La iniciativa popular

Uno de los caracteres básicos en el estadio actual de la evolución del Estado democrático de Derecho es que el ciudadano ha adquirido una mayor conciencia de su esencial protagonismo como actor de la vida política, económica y social. Como es sabido, Rousseau advirtió, quizás con excesivo pesimismo, de los riesgos de la democracia representativa cuando afirmó que el hombre es sólo libre el día en que expresa el sufragio pero que, al día siguiente, se convierte en esclavo del poder que él mismo ha contribuido a instituir. Es verdad que no hay alternativa a la democracia parlamentaria o representativa, como se encargó de demostrar, con acierto, el profesor Jorge de Esteban. Pero no es menos cierto que la democracia representativa produce, y cada vez con más intensidad, una profunda, severa insatisfacción en una ciudadanía que, en términos generales, se considera apartada, arrinconada y desoída salvo en los puntuales llamamientos a rebato con ocasión de las convocatorias electorales. Y esa convicción del distanciamiento del proceso de toma de decisiones ha llegado a un punto tal que sólo mediante una refundación de la democracia representativa cabe colmar la sed de participación de la ciudadanía.

La democracia, decía John Dunn, es un “viaje inacabado”, iniciado hace más de 2.500 años en Atenas. El ideal nacido entonces ha sido capaz de superar siglos de oscuridad y cambios radicales en la organización social, perviviendo en el pensamiento político occidental, de una parte, como modelo (a menudo, mítico) para enjuiciar la legitimidad de los regímenes políticos que se proclaman democráticos; y, de otra, como elemento dinamizador, dotado de una peculiar “fuerza de impulsión” que se proyecta continuamente sobre su funcionamiento. De este modo, la democracia está permanentemente sujeta a una tensión crítica ente el ideal originario (anclado en la idea de participación) y su funcionamiento en las sociedades democráticas modernas, basadas en un modelo representativo. Y en esa crítica tensión nos encontramos.

Cuánto complacería a la ciudadanía, a los seres conscientes de su integración en la comunidad nacional en el sentido de Ortega, cuánto complacería, digo, que fueran ciertas las palabras tan repetidas de Esposito sobre en qué consiste la democracia: no sólo en que en que la titularidad de la soberanía corresponda al pueblo, no sólo en que el pueblo sea la fuente del poder, sino en que lo sea de todos los poderes, tanto del poder constituyente como de los poderes constituidos. Esta conceptualización es, si se quiere, el contrapunto de Rousseau, la expresión del ideal Kantiano, una aspiración de perfeccionamiento del modelo que nos dimos y que, con el paso del tiempo, hace más ostensibles sus deficiencias.

El descontento con la marginalidad de la participación cada cuatro años va tomando expresión tanto por vías informales (movimientos, plataformas, redes) como por vías formales, entre las que la iniciativa legislativa popular es la más notable. El exponencial crecimiento de su número en los últimos años se explica por los siguientes hechos:

a) La mayor movilización social a favor de la defensa de los intereses comunes, de la colectividad, del país.
b) El desencanto respecto de la articulación de dichos intereses a través del sistema institucional y de los partidos políticos que lo dominan de forma avasalladora, exclusiva y excluyente.
c) La fuerza pujante de las nuevas tecnologías no ya sólo de la información sino de la comunicación (inmediata y ágil) de inquietudes, pretensiones, objetivos.
d) La asunción de una mayor conciencia crítica contra los decisores y contra las decisiones o diktats y, asimismo, contra la forma de adopción de las decisiones.

Así pues, la figura de la iniciativa legislativa popular se sitúa, pese a su aparente modestia, en un punto en el que confluyen diferentes corrientes teóricas de profundísimo calado, permitiendo invocar fórmulas de democracia directa en un contexto de sistemas políticos representativos. Esta posición le otorga una particular relevancia en momentos como el presente, en los que las instituciones políticas tradicionales, articuladas en el marco estatal, se enfrentan con dificultad a fenómenos de ámbito global, lo que contribuye a erosionar el sentimiento de identificación de muchos ciudadanos con aquéllas y a generar un “discurso de malestar civil difuso”.

Es hora de que el régimen representativo diseñado por la Constitución de 1.978 proceda a aggiornarse, a actualizarse, a riesgo de quedar desenchufado de las demandas de una sociedad que cree profundamente en una participación plena e integral y no marginal o circunstancial.