Ataques contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Justo a la conclusión de la II Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha redoblado sus preocupantes e inadmisibles ataques contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH). No es un hecho aislado ni una declaración fortuita, pues forma parte de una calculada línea de actuación de numerosos gobiernos hispanoamericanos para desprestigiar y vaciar de sentido una institución clave para una jurisdicción internacional en defensa de los derechos civiles y la investigación de crímenes de lesa humanidad. Sin ir más lejos, el pasado año, el presidente venezolano Nicolás Maduro retiró a su país de la jurisdicción de este Alto Tribunal, en un acto en el que se ratificaba, por la vía de los hechos, que el Estado ya no garantizaba a los ciudadanos de Venezuela la protección de los principios establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Maduro no se ahorró procaces insultos contra la Comisión, a cuyos juristas calificó como “estúpidos perversos”. Pero su argumentario provenía -obviamente- de Hugo Chávez, quien ya había arremetido contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerándola, nada menos, que una herramienta estadounidense para desestabilizar a los gobiernos populares de América Latina.

Esta idea es la que retomó ayer Correa al volver a inculpar al tribunal interamericano de realizar una injerencia interna dirigida a golpear a los “gobiernos progresistas”. Acusó a la CIDH de tener su sede en Washington y amenazó con retirar a Ecuador si no se hacen reformas en la Comisión Interamericana. El cambio de localización de la sede central ya se ha tenido en cuenta debido a la presión no solo de Ecuador, sino también de Argentina, Bolivia, Guatemala y Nicaragua. Pero es ingenuo pensar que el cambio de sede modificará los dictámenes, sea en Estados Unidos, Argentina o Costa Rica, pues la aspiración real de mandatarios como Correa es desvirtuar el concepto de justicia internacional y silenciar tanto los informes demoledores como las sentencias sobre las tropelías que numerosos países cometen a diario contra los derechos civiles. No únicamente los asociados en la Alianza Bolivariana. Los gobiernos argentino y mexicano han recibido documentadas denuncias del Tribunal. Y el principal garante de que los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia por las FARC o las Autodefensas no queden impunes es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que la ha vuelto muy incómoda para demasiados gobiernos.

Habría que recordar que la Comisión IDH fue creada en Santiago de Chile en 1959 y que su primer directivo fue el intelectual venezolano Rómulo Gallegos. También que las fuerzas democráticas, especialmente de izquierdas, alentaron su labor durante la década de los 70 del pasado siglo contra las dictaduras sangrientas implantadas en países como Uruguay, Argentina o Chile. Entonces dictadores como Pinochet, Videla, Bordaberry o Stroessner se defendían invocando la soberanía nacional y negando la jurisdicción internacional. Exactamente lo mismo que acaba de hacer Rafael Correa, siguiendo la estela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en una actitud de todo punto inaceptable. ¿Cabe un mayor e hiriente contrasentido? El crecimiento económico de Hispanoamérica traerá poco progreso si las democracias del continente no cumplen escrupulosamente con lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Las diatribas, insultos, ataques directos o solapados contra la Corte IDH resultan así un síntoma inquietante.