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También llama a declarar a los cuatro peritos del Estado que analizaron las ayudas

Alaya cita a declarar al exdelegado de Empleo al que considera "portillo de entrada" de las subvenciones ilegales

martes 28 de enero de 2014, 17:52h
La juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, ha citado a declarar para el próximo 7 de febrero a Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, imputado en la causa desde comienzos del 2011 y a quien considera "portillo de entrada" de las subvenciones irregulares.

Fuentes del caso han informado a los periodistas de que la juez ha citado también para el 25 de febrero a los cuatro peritos de la Intervención General del Estado que analizaron las ayudas y concluyeron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las irregularidades.

Antonio Rivas está imputado en la causa de los ERE desde enero del 2011, al comienzo de la investigación, junto al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, y su abogado ha denunciado en diversos escritos el tiempo transcurrido desde su imputación sin haber tenido ocasión de comparecer ante la juez, lo que considera "inadmisible en un Estado de derecho".

Según su abogado, Jon Ander Sánchez, las afirmaciones de la juez Mercedes Alaya sobre el "papel activo" de Rivas en los ERE no están "probadas ni acreditadas, ni siquiera indiciariamente", por lo que se trata "de meras conjeturas o suposiciones".

La juez, por su parte, ha dicho en sus autos de imputación que Rivas era "el portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido desde la Administración autonómica".

Según Alaya, Rivas "asumió ante los empresarios compromisos de ayudas públicas sabiendo, porque él asistía a los consejos de dirección ampliados de la Consejería de Empleo, que éstas se otorgaban con absoluto desprecio al derecho, al margen del procedimiento de subvenciones y del control de la Intervención de la Junta".

En septiembre del 2013, la Fiscalía Anticorrupción había urgido a la juez instructora a tomar declaración a 24 personas, algunas de ellas imputadas hace más de dos años, como Rivas y el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.

Anticorrupción alertó entonces sobre el riesgo de que prescriba la reclamación de cantidades a catorce empresas.

Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre el 2004 y el 2010, está imputado por autorizar el ERE de Mercasevilla y la inclusión de varios "intrusos" en otras pólizas, entre ellos su cuñado y tres vecinos de su localidad natal de Camas (Sevilla).

Rivas fue condenado además a 21 meses de inhabilitación y multa de 600.000 euros por un delito de cohecho al pedir una comisión ilegal de 450.000 euros como condición para adjudicar la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, en una sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En cuanto a los cuatro peritos de la Intervención General del Estado, han emitido dos informes sucesivos en los que afirman que los pagos se hicieron de manera indebida, con unos fondos que "nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales" y sobre los que el Interventor de la Junta debió alertar.
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