Políticos y periodistas

Las relaciones entre políticos y periodistas, entre la prensa y el poder, no han sido nunca fáciles, más bien se puede afirmar, sin exagerar, que habitualmente han sido tormentosas, si exceptuamos, desde luego, a ese sector, desgraciadamente demasiado amplio, que son “la voz de su amo”, del que les paga de muy diversas formas. Esas relaciones se han hecho todavía más complejas y turbulentas en esta época que algunos llaman de la “democracia mediática” y que otros denominan “democracia de opinión”. Alain Minc –un reputado escritor francés que conoce muy bien y desde dentro el mundo de los medios- hace ya casi dos décadas, se refirió a “una nueva santa trinidad: el juez, los medios y la opinión” que vendrían a ser –eso lo digo yo- como un proceloso “triángulo de las Bermudas” en el que, casi irremediablemente, acababa naufragando todo político, especialmente los gobernantes.

Subrayaba Minc que el político siempre lleva las de perder. “El duelo es desigual –escribía- entre el hombre público y el periodista…Para el segundo prevalece una cuasi impunidad…Para el primero, por el contrario, la sanción psicológica es instantánea”. Se quedaba corto Minc porque la sanción no suele ser solo psicológica sino que, muy a menudo, lo es también política y, con demasiada frecuencia, policial/judicial, porque el cuestionado político se ve sometido a eso que en España se ha llamado “pena de telediario” o “pena de banquillo”, a veces bien merecidas, por supuesto, pero, otras muchas, sin posterior recorrido judicial porque, como en el soneto cervantino, “fuese, y no hubo nada”.

La cuasi impunidad, a que se refiere Minc, sigue siendo una penosa evidencia porque, salvo reclamación ante el juez, en España se rectifican muy pocas de las numerosas equivocaciones, errores, insidias, mentiras, injurias y hasta calumnias que ilustran informaciones y comentarios de medios escritos, audiovisuales y digitales. Da gusto ver cómo, casi a diario y espontáneamente, algunos medios extranjeros, como The New York Times, rectifican hasta detalles mínimos como la letra de un nombre o una fecha. Aquí todo vale y todo cuela porque se ha instalado en la opinión y, desde luego, entre quienes practican el periodismo, profesionales o no, que un político, especialmente si ejerce funciones gubernamentales, es una especie de muñeco del pimpampum contra el que todo está permitido.

Con la aparición de las redes sociales y de toda esa panoplia paramediática que se expresa digitalmente por internet, el problema se ha multiplicado hasta extremos increíbles. La mayor burrada del más anónimo de los tuiteros es jaleada en los programas audiovisuales de debate, mientras que al experto, requerido para que aclare alguna compleja cuestión, no se le deja ni terminar la frase porque el mismo conductor del programa –el mismo- tiene que hacer la burda publicidad de un determinado chisme o artilugio, sin el menor respeto para el espectador u oyente. Los viejos códigos deontológicos, ahora en desuso, exigían que –por mor de ese respeto- se diferenciase estrictamente, por supuesto, la información de la opinión, pero también la publicidad de las dos primeras. Quien informaba no debía, en ningún caso, hacer simultáneamente publicidad. ¿Me informa o me vende algo? A veces eso nunca acaba de estar claro, porque todo tiene ahora un cierto aire de teletienda.

El resultado final –y volvemos a Minc- es bastante evidente: “Un nuevo tipo de hombre público se desarrolla: inquieto ante el juez, angustiado por los medios, obsesionado por la opinión”. Por supuesto, no está en juego la libertad de expresión y de opinión, que es uno de los fundamentos irrenunciables de la democracia. Que cada uno diga lo que le dé la gana, aunque sea una aberración, pero los medios tienen la obligación –que muy a menudo olvidan- de no dar cancha a cualquier estupidez, menos aún repercutirla como si fuera un gran hallazgo. Opinar libremente no significa que haya que aceptar o respetar todo cuanto se opina. No se puede nunca perder de vista que si los votos se cuentan y para su valoración se impone la regla de las mayorías, las opiniones se pesan, no valen todas lo mismo para cualquier cuestión y son los medios los que tienen que hacer esa tarea de sopesar, filtrar y decidir.
La regla elemental, que conocen todos los periodistas, según la cual no se pueden publicar todas las informaciones que llegan a la mesa de redacción, y no solo porque no cabrían en el programa, sino también porque el director responsable –que no es nunca un censor- es quien decide eso que los anglosajones llaman la newsworthiness, que podríamos traducir por “noticiabilidad”. Y lo que vale para las informaciones es aplicable también a las opiniones, sin que sirva de pretexto que la estupidez mayúscula se ha convertido en trending topic en la red. ¿Quién ha dicho que las redes sean una expresión genuina y fiable de la opinión pública?

Un gran periodista americano, James Fallows, que habitualmente escribe en esa espléndida revista que es The Atlantic Monthly, publicó en 1996 un excelente libro-aviso-advertencia con un título bien periodístico, Breaking the News, cuyo subtítulo explicaba perfectamente su objeto y su contenido: How the media undermine american democracy, es decir “Cómo los medios minan o subvierten la democracia americana”. Aquí algún idiota le habría llamado “fascista” por criticar a los medios, pero viniendo de él, que no solo es un acreditado periodista profesional sino que se confiesa del Partido Demócrata y, dentro de él, de su ala “liberal”, en el sentido americano, que viene a ser equivalente -con muchos matices, porque allí no hay socialismo- de la izquierda europea, su advertencia no es despreciable.

Para Fallows se han perdido los valores centrales del periodismo clásico, esencialmente la búsqueda de la información útil para el público, desplazados por una cobertura cínica y negativa de la vida política a la que se presenta como un puro entretenimiento, como una competición deportiva, como un juego de gana/pierde, del que se informa con un máximo de superficialidad y frivolidad. Describe –dando nombres y recordando acontecimientos concretos, denunciando a los budas más temidos del establishment mediático- cómo los asuntos aparecen y desaparecen de la agenda de los medios sin que el público sepa las causas, o cómo predominan los enfoques personalistas sobre el fondo o las ideas que subyacen en las grandes cuestiones políticas. Y todo se presenta en términos de conflicto, porque “vende” más la pelea y la discrepancia que el entendimiento y el consenso.

El análisis de Fallows no ha perdido actualidad pero, además, es aplicable a la España de este momento, simplemente cambiando algunos nombres y circunstancias. En mi opinión, nuestra situación actual refleja mucho más exactamente la deriva degradante que este autor denunciaba en su libro. La crítica en política es indispensable y a los periodistas les corresponde –no en exclusiva- su ejercicio, pero los periodistas están obligados a hacer, también, una autocrítica. Una sana práctica ésta de la que se han olvidado por completo, dejando en la cuneta esos valores centrales del periodismo clásico, a los que se refería Fallows. Se han convertido en mucho más que en los “perros vigilantes” de la democracia, que reclamaba la teoría anglosajona, porque muchos parece que quieren ser, además, los protagonistas. ¡Hay que ver que cara de regodeo ponen cuando algún despistado oyente les propone para presidente del gobierno o les pide que funden un partido! Los medios son un indispensable elemento de control en una democracia. Pero también a ellos se les podría hacer la pregunta que Juvenal, satíricamente, planteó: Quis custodiet ipsos custodes?