Sigue el escándalo de las excarcelaciones: los asesinos de Anabel Segura pueden ser liberados en breve

La fiscalía estudiará el caso de Anabel Segura, secuestrada y asesinada en 1993 mientras hacía "footing" en la urbanización La Moraleja de Madrid, tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de anular la doctrina Parot, que se está aplicando a Emilio Muñoz Guadix, condenado por el crimen.

Fuentes de la fiscalía han confirmado a Efe que el caso del asesinato de la joven es uno de los que van a ser estudiados por los fiscales de la región, junto con el del autor de los crímenes de Rosana Maroto y la pareja de novios de Valdepeñas y 'El Seco', condenado por tres asesinatos en Albacete y Villarrobledo.

El caso de Anabel Segura fue juzgado por la Audiencia Provincial de Toledo tras hallarse, dos años después de su desaparición, el cadáver de la joven madrileña entre los escombros de una antigua fábrica de cerámica de Numancia de la Sagra (Toledo).

Los principales acusados por este caso fueron Emilio Muñoz Guadix y Cándido Ortiz, que fueron condenados a 43 años de prisión, aunque el segundo murió mientras cumplía condena, han informado a Efe fuentes de la defensa de los condenados.

Etarras y asesinos, a la calle
El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha asegurado hoy que desde el respeto escrupuloso a la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, las fiscalías de la región harán "lo posible para mantener viva la opción del cumplimiento íntegro de las condenas en los casos donde haya sido aplicada la doctrina Parot".

No obstante, Martínez ha señalado que ahora habrá que analizar caso por caso y todavía no puede afirmarse "de forma categórica" que en todos los que se haya aplicado la doctrina Parot ésta vaya a quedar sin efecto y se produzca la consiguiente excarcelación.

La Audiencia Nacional española acordó hoy excarcelar a otros trece miembros de ETA en aplicación del dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anuló la llamada "doctrina Parot", decisión que permitió que recuperen la libertad también presos por delitos comunes, entre ellos dos violadores en serie.

La decisión judicial se produce después de que el Tribunal Supremo español avalara la anulación de dicha doctrina, una practica en España que permitía alargar la permanencia en la cárcel de los condenados por delitos muy graves, como terrorismo y algunos casos de asesinato.

En España no existe cadena perpetua y la máxima pena que se puede cumplir en prisión es 30 años.

Además de los miembros de ETA, se benefician de la decisión del Tribunal Europeo condenados por crímenes y delitos comunes, como es el caso de Pedro Luis Gallego, conocido como el "violador del ascensor", que tenía que haber salido de prisión en 2008, pero con la aplicación de la "doctrina Parot" se le alargó estancia en la cárcel hasta 2022.

Gallego Fernández, que abandonó hoy la prisión, había sido condenado a 273 años de cárcel por la violación y asesinato de dos jóvenes, de 17 años y 19 años, y por otras dieciocho agresiones sexuales.

Ayer, Pablo García Ribado, conocido como el "violador del portal" dejó la prisión también después de que se ejecutara el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que puso fin a la doctrina que se le había aplicado.

García Ribado fue condenado en septiembre de 1996 a un total de 1.721 años de prisión por 74 violaciones, seis agresiones sexuales y diez delitos de robo. Tenía que haber salido de prisión en 2010, pero se le aplicó la "doctrina Parot" con una prorroga hasta octubre de 2023.

Por unanimidad de los 16 magistrados de la Audiencia Nacional, se decidió responder a las peticiones de excarcelación de presos a los que se aplicó la citada doctrina, a la que da nombre un miembro de ETA que fue el primero al que se alargó su estancia en prisión, y que han presentado recurso tanto ante este tribunal como ante el Constitucional.

Los trece etarras excarcelados hoy se suman a los once que han sido puestos en libertad desde que el pasado 21 de octubre fuera notificada la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), en el caso de Inés del Río, quien fue la primera beneficiada por ese fallo.

Así son ya 24 miembros de ETA los que han salido de prisión a raíz de la anulación de la "doctrina Parot".

Los jueces también decidieron la excarcelación de Pompeyo Miranda, un español que mató a un hombre en Bolivia y que fue trasladado a España para cumplir condena y se le aplicó dicha doctrina.

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, admitió hoy la existencia de "cierta preocupación" en la sociedad ante la salida de terroristas y violadores tras la derogación de la "doctrina Parot", aunque precisó que espera que esta situación no produzca "alarma social".