Hay una lista negra. Los productos que se vendan en Cataluña han de llevar el etiquetado en catalán o deberán vérselas con plataformas que dan a elegir entre pasar por el aro o jugarse un boicot. Estas plataformas reciben cuantiosas subvenciones de la Generalitat. El tejido empresarial no pierde detalle de las palabras y actuaciones de Artur Mas, sus socios de ERC y sus ya citadas derivadas. La presión no cesa y algunos y no poco importantes ya han optado por marcharse.
Aunque viene de largo, la polémica saltó al conocimiento de la opinión pública por el
caso Coca-Cola. Este refresco puede adquirirse desde hace algunas semanas con nombres propios para animar al cliente a buscar el suyo, el de su pareja, sus hijos o amigos. Latas y botellas personalizadas, en resumen, en las que se lee 'Pablo', 'Mercedes' o 'Carmen'. En cambio, en ellas no se puede leer 'Jordi', 'Monserrat' o 'Anna'. Los componentes y características del producto también figuran en castellano.
Para la
Plataforma per la Llengua, que recibió 504.550 euros en 2012, esto es intolerable. Carga contra la marca porque, argumenta, en Quebec etiqueta en inglés y francés y en Bélgica, en neerlandés y francés. Añade (puede verse en la imagen superior) que el catalán es hablado por más personas. "No aplica en Cataluña y en España las medidas de respeto a las diferentes comunidades lingüísticas que sí utiliza en otros estados multilingües como Bélgica, Holanda, Canadá o Suiza, con el etiquetado multilingüe de los productos. (…) Incumple sus propios códigos éticos, demostrando así una gran falta de respeto hacia este mercado y evidenciando una pérdida de credibilidad general de sus prácticas empresariales".
La queja, detallada en la
web, sostiene que Cobega-Coca-Cola (Cobega embotella en España, Portugal y Andorra) va "en contra de la actual tendencia del sector empresarial de la alimentación y de la general comercial y de marketing cada vez más extendida que
relaciona el uso del catalán con la calidad del producto, el consumo responsable y la modernidad". Así, esta firma tiene una cruz en un listado de díscolos. El
InformeCat 2013, que elabora la Plataforma per la Llengua, señala a quien osa a salirse del guión nacionalista. Una marca de visto en color verde para las empresas en las que sí merece la pena dejarse dinero en los comercios.
Vemos también a Nestlé o Danone en la primera tesitura. Éstas han reconocido llamadas a deponer su actitud y etiquetar en catalán, pero se niegan. Uno de los motivos principales es que en el momento de la producción se desconoce cuál será el destino de los envases. Otro, que inmediatamente se podría exigir lo mismo desde el País Vasco o Galicia. A esto hay que sumar, por ejemplo, que la Generalitat sanciona el incumplimiento de la ley 1/1998 de política lingüística con una
multa de 10.000 euros a quien ignore el catalán en sus paneles.
Para continuar con normativas, el artículo 128.1 del
Código de Consumo de Cataluña fija que los consumidores tienen derecho a recibir en catalán "las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuado de los bienes y servicios". Es, según las empresas mencionadas, uno de los argumentos más empleados por la plataforma dentro de sus acciones de presión. Sin embargo, tal artículo descrito no es legal. El Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el Estatut, en 2010, tumbó la imposición, "toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos", no en el ámbito privado.
En los últimos tres años, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME),
1.060 empresas han cambiado su domicilio social de Cataluña a Madrid.
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