El Gobierno "discrepa" de Estrasburgo: "No podemos defender ahora cosa distinta a la que defendíamos"

El Gobierno no ha tenido una semana sencilla desde que este lunes el Tribunal de Derechos Humanos echó abajo la doctrina Parot. Mariano Rajoy no se pronunció hasta el jueves, cuando calificó de “injusta” la resolución. Horas antes se reunía con las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, a las que prometió respaldo. Este se materializará el domingo en la concentración convocada en Colón. Acudirá el Partido Popular, pero no el Ejecutivo, reacio a exhibirse en las calles contrario a una sentencia venida desde Europa y pese a la predisposición de dirigentes como Jorge Fernández-Díaz, titular de Interior.

Desde Moncloa se teme que el asunto se vuelva en su contra. De hecho, algunos afectados han expresado abiertamente su descontento al considerar que no se ha hecho todo lo posible. Así, el Consejo de Ministros de este viernes ha tramitado el Estatuto de la Víctima, que en absoluto estaba previsto para esta reunión. Consiste en la ampliación de derechos procesales, conviene matizar que no sólo para las del terrorismo. En resumen, el Gobierno trata de calmar a un colectivo que quiere de su lado y no frente a él. La operación no resulta sencilla dada la magnitud del varapalo de Estrasburgo. Para este y el resto de casos, el Estado ya no sólo establecerá relación con el condenado una vez haya sentencia, sino también con el o los afectados. Una labor “reparadora” y de amparo, en palabras de Alberto Ruiz-Gallardón.

En tono solemne, Soraya Sáenz de Santamaría ha expresado “solidaridad, apoyo y comprensión” con las personas que se manifestarán en Madrid por el cumplimiento íntegro de condenas en línea con la doctrina Parot. La vicepresidenta ha justificado la oposición del Gobierno a los argumentos de Estrasburgo y no ve contradicción con su permanente afirmación sobre el respeto a las decisiones judiciales porque, ha insistido, el Estado era “parte del proceso”, pues fue el que recurrió la primera instancia de Estrasburgo, y estaba “totalmente de acuerdo” con la doctrina del Supremo, la Audiencia Nacional y el Constitucional.

“Como parte –ha continuado- no podemos defender ahora cosa distinta a la que defendimos en el proceso penal”. Es decir, que un asesinato merezca la misma condena que dos, tres o diez. “En ese recurso, en esa defensa estaba sentada la opinión del Estado, la opinión del Gobierno”, ha zanjado. “Discrepamos, no nos gusta esa sentencia. Nuestra tesis era la del Supremo, la de la Audiencia Nacional, la del Constitucional”, ha completado el ministro de Justicia, quien ha aprovechado para recordar que el TEDH no decide todos los casos en liza sino tan sólo el de Inés del Río. “Sólo da la ocasión de abrir expedientes individuales”.