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Los indultos del Gobierno

martes 24 de diciembre de 2013, 08:13h




El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -TS- justificaba ayer la anulación del indulto concedido al conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por causar la muerte de un joven de 25 en base a que el Gobierno no motivó ni justificó con arreglo a derecho la medida de gracia. Hay que decir que 7 de los 36 magistrados que componen el Pleno emitieron un voto particular discrepando de la exigencia de dicha motivación, no exigible en otros casos anteriores. Sin embargo, la percepción general es que ha primado el sentido común -y jurídico, todo sea dicho, por encima de otras consideraciones.

Ya a principios de año, el Supremo dictaminaba que Alfredo Sáenz, consejero del Santander, no tenía “la honorabilidad profesional necesaria para ejercer la actividad bancaria”. Lo hacía anulando parcialmente el indulto que el Ejecutivo -ya en funciones, lo que añade un viso aún mayor de irregularidad- de José Luis Rodríguez Zapatero concedió a Sáenz, y que le permitía seguir llevando a cabo sus funciones como banquero. Funciones en las que debería cesar si, con arreglo al Real Decreto 1.245 de 1995, tuviese antecedentes penales, como ya es el caso. Igualmente polémico ha sido el caso del kamikaze por el que recientemente fallaba el Pleno del TS. Hasta la fecha, esta medida de gracia era una herramienta más del estado de derecho. Pero en el momento en que se pueda percibir que el poder Ejecutivo puede enmendar la plana al poder Judicial de un modo tan discrecional como es el indulto, se pone en cuestión la seguridad jurídica. Y con independencia de quién esté en la Moncloa, esto es algo que no puede volver a producirse.
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