Santos en Estados Unidos

La gira que está realizando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por Estados Unidos tiene como evidente trasfondo apuntalar el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC y transmitir una imagen pública internacional de ese respaldo. Desde un punto de vista estrictamente político, la colaboración que Norteamérica ha proporcionado a los Gobiernos colombianos de Uribe y Santos ha sido determinante. Sin la participación activa de Washington habría sido imposible el comienzo de la derrota de los guerrilleros, que les ha obligado a sentarse a negociar en La Habana. El Tratado de Libre Comercio dio otra dimensión a la cooperación entre ambos países. Ahora Santos no solo ha conseguido elogios explícitos de Barack Obama, calificándose desde la Casa Blanca como “audaces” y “valientes” sus esfuerzos por alcanzar la paz, sino también una decisiva ayuda económica para financiar los cambios agrarios pactados y la necesaria restitución a los pequeños y medianos propietarios de la tierra expoliada durante décadas de guerra.

Pero existe otro frente, en este caso jurídico, en el que la Administración de Obama no puede prestarle un apoyo esencial. Todas las confusas declaraciones sobre el punto 2º de los Acuerdos hasta ahora establecidos han encendido todas las alarmas de los tribunales internacionales de Justicia. Con toda la razón. De la justicia transicional invocada por Santos, el Ejecutivo colombiano solo ha ofrecido seguridades de “tribunales sobre la verdad” y compensaciones a las familias de las víctimas. Los juristas han alertado sobre la posible impunidad frente a actos genocidas, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cuyos responsables están bien localizados. Santos parece confirmar estas sospechas cuando en el mismo Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha solicitado enfáticamente que los tribunales internacionales que velan por los Derechos Humanos sean flexibles ante tan horrendas atrocidades: “Si se asumen posiciones fundamentalistas y rígidas va a ser difícil acabar con este conflicto. La justicia no debe ser nunca un obstáculo para el valor supremo de la paz”, ha sostenido el mandatario colombiano en relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Y no es solo este organismo, sino también la Corte Penal Internacional de La Haya y los propios juristas colombianos quienes encuentran profundos reparos a ese planteamiento. Las espantosas violaciones de los Derechos Humanos no pueden quedar impunes y menos aún que sus autores accedan a cargos públicos. La Justicia no puede ser un impedimento para la paz, porque una paz asentada en la injusticia no merece ese nombre y abre la puerta a una desestabilización de las instituciones. El periplo norteamericano de Santos no parece tan provechoso en este punto y, en algún momento, el actual Gobierno debería reparar en que resulta inútil un acuerdo de paz que no incluya justicia ante los crímenes contra los Derechos Humanos, respeto a los tribunales internacionales y un consenso ampliamente mayoritario de todo el país en este espinoso asunto.