no sin consecuencias. En la España del pasado se hizo demasiadas veces: dando un golpe de estado.
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