¿Consenso en la reforma de la ley del aborto?

Durante la última sesión de control parlamentaria, Mariano Rajoy no abordó las interpelaciones parlamentarias al anteproyecto popular de ley del aborto, al hallarse de regreso a España desde Estados Unidos. Con todo, de haber estado aquí es probable que tampoco lo hubiera hecho, por cuanto es un tema que le incomoda, y es ya conocida la actitud de abulia del Presidente en este tipo de situaciones. Ya a principios de semana, el PP había anunciado que rechazaría todas las peticiones de comparecencia de miembros del Gobierno a propósito de esta cuestión. Algo que, por lo demás, cuesta entender.

La reforma de la ley del aborto iba en el programa electoral del PP, como bien recuerda el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Su anteproyecto no es uy diferente a la ley aprobada en 1985, gobernando el PSOE, aunque sí a la aprobada en 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder. Baste la mera nomenclatura para percibir el espíritu de ambos textos normativos: la de Zapatero, “Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”; la promulgada este pasado viernes, “Ley de Defensa de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada”.

A diferencia del actual marco normativo, donde el aborto era prácticamente libre hasta la semana 14 de gestación, con este anteproyecto en la mano las mujeres que deseen interrumpir su embarazo deberán cumplir un período de reflexión de siete días antes de dar su consentimiento. Además, aquellas que se acojan al supuesto de “grave peligro para su vida o su salud psíquica” tendrán que recabar dos informes médicos que acrediten ese riesgo para, a continuación, recibir información verbal sobre las consecuencias médicas de la intervención. Aval médico y reflexión no parecen, en todo caso, elementos desdeñables en una cuestión tan trascendente. Y es que el aborto es un tema lo suficientemente serio como para utilizarlo como arma arrojadiza en el ámbito político y social. Precisa, igualmente, del mayor consenso posible. Así pues, el Gobierno debería hacer un esfuerzo tanto en mejorar el anteproyecto legislativo en su tramitación parlamentaria como en recabar el mayor número de apoyos posible.