Doctrina Parot: España cumple la ley

La etarra Inés del Río era puesta ayer en libertad, gracias a que el España hay un estado de derecho donde rige el imperio de la ley. Esa misma ley que ella vulneró asesinando a más de una veintena de inocentes -todas las víctimas lo son, con independencia de su militancia política o de si llevaban o no uniforme- es la que le permite salir de prisión. Desgraciadamente, no había más alternativa. A primera hora de la mañana de ayer, el pleno de la Audiencia Nacional decidía por unanimidad su excarcelación, previo informe favorable de la Fiscalía. No podía ser de otra forma. España se debe a los compromisos suscritos y, por tanto, debía acatar la sentencia de Estrasburgo, actuando en consecuencia.

La ley no entiende de sentimientos, como ha quedado patente en este caso. Sí, en cambio, los españoles de bien, a quienes ahora toca el turno de rendir el homenaje que merecen a las víctimas de un terrorismo que el pasado lunes se apuntó una victoria. Más allá de los manejos zapateristas de Luis López Guerra a la hora de intoxicar a sus compañeros de Estrasburgo, hay que ir más atrás para ver el origen del problema. Concretamente, a los gobiernos posteriores a la democracia -UCD y las tres legislaturas socialistas siguientes-, donde a la izquierda no le interesó ni lo más mínimo modificar el Código Penal de 1973 que ha devenido en el actual despropósito.

El Gobierno no puede alterar el normal funcionamiento de la justicia, pero sí extremar la vigilancia para que desde el entorno de ETA no se haga apología del terrorismo ni menoscabo alguno hacia las víctimas. La condescendencia -cuando no satisfacción- del PNV y un nutrido sector del PSE con la liberación de la terrorista Inés del Río debe contrastar con la firmeza oficial a la hora de impedir que quienes han cometido fraude de ley lo sigan haciendo.