Las donaciones de empresas a partidos y la condonación de deuda, prohibidas por ley

Este viernes, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que entre las medidas de regeneración aprobadas por el Ejecutivo está la prohibición de donaciones de personas jurídicas a partidos políticos, así como la prohibición de condonar la deuda a las formaciones políticas. Esas son las dos principales novedades de los dos anteproyectos aprobados hoy por el Consejo de Ministros, que son el "núcleo esencial" del plan de regeneración democrática y contra la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En concreto, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto la ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos y el de la ley reguladora del ejercicio de alto cargo en la Administración del Estado.

El primero de estos proyectos, que ahora se remitirán al Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado para que emitan los correspondientes informes, prohibirá "completamente" las donaciones de personas jurídicas a los partidos, que hasta ahora se permitían hasta un límite de cien mil euros anuales.

Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo, ha considerado que el cauce lógico de la financiación de los partidos son las donaciones de personas físicas como consecuencia de su vinculación o compromiso político, que forma parte de la libertad individual de los ciudadanos.

Otra de las principales novedades que se incluyen en esta norma es la prohibición de las condonaciones de deuda por parte de las entidades de crédito a los partidos políticos, que dejarán de ser legales y no podrán existir "de ninguna cuantía", ya que hasta ahora también estaba permitidas hasta un límite de cien mil euros.

La ley incluirá un régimen de devolución de donaciones indebidas o que excedan los límites legales, que tendrán que devolverse a los donantes y, si no fuera posible, al Tesoro. Se refuerza la obligación de los partidos de presentar su contabilidad al Tribunal de Cuentas y se prohíben las subvenciones a los que incumplan este deber. También se regula la figura del tesorero o responsable de las cuentas de un partido político y se clarifica el régimen de sanciones. Además se introducen nuevos controles en la gestión de los recursos de los partidos, así como un "régimen estricto" de rendición de cuentas.

Estas medidas supondrán la modificación de tres leyes orgánicas: la de financiación de partidos, la de partidos políticos y la ley del Tribunal de Cuentas, para reforzar la agilidad y organización de órgano fiscalizador, que tendrá oportunidad de emitir un informe sobre el proyecto con sus recomendaciones.

El segundo de los anteproyectos aprobados regula las funciones y obligaciones de los altos cargos, y como novedad principal establece que ningún condenado por delitos contra las instituciones y administraciones públicas, incluidos los de terrorismo, podrá ser nombrado alto cargo público mientras no se cancelen sus antecedentes penales.

Esta norma, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, establece requisitos de "idoneidad" para el desempeño de un alto cargo, "de modo similar al ámbito privado" y cierra la puerta a este tipo de puestos a los condenados por sentencia firme.

No podrán ser nombrados altos cargos los condenados a penas privativas de libertad o quienes estén inhabilitados por la ley concursal, sanción penal o administrativa, ni tampoco los condenados por infracciones graves de la Ley de Transparencia o por delitos contra las instituciones y las administraciones públicas, incluido el terrorismo.

Sáenz de Santamaría ha recordado que estas medidas que forman parte del plan de regeneración son una pieza central del programa del Gobierno, que ya anteriormente ha aprobado importantes normas en ese ámbito, como la modificación de la ley de financiación de partidos, del código penal y la Ley de Transparencia.

El Gobierno, en palabras de la vicepresidenta, ha dado "un paso más" con estos anteproyectos, que no entran en el ámbito penal porque esa parte se va a incluir, a propuesta del Ejecutivo y de otros grupos políticos, en el trámite de enmiendas a la reforma del Código Penal que ha iniciado su tramitación en el Congreso. Será ahí donde se establezcan las medidas de refuerzo del castigo penal para estas conductas.

También se dejan pendientes de la negociación con las fuerzas políticas las medidas para agilizar los procedimientos y evitar recursos que pretendan dilatar indebidamente un proceso judicial, así como las relativas a la determinación de la responsabilidad civil. "Vamos a seguir como hasta ahora, negociando", ha dicho Sáenz de Santamaría", tras reiterar la disposición del Gobierno a estudiar e incorporar las propuestas del resto de los grupos políticos.