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Huelga Abusiva

jueves 14 de noviembre de 2013, 19:42h
El único de los derechos fundamentales que no ha merecido aún su concreción por el legislador postconstitucional es de la huelga. El Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977, tan ingenuo y elemental, sigue siendo, treinta y cinco años después, nuestro referente normativo junto con una sentencia-río del Tribunal Constitucional, nada menos que de 1981, en gran parte descontextualizada ante las nuevas realidades.

Si la huelga es un medio legítimo de defensa de los intereses de los trabajadores y de presión para su consecución, no es menos cierto que no es un derecho absoluto. Como todos los derechos fundamentales está sujeto a límites pues su ejercicio debe cohonestarse con los derechos de los demás ciudadanos. Por supuesto que hay mucho totalitario por ahí suelto que piensa que su derecho es ilimitado y que le importan muy poco los derechos de los otros.

El artículo 28 de la Constitución es clarísimo a la hora de encomendar a la ley el establecimiento de las garantías precisas para asegurar en caso de huelga el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Como dice el Tribunal Constitucional en la citada sentencia 11/1981 el derecho de los trabajadores a la huelga cede cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas experimentarían si su pretensión no tuviere éxito; la huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de los demás miembros de la comunidad. El derecho de éstos a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga.

Advierto, por si hay algún osado que me tache de retrógrado, que los términos empleados no son míos sino del Tribunal Constitucional. Según esta doctrina las huelgas abusivas son ilícitas. Cuando los trabajadores de las contratas de limpieza impiden el cumplimiento de los servicios mínimos o intimidan y amenazan (mediante piquetes coactivos) a los compañeros para que no cumplan con su obligación, están desnaturalizando el derecho de huelga.

Cuando los trabajadores de las contratas de limpieza vuelcan papeleras, expanden desde sus coches la basura, vuelcan contenedores e incluso en algún caso los prenden fuego, están haciendo un uso abusivo por desproporcionado, de su derecho de huelga, al poner en peligro otros bienes y derechos de la sociedad, como el derecho a la salud y al bienestar.

Que se sigan tolerando formas abusivas, y por tanto ilícitas, de presión sindical, es simplemente inadmisible y nos sitúa a la cola de los países desde el parámetro de la seguridad jurídica colectiva.

La sociedad está bastante harta de ser siempre la sacrificada pagana de unos y otros.

Enrique Arnaldo

Catedrático y Abogado

ENRIQUE ARNALDO es Catedrático de Derecho Constitucional y Abogado. Ha sido Vocal del Consejo General del Poder Judicial

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