China y la jurisdicción universal

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, de cursar orden de busca y captura para destacados políticos chinos -entre ellos el ex presidente Jiang Zemin- ha originado un incidente diplomático entre España y China. La acusación -genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet - es tan grave jurídicamente como delicada a nivel político ya que, de prosperar, implicaría que cualquiera de los acusados fuese detenido en el mismo momento que pisara suelo europeo.

Ante semejante panorama, Pekín ya ha trasladado su malestar al gobierno español, al que poco menos que ha amenazado para evitar que la causa que se sigue en la Audiencia Nacional arroje luz sobre las reiteradas violaciones de los derechos humanos en el gigante asiático. Es la ignorancia de los postulados democráticos más elementales, sin embargo, la que hace que las autoridades chinas confundan el destinatario de sus quejas. Y es que no es al Ejecutivo a quien han de dirigirse, sino al Judicial actuando conforme a derecho en cualquier litigio.

Con arreglo al principio de división de poderes, el Ejecutivo no debe inmiscuirse en el Judicial. En democracia, la credibilidad de éste último -y, por tanto, su legitimidad- radica en gran medida en que no haya injerencias políticas. Por otra parte, la justicia española no es la única que aplica la “jurisdicción universal”: es la competencia de conocer asuntos de una especial gravedad -genocidio y crímenes contra la Humanidad- con independencia de dónde se hayan cometido. Incluida China.