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según a publicado el país

Andalucía reclamaría 1,8 millones al sindicato UGT por ayudas concedidas en 2009

viernes 29 de noviembre de 2013, 12:54h
Esta sería la conclusión de dos de los 17 expedientes abiertos, según publica El País.
Susana Díaz, figura aventajada en la "vuelta" socialista tras la conferencia política de comienzos de noviembre, sigue lanzando un mensaje de repulsa a los presuntos "trapicheos" entre sus predecesores y el sindicato mayoritario UGT. "No me va a temblar el pulso y vamos a acudir a los tribunales cuando veamos que hay menoscabo de fondos públicos, afecte a quien afecte, se llame como se llame y lo haga quien lo haga", subrayó en la sesión de control al Gobierno celebrada el pasado jueves. Pero, según publica El País, iría más allá en su vehemente búsqueda del lavado de cara de su partido: la Junta de Andalucía reclamaría 1,8 millones de euros a UGT por ayudas concedidas en 2009 a través de facturas falsas y diversas irregularidades. Esta conclusión, según expone el medio, se extrae de la resolución de dos de los 17 expedientes que el consistorio andaluz ha abierto para revisar de oficio las ayudas concedidas al sindicato en los últimos años. Dicho informe será entregado a los servicios jurídicos de la Junta el próximo tres de diciembre. El montante de las subvenciones otorgadas referente a la totalidad de los expedientes abiertos sumarían 7,5 millones de euros.

En el mismo sentido del discurso de la presidenta autonómica se ha pronunciado José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, ha afirmado que de la instrucción "se dará cumplida cuenta públicamente" con el objetivo "si así se desprende de recuperar el dinero y depurar las responsabilidades si así las hubiese". Además ha asegurado que la Junta y él "están adoptando medidas" porque cuando conocieron los hechos, de forma "inmediata y responsable", actuaron en base a lo que establece la ley y pidieron "explicaciones" a UGT-A.

Al tiempo, la parlamentaria popular Esperanza Oña ha criticado que el discurso contra la corrupción del consejero "está bastante atenuado" y ha criticado que se le hayan dado tres meses al sindicato para que justifiquen las ayudas "y los andaluces perdamos el tiempo".

Ha dicho que los afiliados a UGT que están recogiendo firmas para pedir responsabilidades en el sindicato están "dando una lección" al Gobierno andaluz y ha denunciado que se paguen "mariscadas, comilonas, fiestas con barra libre o bolsos falsificados" con el dinero otorgado por la Junta.

"Amparan la corrupción en lugar de perseguirla, pero la presidenta -en referencia a Susana Díaz- se vuelve a llenar todos los días la boca de falsa ética", ha añadido concluido la parlamentaria.

Méndez sigue convencido de que UGT-Andalucía "va a dar cuentas" sobre los ERE

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, recalca que tiene "meridianamente claro que se asumirían todas las responsabilidades políticas". y destaca que las resoluciones acordadas en el sindicato pasan por "extremar el control en la rendición de cuentas y en el correcto uso de los recursos económicos" además de pedir un mayor "esfuerzo de información" a los trabajadores, afiliados, delegados de empresas y a toda la ciudadanía, conscientes del daño que la situación actual está causando al sindicato.

No obstante, la actitud de Méndez, confiada en que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha sido más tibia que la del secretario de acción sindical, Toni Ferrer, quien al inició del comité federal, exigía a la federación andaluza que "lo aclare todo y asuma las responsabilidades que sean necesarias, de una vez".

En la rueda de prensa, Méndez también ha dejado ver su posición personal y ha dicho que "sin ningún genero de dudas", como secretario general, "acumula una responsabilidad".

La reunión del pasado jueves del máximo órgano entre congresos, se produce en un momento de gran tensión en la federación andaluza de UGT que convocaba un comité de carácter extraordinario para el 9 de enero con un único punto en el orden del día: analizar la situación en que queda el sindicato tras la investigación sobre presuntas irregularidades en su contabilidad.
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