Sanidad pública y comunidades autónomas

El diputado y ya ex portavoz de Sanidad del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, es desde ayer martes el nuevo consejero de Sanidad tras la dimisión de su antecesor en el cargo, Javier Fernández-Lasquetty. Sobre el papel, la idoneidad del nuevo consejero parece acreditada, a tenor de su experiencia profesional: médico especialista de Medicina Interna y de Nefrología, catedrático de Patología General en la Universidad Complutense de Madrid -de la que es vicedecano de la Facultad de Medicina-; además, ha sido jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital Gregorio Marañón. Se mitiga así una de las quejas más extendidas por parte de la profesión médica hacia Lasquetty, que no se les escuchase y tuviese en cuenta su opinión. Ahora, al menos, esa faceta parece cubierta.

Por otra parte, las reacciones a la marcha del ya ex consejero de Sanidad fueron prudentes, quizá porque en España no es habitual que nadie dimita. Lasquetty lo hizo al ver cómo fracasaba su proyecto estrella, y eso le honra. Hay que decir, sin embargo, que el problema de la financiación de la sanidad pública viene de lejos. Más concretamente, del desarrollo del estado de las autonomías; a todas luces exacerbado y en ocasiones llevado a cabo sin medida ninguna. Hoy la sanidad está transferida, y eso, aparte de caro, genera una serie de disfunciones palmarias. Esa y no otra es la razón que movió a la Comunidad de Madrid a buscar fórmulas alternativas que le permitiesen paliar en la medida de lo posible un problema de muy difícil solución. Ayer mismo Rubalcaba se refería al tema, poniendo el federalismo como remedio universal.

Algo tan básico como centralizar las compras, establecer protocolos comunes o armonizar el funcionamiento del sistema curaría a una sanidad pública enferma de descentralización y política. Madrid es sólo la punta de un iceberg del que forman parte las otras 16 comunidades autónomas. Y todas con idéntica problemática.