Solbes vuelve a apelar a la racionalidad

Que estamos ante una crisis inmobiliaria es ya un lugar común y casi resulta tedioso insistir en una referencia tan obvia. Lo que no resulta obvio, sin embargo, es qué se deba hacer ante lo que se avecina. Por lo que hace al Gobierno, se repiten los males de la pasada legislatura: unos ministros arbitran medidas cada vez más imaginativas y audaces (o más arbitrarias e imprudentes), y otro, Pedro Solbes en solitaria pero insuficiente cruzada por la racionalidad económica, lucha por que no acaben en el BOE.

Es el caso de una de las “ocurrencias” que han salido del Ministerio de Vivienda. El despacho de Beatriz Corredor baraja la posibilidad de comprar viviendas libres para convertirlas en VPO. Teme que muchos promotores sufran las consecuencias de los pasados excesos cuando los planes de construcción que ya están en marcha y que madurarán en el corto y medio plazo se atraganten con un mercado en el que mucha de esa oferta no será absorbida por una demanda progresivamente reducida. Pero para eso está el Gobierno, parece pensar Vivienda, para salir al rescate de cualquier grupo poderoso.

Hay que felicitar al vicepresidente económico por su pronta reacción y su golpe de autoridad. No es la primera vez que lo hace y todo apunta a que va a tener que seguir representando el papel del “Doctor no”, el malo de la película, que antepone la racionalidad a las salidas descabelladas de sus colegas de gabinete.

LA ENCRUCIJADA LIBANESA

La ONU ha calificado la actual situación de Líbano como la peor desde los tiempos más crudos de guerra civil, allá por los años 90. Quien fuera llamado en otros tiempos “la Suiza de Oriente Medio” se debate hoy en una situación que se asemeja mucho a la antesala de una guerra civil. Las continuas injerencias de Siria han terminado por desestabilizar a un país que casi había empezado a pergeñar algo parecido a un estado que comenzaba a funcionar. Siria siempre se ha inmiscuido en los asuntos internos libaneses, arrogándose una prerrogativa de opinión e intervención que ha lastrado el progreso de todo un país. Su apoyo a la guerrilla proiraní de Hezbolá, y su clara oposición a todos aquellos que no comulgasen con los postulados de Siria, han hecho que medio país los mire con recelo. Además, son muchos los indicios que apuntan a Damasco en el turbio asunto del asesinato del primer ministro Hariri, en 2005.

Con su otro vecino, las relaciones tampoco son buenas. Siria, con la complacencia del mundo árabe, ha utilizado siempre el sur del Líbano como plataforma de hostigamiento del estado israelí. De ello dan testimonio los habitantes del norte de Israel, que en más de una ocasión han padecido el bombardeo indiscriminado desde posiciones libanesas en manos de Hezbolá. En este sentido, el papel de la oposición en Beirut se antoja sumamente complicado, toda vez que no pueden dejar de mirar con recelo hacia Tel Aviv y Damasco por igual. Hezbolá es algo más que un puñado de terroristas –que, por otro lado, lo son-. Cuenta con una infraestructura en toda regla: colegios, dispensarios, sistema de pensiones para las familias de milicianos caídos en combate, y un largo etcétera que lo que ha conseguido ha sido granjearles el apoyo de una población exhausta y empobrecida, que les sigue más por desesperanza que por convicciones. El día que Siria deje a la antigua Fenicia vivir en paz, y Beirut se libre definitivamente de esa lacra llamada Hezbolá, Líbano vivirá. Entre tanto, las perspectivas son sombrías. Muy sombrías.

¿QUIÉN VIGILA AL VIGILANTE?

La detención de una treintena de policías locales –con su jefe a la cabeza- en la localidad madrileña de Coslada ha destapado una oscura trama de extorsiones y delitos que venía produciéndose desde hace años. Este tipo de hechos suelen tener una fuerte repercusión popular. La gente, sobre todo de Coslada, percibe que deben ser protegidos de quien presuntamente les protegía. Todo el mundo valora en un grado muy alto su propia seguridad personal. Es por ello que ésta ha de estar en las mejores manos posibles, y a la vista está que, al menos en este caso, tal cosa no sucedía.

Guardan cierta relación con estos acontecimientos las grabaciones difundidas recientemente sobre agresiones de vigilantes privados en el Metro de Madrid. Es cometido de la Administración adoptar las medidas que estime oportunas para que los ciudadanos gocen de un nivel de seguridad aceptable, lo cual no siempre es posible, dada la endémica escasez de recursos humanos en este sector. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mal pagadas y con un número de efectivos exiguo para las necesidades que hay, poco más pueden hacer. Haría falta un esfuerzo político que cristalizase en una mayor inversión en todos los niveles: más plazas de empleo público, y una sustancial mejoría de condiciones laborales, sobre todo en lo económico. En el mundo posterior a la II Guerra, hemos demandado tantas cosas y servicios del Estado que hemos olvidado que su sentido originario y principal es precisamente garantizar justicia y seguridad.

Por otro lado, tal medida tendría un impacto popular sumamente positivo para el gobierno que actuase en este sentido. Aún se recuerdan las manifestaciones en distintos pueblos de España, pidiendo que no se llevasen a la Guardia Civil de sus municipios, cuando se realizó una regularización de efectivos en pos de un fin aún no entendido por muchos. Como en todos los ámbitos de la vida, habrá elementos que no sean dignos de representar a un todo; por cada detención de un miembro de las fuerzas de seguridad acusado de algún delito, hay un porcentaje infinitamente superior de funcionarios que actúan con valor, honestidad y sacrificio. De ahí que los primeros interesados en el control y depuración de sus cuerpos sea la propia policía, cuya labor ejemplar es universalmente apreciada.