La desventura panameña de Sacyr

España ha contado en las últimas décadas con grandes empresas constructoras que, al calor del boom inmobiliario, han ganado en tamaño y se han convertido, además, en importantes proveedores de servicios. Esa extraordinario desarrollo les ha permitido alcanzar un tamaño y una profesionalidad que les permite competir con otras grandes compañías europeas, y del mundo; sólo que el negocio nacional era tan goloso que no lo hacían. Pero la crisis española les ha colocado ante la disyuntiva de salir fuera o perecer. Y lo han hecho. Esto es bueno en sí, pues les abre a nuestras empresas nuevas fuentes de negocio, lo que permite que nuestros profesionales alcancen nuevas cotas en su trabajo. Cuando el mercado nacional se normalice, las empresas españolas de construcción y servicios formarán parte de una sólida presencia española en todo el mundo.

La obra del canal de Panamá es un ejemplo. Tras un concurso internacional, Sacyr se hizo con el proyecto, que ha conducido en su mayor parte, hasta el momento. Pero en los últimos meses se ha abierto una grieta entre Panamá y la empresa, a cuenta de un aumento en el coste de la construcción que el gobierno del país no quiere asumir, ni siquiera en parte, y que la empresa española tampoco quiere hacer suyo. Fuentes conocedoras de la operación ya habían adelantado a este periódico que el desacuerdo iba a llevar a la ruptura, que finalmente se ha producido. Si antes era muy difícil reconducir la situación, ahora es prácticamente imposible.

Este desacuerdo puede tener efectos muy negativos para la compañía española, y por tanto para sus trabajadores y accionistas. También lo tiene, aunque de ello no se hable, para la comunidad española en aquél país, que es vista con un creciente recelo, tan real como injusto. Y también puede tener efectos sobre el conjunto de los españoles, ya que el Gobierno validó la operación con unos avales que ahora acabarán ejecutándose, contra el Tesoro español. El actual Ejecutivo, más allá de minimizar el impacto presupuestario de esta eventualidad, no puede hacer más que cumplir la palabra dada, aunque fuera pronunciada por un Gobierno anterior.

Pero el asunto evidencia que se produce en muchas ocasiones una amalgama de intereses privados, políticos y públicos que suele repercutir negativamente sobre el hombre de la calle, como es el caso. Debemos felicitarnos de los éxitos de nuestras compañías fuera, como abrazamos la llegada de otras empresas a nuestro país, que traen inversiones, tecnología y capital humano del que nos beneficiamos igualmente. Pero no podemos aplaudir que los españoles de a pie asuman los riesgos en que incurren otros, sin que exista ni la pretensión de que se participe de los beneficios. Las esferas pública y privada deben permanecer separadas, por el bien de todos.