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Un tiro en el alma

Antonio Domínguez Rey
sábado 02 de noviembre de 2013, 19:44h
No en el cuerpo, ya ceniza, pasto de la tierra. Donde más duele. En la memoria de quien lo parió y guarda recuerdo. En el alma. Un tiro en la médula de lo sagrado. La vida. Y con leyes en la mano. Ley que sepulta. Derecho precario que la justifica.

El cuerpo total de la judicatura española quedó en entredicho. Y con él, quien lo funda, da fondo, el Estado. Es decir, la población española en pleno. A la deriva. Apenas levantamos cabeza, hachazo. Como si hubiera un germen maligno en la sangre que recorre las venas. ¿La verdadera marca de España?

Justicia irredenta. Al Gobierno, la ley, pero al Estado la justicia que le compete y otorga fundamento. Sin ella, no hay base ni posible norma legal sujeta a Derecho. Lo contrario, convierte a la ley en injusta. La voluntad múltiple de acuerdo mayoritario confiere estatuto legal a la convivencia democrática en el convencimiento de que los individuos y sus representantes actúan conforme a Derecho y este está avalado, por principio, en las raíces últimas de la razón vital humana. El fundamento de su vida. Cualquier acción o conducta que contravenga, impida o seque tales raíces, su savia, se autoexcluye de la convivencia y, si la anula, matando, comete crimen. Es criminal. Un hecho objetivo que impregna a quien lo realiza gravando su persona con la autoría del acto. La sociedad idea luego recursos de reparación y enmienda de conducta en nombre de la Humanidad aún viva. La verdadera víctima no asiste, sin embargo, a su defensa. No puede. La ejercen otros. Familiares por afecto, vínculo de justicia natural, y el Estado, que los representa, pues son ellos su raíz justificada. Naturaleza de vida y razón de convivencia.

Por más que la ley dicte a favor del criminal y en razón controvertida de tiempo, actual en quien aún vive, inexistente, pero delegado -ley en depósito-, para quien está muerto, aquel atributo, criminal, sigue impreso en quien mató, pues el hecho no desaparece al justificarlo con años de pena legal. La vida del otro sigue cercenada. Y el delito pervive cuanto dure esa ausencia. No hay justicia en el mundo que repare el acto cometido. Puede conferirle otro valor, evaluarlo en canje de otros bienes sociales siempre relativos, pero el absoluto de vida, por corta que sea, nadie lo redime. La víctima ya no puede, por nunca, acudir al tribunal con sus derechos de persona. El perdón que unos y otros otorguen, si lo hacen, no repone la vida truncada. Apelan a la razón de que lo humano siga vivo, con sus vivencias implicadas en el juicio. Son parte interesada. Y esto también es injusto. Se defienden sepultando más al muerto. El perdón apela a sobrerrazón humana. Implica un tercero que, de serlo la comunidad, por mucho que reclame al muerto, no lo resucita, dice el poeta César Vallejo. Lo alza en estatua, que resbala sobre sí misma, comenta ahora el filósofo Emmanuel Lévinas. El perdón es don del espíritu. Requiere piedad. Y se eleva a otras dimensiones que la ley laica, positiva, no contempla. Un fervor que ya Antígona reclamaba contra su tío Creonte, rey de Tebas, en nombre de una naturaleza íntima, fraterna, ligada a los dioses: enterrar a su hermano Polinices, acto que el rey prohibía, y rendirle así recuerdo. La paz de los muertos es la ley de los justos. La Humanidad antes evocada los devora.

La coyuntura que atraviesa España remueve, una vez más, los principios que la cohesionan. Nadie ha sabido alzar la voz a tiempo y reclamar, simplemente, la soberanía mayor, real, que nos constituye. Silencio informado, sin tono del alma. Ningún tribunal de Derechos Humanos puede dictar sentencia contra la Humanidad que defiende. De hacerlo, renegaría de su propia sangre. ¿Son torpes tales jueces? ¿Sombras sociales de un poder sujeto a convención, circunstancias de lugar y tiempo? La sentencia del día veintiuno de octubre del Tribunal Europeo que anula la doctrina Parot y deja libres, en nombre del Derecho humano -no hay otro de tal carácter-, a criminales que han redimido parte de la pena impuesta y zanjado otra mediante actuaciones de variada índole, es ya un hito histórico. Vienen ahora a justificarla o rechazarla quienes no han sabido evitar las razones que la sostienen y argüir la injusticia moral que conlleva.

Mejor hubiera sido para la imagen de España si, en su día, se hubiese aceptado públicamente lo que transcurre, o eso parece, bajo cuerda, o de ahí se deriva: un proceso de “paz” pactado cautelarmente, sin hacer ruido. Promesa de amnistía renovada a cambio de silenciar pistolas y bombas. Sólo disparos al alma. Así los habrán sentido madres e hijos al contraerse de nuevo sus entrañas. En cuanto al Estado, ya está insensible. Solo escucha el ruido del dinero. Si la economía remonta, no se oye el murmullo de los muertos. Hay negligencias convictas de silencio programado. Y a quien sirven, sin negociarlas, ni corregirlas, también lo culpan.
A los familiares de las víctimas los fueron arrinconando hasta encerrarlos en siglas que, con la losa de los días, perdieron calor, color y, por metonimia, sellan el legado sepulto de una historia. Más que argumento, se convirtieron en voz incómoda. La última manifestación, convocada con gesto impotente ante el tiro en el alma, cayó una vez más en el señuelo de vencidos y vencedores. Bastaba con decir, simplemente: ¡Justicia! Y que el Estado la avalara. La corona de la Ley es la Justicia suprema. El consuelo lateral recibido por las víctimas las escora aún más de la razón justa que reclaman en primera instancia y ladea mucho más, con ellas, al Gobierno, su partido, y a quienes justificaron su ausencia impotentes o por táctica política, ajenos al fondo ético, y moral, de la sentencia. El coro griego de las víctimas acusa al conjunto del Estado.

El tiro resonó además en la audiencia sabiendo que la soberanía del país está en entredicho desde hace tiempo. El barrido de escuchas y lecturas electrónicas del espionaje norteamericano a políticos, jefes de estado y entidades europeas de alto relieve institucional, unas consentidas, otras derivadas de conciertos políticos y de la anuencia, deja entrever que también habrán sido auscultados los jueces de Bruselas, las cabezas del terrorismo vasco y los fantasmas secesionistas de algunos catalanes. ¿O se ahorraron los espías tales objetivos? ¿Poco asunto la posible balcanización del sur de Europa, un buen cacho de la historia de Occidente? ¿O simple “coqueluche”, capuchón, tos ferina de novísimos aleccionados por algunos seniors del capital asumido merced al va y viene democrático? Y viene, llega más caudal, inversión millonaria, esta vez también del norte de América. ¿Quién sabe, alcanza tanta profunda razón implícita? En cualquier momento, si las circunstancias lo requieren, las direcciones electrónicas, los números blindados, de teléfono o cuenta bancaria, se tuercen, reviran, saltan por los aires. Será otra crisis de mayor calado, si no catástrofe, o comienzo de una nueva contienda. En cualquier caso, el aviso resulta sonoro. La unidad de España y de Europa depende del control norteamericano. Desde 1941 tienen voz propia en el continente europeo. Y la ejercen. Los aliados lo saben también desde entonces. Europa y América son Occidente.

Antonio Domínguez Rey

Filósofo, Catedrático de Lingüística y escritor.

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