Rumbos en la carta

La propuesta de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, sobre una nueva financiación para Cataluña, ha suscitado un debate considerable, que ha sido crítico las más de las veces, siendo los gobiernos de su mismo partido los que más han rechazado su propuesta. El ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas (¡responsable de las relaciones con las Comunidades Autónomas!), Cristobal Montoro, ha despachado la idea de Sánchez Camacho con la poco original frase: “La financiación ahora no toca”. Esperanza Aguirre, la todavía líder del PP madrileño, ha terciado en el debate, recordando al ministro que el actual sistema de financiación es el del Gobierno de Zapatero, y que entonces el PP prometió cambiarlo.

En realidad no ha habido debate. Más bien afirmación de posturas, con ese tono inconfundible de defensa inamovible de los valores patrios, aunque afecte a algo tan discutible como el actual sistema de financiación autonómico. ¿Alguien sabe de verdad cuánto le corresponde a su Comunidad Autónoma? Seguramente no será posible nunca. Los ingresos y los gastos de un Estado -y las Comunidades Autónomas lo son- oscilan con la coyuntura económica, sin perder de vista que siempre habrá gastos e ingresos imprevistos e imprevisibles.

¿Cómo han resuelto estas situaciones los Estados descentralizados como el nuestro? Haciendo un seguimiento permanente de los gastos e ingresos que afectan a las diversas unidades estatales descentralizadas (regiones, estados, provincias, comunidades, nacionalidades, etc, según las diversas constituciones) en órganos representativos, normalmente, los Senados territoriales.

En España carecemos de un órgano equivalente. La ley de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) creó, en su artículo 3º, un llamado “Consejo de Política Fiscal y Financiera” que debiera realizar ese seguimiento permanente.

No es así; y no ahora, sino hace muchos años, desde que muchos nos dimos cuenta que los acuerdos de financiación no respondían exactamente al concepto de “sistema”.

Cada gobierno autónomo busca entenderse con el Gobierno central en materias que se financian con los presupuestos ministeriales, con los fondos europeos, o con autorizaciones singulares para endeudarse; la bilateralidad existe, y además, es lógico que exista.

Por eso mismo, en 1998, senadores de distintos grupos propusimos que fuese el Senado, una vez que fuese reformado constitucionalmente, el que tuviese las funciones del actual “Consejo de Política Fiscal y Financiera” de la LOFCA. El grupo parlamentario que entonces yo dirigía, presentó un estudio sobre ese asunto, realizado por dos conocidos especialistas, Julio López Laborda y Jesús Ruiz Huerta-Carbonell, en el que se ofrecían soluciones inspiradas en Cámaras parlamentarias con funciones territoriales como el Senado australiano, el Bundesrat austriaco, etcétera. Ese estudio fue muy bien recibido por los demás senadores. Pero la confrontación que entonces se extendió como técnica electoral, dejó en el limbo político la necesidad de abordar la reforma del Senado.

Me apena pronunciar la frase que Dante escribió en su poema más famoso: “Dixi et salvavi animam meam”. El sabio nacido en Tréveris la recuperó con este sentido siglos después: “Lo dije por escrito, y como no hicisteis caso, del desastre no soy responsable”.

Ahora sabemos que un Gobierno con mayoría absoluta no integra el Estado. La teoría que los partidos políticos daban cohesión al Estado no fue cierta nunca. Son las instituciones, especialmente las representativas de los ciudadanos, las que integran. Los partidos políticos, al anular la pluralidad de las instituciones estatales y el pluralismo dentro de ellas (incluso dentro de los partidos políticos), las han debilitado democráticamente.

No hay debate autonómico en las instituciones. ¿Se ha debatido en “la Cámara de representación territorial” (sic: artículo 69 de la Constitución) de este asunto de la financiación regional? ¿No es Alicia Sánchez Camacho senadora por Cataluña, y miembro, nada menos, de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado? ¿Esa Comisión, de la que son miembros natos los presidentes de las Comunidades Autónomas, ha dicho algo sobre la financiación del pasado, del presente y del porvenir? ¿Y sobre lo que está planteando el Gobierno de Artur Mas en todo foro del mundo mundial que se preste a escucharle? ¿Por que no acude el presidente de la Generalitat si posee todo el derecho? ¿Y por qué algún grupo, o algún senador o senadora con iniciativas, no invita al señor Mas a comparecer en el Senado? ¿Es que el ministro responsable de estos asuntos, Cristobal Montoro, no tendría la obligación de dar su punto de vista a los senadores y a los gobiernos autonómicos que son miembros de esa Comisión senatorial?

¡Dixi et salvavi animam meam!

Escucho en ruedas de prensa declaraciones de diversos dirigentes políticos: “Hay que catalanizar España”; “Estoy seguro de que los madrileños también tendrían derecho y querrían decidir su modelo de financiación, que ahora es injusto”; “El sistema de financiación ha de ser común a toda España. Otra cosa es que crea que tenga que reformarse, pero debe seguir siendo el mismo para todos"; “Con el café para todos se puede comprender a quienes dicen que no se reconoce la especificidad de Cataluña”...Las escucho; lo único nuevo es que los autores de esas frases decían lo contrario hace unos pocos años.

En las ruedas de prensa las ideas desaparecen cuando dejan de ser noticia; no comprometen a nada. Sin embargo, el debate en las instituciones es un compromiso con los demás representantes, y cuyo destinatario es el pueblo organizado en democracia. Si el debate está ausente, en la misma medida se resiente la calidad de las instituciones. Me alegra leer a Adela Cortina, una pensadora con sentido común: “No se puede afirmar que nos encontremos ante un cambio de civilización cuando el sistema más apreciado en todo el Planeta sigue siendo la democracia”.